El PSOE lanza tercera estocada orwelliana: arrecia censura en año electoral
Aunque el PSOE vende la creación de este comité —que busca solo censurar— como la novedad para enfrentar la competencia electoral que se anticipa, en realidad, representa otra embestida de Sánchez y su cofradía contra la disidencia. Otro intento de regular la información.
Con el 2023 ya transcurriendo y descontando los días para las elecciones autonómicas y municipales en España, previstas para mayo, así como las generales de diciembre, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en alianza con su tolda política activará un comité “contra la desinformación de la derecha”. Su objetivo se avizora como una clara censura a los partidos políticos diametralmente opuestos: el Partido Popular (PP) y Vox.
La instancia de censura del PSOE será coordinada desde la secretaría de organización del partido. Asimismo, esta mencionada instanvia funcionará en cada una de las provincias de España, para “desmontar las mentiras que puedan decir en cada uno de los territorios”, los frentes opositores, según el izquierdista Santos Cerdán, quien asumió la coordinación general de campaña, luego de que la cúpula ejecutiva federal del partido le aprobara la iniciativa, cuya estrategia, en su opinión, será concentrarse en la divulgación de datos.
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Una estocada estratégica
Aunque Cerdán vende la creación de este comité de censura del PSOE como la novedad para enfrentar la competencia electoral que se anticipa, en realidad, representa otra embestida de Sánchez, una táctica de tintes orwellianos que se enfila contra su disidencia, en su intento de regular la información, cuando las encuestas muestran un revés para su partido.
Según el sondeo de Hamalgama Métrica, el PP ganaría las elecciones con casi ocho puntos de ventaja sobre el PSOE y obtendría un 32,2 % de los votos. Con este dato, el PP logrará 134 escaños y con los 53 que tiene Vox se podría conformar una mayoría absolutísima.
La encuesta hecha entre el 5 y el 11 de enero además revela que el PSOE perdería 826.000 votos, Unidas Podemos 781.000 y Ciudadanos, con 1,26 millones de votos menos. Es la caída estrepitosa de la izquierda que preocupa a la Moncloa y al PSOE.
Una maniobra en pandemia
Sánchez trata de maniobrar y avanza con velocidad hacia la distopía orwelliana. Con estas medidas, no son pocos quienes encuentran las similitudes de la creación de estos comités y facciones de sondeo de informaciones con las regulaciones de un «Ministerio de la Verdad, la Paz, la Abundancia y el Amor» que busca controlar las acciones y pensamientos de los habitantes, tal como ocurrió en la mítica Oceanía de la obra de ficción “1984”.
No es exageración. Tampoco especulación. Hay hechos. Desde la pandemia, su entonces jefe de gabinete y asesor, Iván Redondo, reconoció que la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC) del Ministerio del Interior adscrita al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), junto a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, estaban destinados a detectar la difusión de «noticias falsas» que atentaran contra el funcionamiento del Estado.
Este organismo fue activado por la Secretaría de Estado de Seguridad cuando además se organizaban las elecciones generales de noviembre de 2019. En aquella oportunidad, Interior aprobó un dispositivo de ciberpatrullaje para detectar posibles «injerencias externas» en el proceso electoral, así como rastrear supuestas ‘fake news’ relacionadas con el COVID-19.
Fueron agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, encuadrados en el Ministerio del Interior, con la orden de comunicar inmediatamente cualquier hecho relevante vinculado con lo que se denominara como «desinformación» al Departamento de Seguridad Nacional, un organismo dependiente de Presidencia del Gobierno y ahora es lo mismo, pero con el PSOE como operador.
Una ley como guinda
Esos intentos de Sánchez por mantener en una línea ideológica los relatos del pasado y del presente los concretó con la ley de la memoria, su segunda maniobra. Con ella, que se aprobó en julio, abonó más sus pretensiones, considerando que la normativa anula sus sentencias políticas, reconoce a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, compromete al Estado en la búsqueda y exhumación de miles de personas enterradas en cunetas y fosas comunes.
Es un cambio del relato que ataca a la libertad de expresión y opinión en materia histórica, combate a la libertad de cátedra y de investigación científica. “Nadie pensó que se atrevería a ultrajar uno de los sentimientos más profundos y dolorosos en la sociedad española: el sentimiento de solidaridad con las víctimas de ETA y de condena al terrorismo”, escribió el periodista Francisco Sierra en su columna en The Objective.
Para la oposición es una ley sectaria y sesgada que «utiliza la memoria de los muertos en beneficio de los intereses políticos de los vivos, incluso hay quienes la perciben como un “ataque frontal a la transición». En este momento, el PSOE le apuesta a todo, hasta a la censura.
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