Rodulfo González. TORTURA EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI (VI)

 

LA LENTITUD DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

            El 8 de noviembre de 2021 El Bolivarense, con información de TalCual, le dio cobertura a la entrevista hecha a Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal.

            En la entrevista,  Gonzalo Himiob, advirtió  que la investigación abierta por el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kahn, contra Venezuela, puede extenderse en el tiempo, por lo que hay que mantenerse firmes para contrarrestar las acciones dilatorias por parte del gobierno de Nicolás Maduro

            Su anuncio, según la fuente digital, sorprendió a muchos que observaban que el Fiscal tardaba en pronunciarse sobre un caso sobre el cual su antecesora en el cargo, Fatouh Bensouda, ya había sacado unas conclusiones que no se hicieron públicas, pero que se asumían conducirían a abrir una investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad.

            Y añadió:

            -Junto a Nicolás Maduro, cuya gestión ha sido acusada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, de violación sistemática de los DDHH, y por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, de cometer crímenes de lesa humanidad, Karim Kahn suscribió un memorando de entendimiento mediante el cual el gobierno venezolano se compromete a adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia,  con el apoyo y participación activa de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

            El Ejecutivo venezolano intentó presentar los hechos como un reconocimiento por parte del Fiscal de la CPI a que la investigación se realizará en Venezuela y por parte de las instituciones venezolanas, atendiendo al principio de la complementariedad; sin embargo, la potestad de la investigación reposa en el despacho dirigido por Kahn, quien evaluará si el desempeño de la justicia local puede dar cumplimiento a los principios de la Corte.

            Luego indicó:

            -Para el director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, Venezuela no cuenta con un sistema de justicia, ni con un andamiaje legal que permita investigar y procesar según los preceptos internacionales, a presuntos responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad, y recuerda que, aunque el proceso puede extenderse en el tiempo, la tutela corresponde al fiscal Kahn y, en última instancia, a las personas interesadas en llevar los casos investigados hasta sus últimas consecuencias, es decir, las víctimas y familiares de víctimas de crímenes contra la humanidad.

            Estima Gonzalo Himiob, que la decisión del fiscal Kahn revela que Venezuela, hasta el momento, no cuenta con la posibilidad de hacer justicia sobre los delitos presentados ante el organismo.

(No la tiene porque la justicia en el país no está al servicio de la ciudadanía sino de la narcodictadura, que la utiliza para darle visos de legalidad a sus actos violatorios de los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional)

            En dicha entrevista el defensor de los derechos humanos explicó que tal investigación  “Es un momento histórico para el país y para Latinoamérica”, pues  “es la primera vez que se inicia formalmente una investigación por crímenes de lesa humanidad en la región” y además  “Es un hito histórico no solo para los venezolanos sino para el propio Tribunal Penal Internacional (TPI) y la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI)”.

            Luego apuntó:

            -A juicio de Himiob, el hecho es consecuencia del esfuerzo continuo durante muchos años por parte de las víctimas, las ONG de DDHH y la sociedad civil, que han registrado y reportado continuamente lo que ha venido pasando en Venezuela.

            Sostiene que la Carta Compromiso suscrita entre Nicolás Maduro y Karim Kahn hay que tomarla como lo que realmente es, “una notificación formal” por parte del TPI al gobierno de Venezuela, con lo cual se está abriendo formalmente esta investigación y se están estableciendo unos parámetros con los cuales se va a adelantar dicha investigación, la cual requiere de Venezuela, como Estado parte del Estatuto de Roma, la máxima colaboración.

            Más allá de las florituras con las que el gobierno ha querido adornar lo que pasó, la realidad material que tenemos es que finalizó el examen preliminar en la situación Venezuela I; eso lo dice textualmente la Carta Compromiso, y se inició la investigación formal por la comisión de crímenes de lesa humanidad y se definieron cuáles van a ser las pautas de cooperación entre el Estado parte y la Fiscalía del TPI.

