LA
REPÚBLICA QUE TORTURA
El 10 de diciembre de 2020, en el
marco de la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos, TalCual estrenó en Youtube la serie documental La
República que tortura, presentada por César Miguel Rondón, con
ilustraciones animadas de Roberto Weil y Producción Ejecutiva de Diego D' Sola,
constante de seis episodios, producto de una exhaustiva investigación a nivel
de las víctimas y familiares, la cual revela la presencia de un sistema establecido,
diseñado y perfeccionado para infligir dolor y sufrimiento, para golpear,
quebrar, marcar, castigar y hasta para matar, por intermedio de los cuerpos de
seguridad del Estado controlados por el gobierno de Nicolás Maduro: el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia
Militar (Dgcim) y la Fuerza de Acciones Especiales (FAES).
Según la ONG Provea, 852 personas se reportan como
víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes para el año 2019.
Por otro lado, en
su informe de ese año la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos
de la ONU, Michelle Bachelet registró más 72 denuncias por torturas y otros
malos tratos a 174 personas detenidas en el contexto de protestas entre 2017 y
2019.
La misma fuente citada por TalCual en la actualización de 2020, agregó la existencia de
"lugares no oficiales y desconocidos" donde se torturaría a los
detenidos, además de las sedes oficiales del Sebin y la Dgcim.
De igual modo, la Misión de Determinación de Hechos sobre
Venezuela comisionada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
dictaminó en septiembre de 2020 que tiene motivos razonables para creer que en
Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad que han contado con el
apoyo de las más altas autoridades, incluyendo al propio Nicolás Maduro y sus
ministros de Interior y Defensa.
-Las voces que narran estas historias –explicó TalCual- demuestran la indefensión de
quienes por diferentes razones han estado frente a frente con el rostro
torturador del Estado venezolano.
("Todos los días del mundo los
torturaban. Cuando no les caían a tablazos, les caían a golpes, los guindaban,
los metían en sótanos, los tenían en oscuridad".
"En el expediente dice que lo agarraron
en flagrancia, que se iba a escapar. El ministro lo acusó de terrorista, pero
él estaba durmiendo, a él lo sacaron de la cama".
"Custodios ponían música alusiva a su
parcialidad política a todo volumen día y noche para torturarnos, nos
confinaban con gases lacrimógenos, nos sacaban al pasillo para ser contados a
golpe de culata de fusil" .)
El primer capítulo, titulado “Cuando van por ti”, tiene los siguientes protagonistas:
Raúl Emilio Baduel: Estuvo tras las
rejas desde 2014 y hasta 2018. Hijo de Raúl Isaías Baduel, general retirado del
Ejército, exministro de la Defensa y actual preso político.
(El general Raúl Isaías Baduel falleció en presidio, por falta de
atención médica, el 12 de octubre de 2021)
Fue detenido el 21 de marzo de 2014 en Aragua, durante una
manifestación pacífica y condenado a ocho años de prisión por intimidación e
instigación pública con artefactos explosivos y agavillamiento.
Baduel pasó por las cárceles Alayón (Aragua), David
Viloria Uribana (Lara), 26 de Julio (Guárico), Centro Experimental de Reclusión
y Rehabilitación (Aragua), Fénix (Lara), todas prisiones para presos comunes.
El 3 de junio de 2018 fue excarcelado con medidas
cautelares.
Williams Aguado: Médico cirujano.
Detenido de forma arbitraria en su casa por funcionarios de la Dgcim el 15 de
enero de 2018, el mismo día que se ejecutó extrajudicialmente al expolicía
rebelde Óscar Pérez junto a su grupo de seis personas.
Pérez murió después de
la detención de Aguado.
El médico cirujano fue acusado en televisión por el
ministro de Interior, Justicia y Paz de estar implicado con este grupo, pues
presuntamente era el dueño de la vivienda donde se refugió Pérez y su equipo.
Estuvo desaparecido durante cuatro días, tiempo durante
el cual fue víctima de torturas. Aún con evidencia de golpizas, fue presentado
en tribunales militares.
Fue encarcelado en el Centro de Procesados Militares
(Cepromil) ubicado en Miranda, mejor conocido como cárcel de Ramo Verde, donde
estuvo un mes aislado antes de que sus familiares pudieran verlo. Debido a las
torturas, presenta desprendimiento de un riñón, pérdida de la audición por el
oído izquierdo y graves laceraciones en sus pies.
