¿Por qué se siguen violando los DDHH en Venezuela?, por Rafael Uzcátegui
TCDTwitter: @fanzinero
11 fallas estructurales que seguirán violando derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la Venezuela en el 2023.
1) El poder Ejecutivo no es democrático: Ha socavado la independencia de poderes, gobierna por imposición de un sistema hegemónico, que ignora el marco Constitucional, oprime y mantiene una estructura de persecución y represión contra la disidencia y la crítica.
2) El desmantelamiento de las instituciones en sus funciones básicas, de lo cual es una consecuencia la desprofesionalización e ideologización de la gestión pública, la ingobernabilidad y desplome de capacidades para prestar bienes y servicios esenciales cuyo fin es el mantenimiento del poder y no la satisfacción de las necesidades populares, condujo a la aparición de una Emergencia Humanitaria Compleja, a partir de una serie de decisiones que no benefician a las mayorías del país.
3) La ausencia de criterios técnicos en la gestión gubernamental deteriora la prestación de servicios públicos debido a la inexistencia de una planificación que aborde el mantenimiento y mejora de la infraestructura; la permanencia y profesionalización de los trabajadores a través de la optimización de sus condiciones laborales; el diseño de políticas públicas incluyentes junto al sector privado, los gremios, la academia y los beneficiarios así como el cumplimiento de las obras e inversiones anunciadas.
4) El mantenimiento de la opacidad en la acción estatal, ocultando información oficial y estadística para evitar críticas a la obra de gobierno, difundiendo como ciertos resultados irreales, lo que dificulta una contraloría institucional y social de las políticas públicas.
5) La permanencia de importantes niveles de corrupción ante la ausencia de fiscalización en el uso de los recursos públicos, debido a la parálisis de la Contraloría General de la República, y la inexistencia de investigaciones y sanciones contra funcionarios y funcionarias que incurran en ilícitos.
6) La inexistencia de contrapesos institucionales que fiscalicen y garanticen la satisfacción de las necesidades y derechos de la población, agravado por las omisiones, silencios y sesgos del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Sistema de Administración de Justicia.
7) El acorralamiento del derecho a la libertad de expresión e información mediante el cierre y las amenazas contra medios de comunicación, la detención de periodistas e infociudadanos, los bloqueos contra los portales informativos y las peticiones de intervenciones telefónicas ilegales a particulares solicitadas a compañías telefónicas privadas, aumentando los niveles de censura y autocensura.
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8) La política económica para satisfacer los intereses del Estado y no los de la gente, profundizando las desigualdades. La inoperancia progresiva de las políticas asistencialistas conocidas como «Misiones sociales» por sus lógicas de control social y político, aunado a la falta de políticas que atendieran las fallas estructurales que impedían la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
9) La persistencia de una política de Estado de discriminación, tanto por razones ideológicas, que ha incorporado represalias contra sectores críticos de la coalición bolivariana, como territorial, que ha beneficiado a Caracas en detrimento del resto del país.
10) La desestructuración y menoscabo del ordenamiento territorial previsto en la Constitución mediante la imposición de un concepto de «Estado Comunal», mediante el cual figuras y organizaciones promovidas por las autoridades, a espaldas de la Constitución, realizan labores de seguridad ciudadana, así como de gestión y distribución de las políticas asistenciales emanadas desde el Ejecutivo.
11) El cerco a las libertades de la vida política y social de la población y a las labores de las organizaciones de sociedad civil, bajo políticas de desconocimiento, anulación de la participación en los asuntos públicos, y la estigmatización, criminalización y persecución, mediante discursos, instrumentos jurídicos y legislativos, así como amenazas contra la vida, libertad e integridad de los y las activistas.
Rafael Uzcátegui es Sociólogo. Coordinador general de Provea.
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