            El activista sin embargo a afirmó que, aunque es algo que los venezolanos deben celebrar, se deben manejar las expectativas con racionalidad.

            -Se está comenzando la investigación,-advirtió-  todavía no están definidos cuáles van a ser los hechos, los casos específicos; tampoco están definidas las víctimas que abarcará esta investigación de manera inicial, ni quiénes van a ser considerados inicialmente como perpetradores. Todavía hay mucha tela que cortar y mucho trabajo por hacer.

            A continuación la entrevista:

            -En el acto de la firma del memorando se hizo mucho énfasis en el principio de complementariedad y la actitud del gobierno ha sido la de intentar demostrar que aquí en Venezuela se pueden realizar las investigaciones y los procesos respectivos para este tipo de delitos. ¿Cree que se puede concretar que las investigaciones se hagan en Venezuela solamente o hará falta la acción y el enjuiciamiento por parte de la CPI?

            -Con toda la objetividad hay que decir que, dentro de lo que pauta el Estatuto de Roma, esta posibilidad siempre va a estar abierta. El artículo 53, numeral cuarto, dice con claridad que el Fiscal eventualmente podría reconsiderar su decisión de iniciar una investigación si surgen elementos que le permitan valorar o verificar que se ha producido un cambio que haga innecesaria su intervención. Entiendo, y esos son los testimonios y declaraciones desde el poder, que hacia allí van orientados los tiros del poder; que va a seguir insistiendo en decir que en Venezuela se puede hacer justicia en relación a graves violaciones a DDHH y crímenes de lesa humanidad y que en consecuencia es innecesaria la intervención de la justicia penal internacional.

            -¿Qué paso tendría que dar el gobierno de Nicolás Maduro o el sistema de justicia venezolano para demostrar que en Venezuela se estaría aplicando la justicia?

            -En primer término, una reestructuración completa del Poder Judicial, que llevaría muchísimo tiempo; una reestructuración en la que se decidiese a designar a jueces objetivos, imparciales, preparados y dispuestos a investigar estos hechos, no solo hasta sus últimas consecuencias, sino hasta sus últimos responsables y que no quede únicamente en los subalternos, en los autores materiales, sino yendo mucho más allá, a quienes pueden ser declarados responsables en todos los niveles de la cadena de mando; eso sería un primer paso.

            ¿Cómo puede afectar a las autoridades el inicio de esta investigación? ¿De acuerdo a otros casos parecidos, cree que esto mueve algo a lo interno del gobierno?

            -En este primer momento, desde el punto de vista formal, la afectación sigue siendo mínima. Todavía no hay perpetradores o potenciales perpetradores señalados e identificados específicamente; empieza el camino para decidir cuál va a ser el alcance de la investigación, para ver cuál va a ser el universo de víctimas y de posibles perpetradores. Todavía el poder no tiene de qué preocuparse desde el punto de vista formal; sin embargo, el estar bajo la lupa de una investigación formal ante el Tribunal Penal Internacional tiene que generar, entre quienes ejecutan los crímenes que van a ser objeto de consideración en esa investigación, un efecto disuasivo.

            -¿Tiene Venezuela algún límite de tiempo para realizar juicios o adelantar las investigaciones?

            -Límites de tiempo como tal no existen. La investigación puede durar de manera indefinida. Son muchos los temas a considerar, muchas las normas que hay que respetar, y hay que ser sumamente minucioso en estos casos y muy acucioso en el levantamiento de las evidencias, pero esto puede durar tiempo, e incluso no sería de extrañarse que esta extensión en el tiempo de la investigación sea utilizada por el poder para, sirviéndose de eso, tratar de demostrar que la situación en Venezuela es distinta a la que tenemos el día de hoy.

            -¿Cuánto podría tardar esta investigación? En Colombia tardó casi dos décadas.