Fue liberado el 2 de septiembre de 2020. En dos años y
siete meses, no fue juzgado.
Julio César Rangel Novais: 24 años. Fue
asesinado extrajudicialmente el 10 de julio de 2018 de dos disparos por
funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana durante un presunto Operativo
de Liberación del Pueblo en el sector Gramoven, parroquia Catia, municipio
Libertador (Distrito Capital). Fue trasladado sin signos vitales al hospital
Dr. Miguel Pérez Carreño, ubicado al oeste de Caracas.
Su hermano fue detenido en el mismo operativo y asesinado
seis días después dentro de la Comandancia de la PNB en San Agustín. Una fiscal
del Ministerio Público le dijo a su madre que fueron víctimas de un “mal
procedimiento”.
No hay un juicio o imputados por su muerte.
El capítulo 2, titulado “Cuando la tortura se hace común”,
tiene los siguientes protagonistas:
Carlos Francisco Rangel Novais: 27 años. Era
boxeador y trabajaba de forma independiente. Fue golpeado por funcionarios de
la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dentro de la jefatura ubicada en San
Agustín, Caracas, lo que le ocasionó la muerte el 16 de julio de 2018. El hecho
ocurrió en la madrugada. Fue trasladado al hospital Dr. Miguel Pérez Carreño
sin signos vitales. El informe forense indicia que murió por golpes severos en
la cabeza.
Su hermano fue ejecutado extrajudicialmente el 10 de
julio de 2018 de dos disparos por funcionarios de la PNB durante un presunto
Operativo de Liberación del Pueblo, donde detuvieron a Carlos Francisco, en el
sector Gramoven, parroquia Catia, municipio Libertador (Distrito Capital).
Una fiscal del Ministerio Público le dijo a su madre que
fueron víctimas de un “mal procedimiento”.
Dos funcionarios están acusados por el Ministerio Público
por la muerte de Carlos Francisco Rangel Novais, uno de ellos se encuentra
fugado.
Guillermo José Rueda Parra: 20 años. Era
bachiller, padre de una niña de dos años y trabajaba en una empresa de
construcción propiedad de su madre. Fue ejecutado extrajudicialmente por
funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) el 12 de diciembre de
2017 dentro de su vivienda, ubicada en el sector Blandín, carretera vieja
Caracas-La Guaira. Los funcionarios ingresaron a la vivienda diciendo que
existía un operativo en la zona, lo cual era falso.
Un tribunal dictó una orden de aprehensión contra un
funcionario de las FAES, que supuestamente habría sido quien disparó contra
Guillermo Rueda Parra. La orden, que debía ejecutar el Cicpc, no se ha
materializado. Según pesquisas, el funcionario siguió activo.
Raúl Emilio Baduel: Estuvo tras las
rejas desde 2014 y hasta 2018. Hijo de Raúl Isaías Baduel, general retirado del
Ejército, quien murió en la cárcel por falta de atención médica el 12 de
octubre de 2021.
Fue detenido el 21 de marzo de 2014 en Aragua, durante
una manifestación pacífica. Fue condenado a ocho años de prisión por
intimidación e instigación pública con artefactos explosivos y agavillamiento.
Baduel pasó por las cárceles Alayón (Aragua), David
Viloria Uribana (Lara), 26 de Julio (Guárico), Centro Experimental de Reclusión
y Rehabilitación (Aragua), Fénix (Lara), todas prisiones para presos comunes.
El 3 de junio de 2018 fue excarcelado con medidas
cautelares.
El capítulo 3, titulado “Bienvenidos
al infierno”, tiene los siguientes protagonistas:
-Gabriel
Valles Sguerzi: 32 años. Ingeniero en informática,
activista de derechos humanos, estudiante de Arte. Fue detenido el 5 de
septiembre de 2014 en Cúcuta (Colombia) y deportado a Venezuela por estar
supuestamente implicado en una conspiración terrorista contra el gobierno de
Nicolás Maduro, en el cual también se vincula a Lorent Saleh. Los dos primeros
años de reclusión, estuvo en “La Tumba”, como se conoce a la sede oficial del
Sebin ubicado en Plaza Venezuela. Luego fue trasladado al Helicoide. Durante
cuatro años, nunca inició su juicio.
El
3 de junio de 2018 fue excarcelado con medidas cautelares de presentación ante
tribunales y prohibición de salida del país. En febrero de 2019 huyó hacia Colombia. Sigue en ese país.
