Algunas cosas que pocos saben del 4F
“Aquello que denunciaba entonces hoy resulta un fidedigno retrato del régimen que él encabezó hasta su muerte y ha proseguido su sucesor. Solo que la gran mayoría de los venezolanos no se han entregado sin luchar y menos de manera tan rápida como los cubanos en 1959. Su resistencia contra el proyecto dictatorial en marcha ha continuado en todo este tiempo, entre avances y retrocesos, pero siempre constante y tenaz”
De las muchas lecturas que se han hecho sobre la intentona golpista del 4 de febrero de 1992 en estos 31 años, la mayoría ha insistido en sus aspectos meramente militares, políticos o anecdóticos, faltando, sin embargo, un análisis más profundo sobre sus repercusiones ideológicas, abiertamente antidemocráticas; las cuales rebrotaron luego de que, en mala hora para este país, su jefe único fuera electo presidente en 1998, apenas seis años después, y como si buena parte de quienes votaron por él ignoraban quién era el personaje.
En cuanto al sustrato ideológico a que hacemos referencia hay que señalar que definía claramente aquella logia golpista como un movimiento militarista, fascista y autoritario en una primera etapa, aunque posteriormente adquirió un carácter castrocomunista, una vez llegado al poder. Ese cambio de ropaje no les resultó muy difícil, pues ya se sabe que, a pesar de los esfuerzos que siempre hacen los comunistas para negarlo, por lo general son más las coincidencias entre ellos y los nazifascistas, tal vez porque las tres corrientes descienden de un mismo tronco común, en este caso el socialismo.
Más allá de lo meramente ideológico, la sicopatología de sus funestos líderes (Hitler, Stalin y Mussolini, por ejemplo, o figuras menores que se les parecen, como Castro o Chávez) los asemejan también y, tal vez por ello, son indisimulables sus similares actuaciones desde el poder, al que siempre han concebido como un instrumento totalitario, de opresión y dominación.
“Con tales antecedentes, era muy difícil no haber percibido la carga de autoritarismo y totalitarismo que animaba a aquella logia militarista y sus jefes”
Volviendo a la intentona golpista de febrero de 1992, bastaría ahora releer los libros de Kléber Ramírez (La historia documental del 4F) y de Alberto Arvelo Ramos (El dilema del chavismo, una incógnita en el poder) para conocer los planes dictatoriales de los conspiradores de entonces. El libro de Ramírez contiene los proyectos de decretos, elaborados precisamente por él -entonces principal ideólogo, fallecido luego- cumpliendo órdenes del jefe golpista, y que debían ser promulgados por el Consejo General Nacional para la Dirección Política y Administrativa de la República de Venezuela, máxima autoridad que se impondría con motivo del golpe del 4 de febrero de 1992, si este hubiera tenido éxito, para sustituir al gobierno de entonces. A su vez, este Consejo General Nacional todopoderoso nombraría al Presidente de la República y a los demás Poderes Públicos.
El primer decreto, por ejemplo, eliminaba al Congreso de la República; el segundo a las Asambleas Legislativas; el cuarto a las Gobernaciones; el quinto a las Alcaldías y los Concejos Municipales; el sexto destituía a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Judicatura. Y todavía hay más: el decreto No.12 eliminaba el Consejo Supremo Electoral, y el No.18 a todos los gremios sociales, sindicales y profesionales. También se designaban nuevos Fiscal General y Contralor General. Se trataba, ni más ni menos -insisto-, de instaurar una dictadura.
Tales decretos, a pesar de destacar que “el principal deber de este Gobierno de Emergencia Nacional es el de profundizar la democracia”, marcaban una clara discriminación para participar en el nuevo proceso, lo que, a juicio de Arvelo Ramos, creaba una suerte de “extranjeros en su propia tierra”, según lo afirmó en su citado libro. Esta aseveración surgió debido a la proyectada inhabilitación para desempeñar funciones públicas de todos aquellos “que sean responsables directos o indirectos de los males que han empobrecido la nación”, o hayan sido señalados como partícipes “de la profundización del caos en que cayó el país”, o “incursos en manejos impropios” o como “personas de mala reputación” (Decretos Nos. 4, 5 y 6).