            -No tiene tiempos asignados. Lo que duró 17 años en Colombia fue el examen preliminar y el de Venezuela duró cuatro años. Es muy arriesgado comparar situaciones entre países, porque se manejan de manera muy diferente. Creo que el hecho de que el examen preliminar de Venezuela haya durado ese tiempo corto para los parámetros internacionales, lo que apunta es a que en estos momentos se cuenta con información suficiente como para que la investigación avance con relativa rapidez, pero eso no depende de las víctimas ni de las ONG, sino del Fiscal. Hay que tener paciencia y plegarse a lo que él vaya adelantando en relación a la investigación.

            -El gobierno y el fiscal Tarek William Saab afirmaron que no existen elementos para abrir la investigación. Nicolás Maduro afirmó que estaba en desacuerdo con la decisión del fiscal Karim Kahn. ¿Qué opinión le merece esa posición?

            -Lo que están adelantando es cuál va a ser su jugada en estos momentos. Van a plantear probablemente ante la Sala de Cuestiones Preliminares un reclamo porque de acuerdo a ellos el examen preliminar no se adelantó como debía serlo. Esa incidencia será resuelta por la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal Penal Internacional.    Lo que quiero destacar es que cuando revisas el Estatuto de Roma de la CPI no hay recursos que se puedan interponer a la decisión de abrir una investigación. Los recursos existen es contra la decisión de no abrir la investigación. Por eso veo muy cuesta arriba que esa postura del poder vaya a prosperar, pero sirve como mecanismo dilatorio mientras trata de ordenar la casa, de arreglar las cosas en Venezuela al menos para que parezca que en Venezuela hay posibilidad de hacer justicia.

            -¿Qué pueden esperar las víctimas de esta investigación?

            -El mensaje es muy positivo, que la justicia no es una utopía, un sueño irrealizable, sino una posibilidad real. Lo que hizo el fiscal Karim Kahn frente a los representantes del poder en Venezuela es un mensaje muy claro, que la justicia es posible y que vale la pena seguir luchando por ella. Hay que decir a las víctimas que hay que manejar las expectativas con mucho cuidado porque los tiempos de la justicia internacional no son los que a uno le gustaría que fueran, demoran bastante tiempo y pueden ocasionar desesperanza, y es importante que se sepa que no todos los casos van a llegar a una imputación formal, no van a pasar a fases ulteriores del proceso.

            -¿Qué casos considera usted que tendrían más probabilidad de ser probados?

            -Es muy aventurado decir eso ahora. En mi criterio todos los casos que se han registrado y han sido llevados como información ante la Fiscalía tienen un sustento probatorio bastante sólido, te puedo decir que en primera instancia se está investigando desde 2017 en adelante y se ha sido muy explícito, sobre todo la Comisión de Determinación de los Hechos, de que va a abordar detenciones arbitrarias por motivos políticos, torturas y tratos crueles, casos de agresiones sexuales en el contexto de la agresión política, y desaparición forzadas de personas. No se ha querido meter con las ejecuciones extrajudiciales ni con los asesinatos, por lo menos por ahora.           No quiere decir que eso no puede llegar a ser considerados, pero por lo menos en esta primera instancia estaremos circunscritos a esos hechos.

            Esta lentitud había sido denunciada por la OEA en un informe al respecto  de 106 páginas el 2 de diciembre de 2020.

            Al efecto, el secretario general de ese organismo, Luis Almagro, declaró parecerle sorprendente e inexplicable que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no haya iniciado una pesquisa,  a pesar de que en el 2018 la OEA le entregó un informe detallado con pruebas sobre supuestos asesinatos, torturas y desapariciones forzadas ocurridos en Venezuela.

            Según ese informe, que circuló en medios nacionales e internacionales, tal demora alienta al régimen de Nicolás Maduro a cometer más crímenes, como ha ocurrido ciertamente, porque no se le hace seguimiento y además la narcodictadura se burla descaradamente hasta de las medidas de amparo en beneficio de prisioneros cuyos derechos humanos han sido violados emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.