Betty Grossi: 52 años. Profesora de Ciencias
Sociales y dibujo, catequista, fotógrafa y artista plástico. Fue señalada por
Juan Carlos Pérez Venta, asesino de Liana Hergueta, como financista de su
supuesta participación en sucesos violentos dentro de manifestaciones
antigubernamentales de 2014.
Fue
detenida sin orden judicial el 17 de agosto de 2015 y encerrada en El
Helicoide, cárcel y sede del Sebin.
Fue
excarcelada el 24 de diciembre de 2017. Se encuentra en Italia.
Pedro Berríos: Albañil, trabajador en
construcción y remodelación en centros comerciales. Fue detenido la noche del
29 de agosto de 2016 en Petare, al este de Caracas, en un operativo conocido
como Operación de Liberación del Pueblo (OLP) por no portar papeles de
residencia. Fue seleccionado por funcionarios porque cumplía "con el
prototipo de hombre que están buscando".
Nicolás
Maduro había dicho en transmisión televisada que al norte de la ciudad habían
aprehendido a colombianos terroristas. Fue víctima de simulación de ejecución y
entrega de alimentos en descomposición o con vidrio molido.
Un
tribunal dictó su excarcelación y desestimó la causa al no haber prueba alguna
para su detención. La orden judicial no fue atendida por los cuerpos de
seguridad.
El
29 de junio de 2019, junto a otros colombianos de la misma causa, fue
excarcelado gracias a la petición que hizo la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante su visita en mayo
de ese año a Venezuela.
El
capítulo 4, titulado “La tortura por diseño”, tiene los siguientes
protagonistas:
Gabriel
Valles Sguerzi: 32 años. Ingeniero en
informática, activista de derechos humanos, estudiante de Arte. Fue detenido el
5 de septiembre de 2014 en Cúcuta (Colombia) y deportado a Venezuela por estar
supuestamente implicado en una conspiración terrorista contra el gobierno de
Nicolás Maduro, en el cual también se vincula a Lorent Saleh. Los dos primeros
años de reclusión, estuvo en “La Tumba”, como se conoce a la sede oficial del
Sebin ubicado en Plaza Venezuela. Luego fue trasladado al Helicoide. Durante
cuatro años, nunca inició su juicio.
El 3 de junio de 2018 fue excarcelado con medidas
cautelares de presentación ante tribunales y prohibición de salida del país.
En febrero de 2019 huyó hacia Colombia. Sigue en ese
país.
Rafael Acosta Arévalo: 50 años. Capitán
de corbeta de la Armada venezolana. Fue
detenido el 21 de junio de 2019 por funcionarios de la Dgcim luego de ser
acusado de estar involucrado en un supuesto plan terrorista. Fue torturado
durante los primeros días de su detención.
El 29 de junio de 2019 fue trasladado a tribunales
militares. Al ver su condición física antes del inicio de la audiencia de
presentación, el juez militar ordenó su traslado al Hospital Militar Dr. Carlos
Arvelo (Distrito Capital), donde falleció.
El capitulo 5, titulado “La sangre militar”, tiene los
siguientes protagonistas:
Rafael Acosta Arévalo: 50 años. Capitán
de corbeta de la Armada venezolana. Fue
detenido el 21 de junio de 2019 por funcionarios de la Dgcim luego de ser
acusado de estar involucrado en un supuesto plan terrorista. Ocho días después,
murió.
En el informe forense se destaca que su cadáver
presentaba fractura de 16 arcos costales en ambos lados del cuerpo, quiebre del
tabique nasal, escoriaciones (raspones) en hombros, codos y rodillas, además de
hematomas en varias partes del cuerpo, como muslos y espalda, amén de
quemaduras que coinciden con presunta electrocución.
La causa de muerte fue "edema cerebral severo debido
a insuficiencia respiratoria aguda, debido a tromboembolismo pulmonar, debido a
rabdomiolisis por politraumatismo generalizado".
La Alta Comisionada de Naciones Unidos para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, aseveró que en el caso de Acosta Arévalo se
configuraron los presuntos delitos de desaparición forzada y torturas, además
de asesinato intencional, y lamentó que no se hayan incluido dentro de los
cargos que se imputaron a dos funcionarios de la Dgcim.