El problema estribaba, entonces, en quiénes pudieran haber tenido en todos estos casos la capacidad para imputar tales faltas, pues con esos mecanismos cualquier ciudadano podía haber sido despojado de sus derechos políticos. Por lo demás, como ya se anotó antes, el proyecto de Decreto No.1 declaraba cesante el Congreso, autorizando al propio Consejo General para asumir “de pleno derecho” sus funciones legislativas y, por otra parte, el proyecto de Decreto No.6 destituía a la Corte Suprema de Justicia y designaba sus nuevos magistrados, con lo cual un solo poder público -el Ejecutivo- asumía la total conducción del país, quedando los demás subordinados a aquél.
Más grave aún lo era la constitución de un Comité de Salud Pública (Decreto No.7) que actuaría “como la personificación de la conciencia pública nacional” (¡!), lo cual no es otra cosa que “totalitarismo pleno”, pues “ya no se limita a los asuntos de gobierno y a los asuntos de Ley”, al decir de Arvelo Ramos, agregando que “resuena en este modo de pensar, en este fundamentalismo mesiánico, una empobrecida concepción del hombre…”.
Como bien lo señalara el mismo autor, tales decretos seguramente fueron objeto de discusión y análisis durante algún tiempo, pues debe recordarse que la preparación del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 llevaba más de una década, de manera que “el gran número y la extensión de estos decretos es un indicio de que el sistema político en ellos expuesto no fue diseñado apresuradamente, en una madrugada laboriosa”.
Sin embargo, Chávez y su logia militar justificaron aquella acción golpista con el falso disfraz de una sentida defensa de la Constitución de 1961 y de la democracia como sistema de equilibrios y contrapesos entre sus Poderes Públicos. Un día antes de su felonía, el 3 de febrero de 1992, el jefe de los facciosos escribió su propio manifiesto para alegar las razones que lo impulsaban a intentar un golpe de Estado.
Leído ahora, aquello que denunciaba entonces hoy resulta un fidedigno retrato del régimen que él encabezó hasta su muerte y ha proseguido su sucesor:
“El inmenso grado de corrupción que plaga todas las esferas de nuestro país, la gran cantidad de privilegios con que cuentan algunos, la falta de castigo a las personas que todos sabemos culpables de haber tomado indebidamente dineros públicos, las políticas económicas que colocan en posición deplorable a los venezolanos más sencillos, la venta a consorcios extranjeros de nuestras empresas fundamentales, la imposibilidad que tiene la gran mayoría de los venezolanos para satisfacer sus necesidades básicas, la ineficiencia del sistema y de todos los servicios públicos, y en fin el desconocimiento de nuestra soberanía en todos los terrenos, nos fuerzan a tomar una acción destinada a reivindicar la democracia”.
Alguien podría decir, no sin cierta razón, que una vez que los conspiradores de 1992 tomaron la vía electoral para acceder al poder morigeraron sus planteamientos dictatoriales y nazicomunistas. En todo caso, con tales antecedentes, era muy difícil no haber percibido la carga de autoritarismo y totalitarismo que animaba a aquella logia militarista y sus jefes.
Lo que ha sucedido desde entonces resulta una clara muestra de que el régimen iniciado en 1999 siempre ha seguido en esa dirección. Solo que la gran mayoría de los venezolanos no se han entregado sin luchar y menos de manera tan rápida como los cubanos en 1959. Su resistencia contra el proyecto dictatorial en marcha ha continuado en todo este tiempo, entre avances y retrocesos, pero siempre constante y tenaz.
LA GRAN ALDEA
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