Abogado de Pedro Castillo pretende engañar a la CIDH para restituirlo en el poder
Walter Ayala, quien es el décimo profesional que asume la defensa legal del exmandatario, asegura que el Congreso “vulneró el debido proceso, plazos y no alcanzó 104 votos para la vacancia directa”.
Gabriela Moreno PANAM POST 
El nuevo abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, gestiona ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su liberación y la restitución en el cargo de jefe de Estado y para ello usa otra versión de lo acontecido en Perú el pasado 7 de diciembre, cuando el entonces presidente fraguó un golpe de Estado.
Ayala, quien es el décimo profesional que asume la defensa legal del exmandatario, asegura que el Congreso “vulneró el debido proceso, plazos y no alcanzó 104 votos para la vacancia directa”.
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Pretender la restitución de Castillo es una maniobra conceptual, considerando que en una cadena de radio y televisión anunció la disolución temporal del parlamento y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional, para no enfrentar el debate de vacancia presidencial en su contra por incapacidad moral, tras la acumulación de ocho investigaciones por presunta corrupción.
La realidad sobre el engaño
Si bien el Congreso tenía en agenda la discusión de la vacancia y Castillo debía asistir con su abogado en aquel momento, el hemiciclo decidió adelantar la sesión y no votar la moción, sino una resolución legislativa propuesta por la Mesa Directiva que declaraba la vacancia por permanente incapacidad moral, sustentada únicamente en el golpe de Estado en flagrancia que acaba de cometer Castillo.
La resolución logró 101 votos de los 87 necesarios. No hay más que rebuscar. Menos cuando está claro que el procedimiento regular de la vacancia aplica en situaciones que permiten una investigación previa y la presentación de la defensa del acusado -cualquier funcionario de alto rango ejecutivo- en respeto a la presunción de inocencia.
Sin embargo, la ejecución del golpe de Estado televisado volvió inaplicable el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, donde se establecen los plazos para la vacancia regular.
Una medida absurda
“El reglamento habla de un procedimiento de vacancia, pero ese supuesto no se aplica en el caso de flagrancia con un golpe de Estado”, dijo el constitucionalista Aníbal Quiroga a Perú 21, quien además sostiene que “para ir a la justicia internacional, hay que agotar los remedios internos en el Perú. Las puertas en la CIDH van a estar abiertas luego de agotarse la jurisdicción interna”.
Además, es una pérdida de tiempo cuando la CIDH emitió un comunicado condenando el golpe de Estado de Castillo y saludando la sucesión constitucional pero es menester para el abogado de Castillo intentar contender las acciones del Congreso, instancia que aprobó en un informe final, la denuncia constitucional que recomienda a la Fiscalía acusarlo por presuntamente encabezar una organización criminal durante su Gobierno para obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
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