En septiembre de 2019, el Tribunal 36° de Control del
Área Metropolitana de Caracas condenó a los funcionarios Ascanio Antonio
Tarascio y Estiben Zárate, ambos de la Dgcim, a seis años y ocho meses por el
cargo de “homicidio preterintencional” con causal, un delito común donde se
exime la responsabilidad de hacer daño. No se investigó a sus superiores para
determinar si hubbo una orden.
En octubre de 2020, luego de publicados el informe de una
Misión de Determinación de Hechos comisionada por la ONU que registró presuntos
delitos de lesa humanidad en Venezuela, el Ministerio Público informó sobre una
nueva imputación contra esos dos funcionarios, reconociendo ahora sí los
delitos de homicidio intencional y tortura.
Geomar Martínez Natera: Sargento mayor de
tercera de la Guardia Nacional. El 21 de enero de 2019 se alzó en armas junto a
otros 24 compañeros para desconocer la Presidencia de Nicolás Maduro. Tomaron
el comando número 5 de la GN ubicado en Cotiza (municipio Libertador, Distrito
Capital). Varias horas después se entregaron bajo presencia de un fiscal
militar a una comisión de la Dgcim. Fueron encarcelados en la sede de ese
cuerpo armado, que la ONG Provea y Naciones Unidas caracterizan como un centro
de torturas.
Allí Geomar Martínez Natera fue víctima de torturas y
otros tratos crueles, como golpizas, negación de alimentos, aislamiento en
condiciones precarias. Según afirma, uno de sus interrogatorios fue presenciado
por Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y miembros del alto mando militar.
Continúa recluido en el Centro de Procesados Militares de
Miranda, conocido como la cárcel militar de Ramo Verde, a la espera de una
audiencia judicial preliminar.
Lorent Saleh: 32 años. Fundador de la
ONG Operación Libertad. Fue detenido el 4 de septiembre de 2014 en Bogotá
(Colombia) y deportado a Venezuela por estar supuestamente implicado en una
conspiración terrorista contra el gobierno de Nicolás Maduro, en la cual
también se vincula a Gabriel Valles, detenido al día siguiente.
Los dos primeros años de reclusión, estuvo en “La Tumba”.
Luego fue trasladado al Helicoide. Durante cuatro años, nunca inició su juicio.
52 audiencias judiciales fueron suspendidas.
El 12 de octubre de 2018 fue excarcelado y desterrado a
España, a pesar de ser una medida expresamente prohibida por la legislación venezolana.
Sigue en ese país.
El ultimo capítulo, titulado “La vida después de”, tiene los
siguientes protagonistas:
Betzaida
Natera: Madre
del sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional Geomar Martínez Natera,
quien se alzó en armas el 21 de enero de 2019 junto a otros 24 compañeros para
desconocer la Presidencia de Nicolás Maduro. Fueron encarcelados en la sede de
la Dgcim, donde fue víctima de torturas y otros tratos crueles. Continúa
recluido en el Centro de Procesados Militares de Miranda, conocido como la
cárcel militar de Ramo Verde, a la espera de una audiencia judicial preliminar.
María Magdalena Novais: Madre de Julio
César y Carlos Francisco Rangel Novais. Ambos fueron asesinados
extrajudicialmente por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)
con seis días de diferencia. A Julio César, de 24 años, lo mataron de dos
disparos durante un presunto Operativo de Liberación del Pueblo en el sector
Gramoven, parroquia Catia, municipio Libertador (Distrito Capital). Fue
trasladado sin signos vitales al hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, ubicado al
oeste de Caracas.
Carlos Francisco, su hermano, fue detenido en el mismo
operativo y asesinado a golpes seis días después dentro de la Comandancia de la
PNB en San Agustín. Una fiscal del Ministerio Público le dijo a su madre que
fueron víctimas de un “mal procedimiento”. No hay juicio ni imputados por la
muerte de estos jóvenes.
Ivonne Parra: Madre de Guillermo
José Rueda Parra, joven de 20 años que fue ejecutado extrajudicialmente por
funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) el 12 de diciembre de
2017 dentro de su vivienda, ubicada en el sector Blandín, carretera vieja
Caracas-La Guaira. Los funcionarios ingresaron a la vivienda diciendo que
existía un operativo en la zona, lo cual era falso.
El tribunal dictó una
orden de aprehensión contra un funcionario de las FAES, que supuestamente
habría sido quien disparó contra Guillermo Rueda Parra. La orden, que debía
ejecutar el Cicpc, no se ha materializado. Según pesquisas, el funcionario
siguió activo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario