El problema de la estatización del 24 de marzo
Como ocurre desde la llegada del kirchnerismo, la fecha que conmemora el inicio de la última dictadura militar es materia de politización y deformación histórica. Como era predecible, el hartazgo hace que cada vez más personas terminen hasta reivindicando el terrorismo de Estado en el contexto de la lucha antisubversiva.
Afortunadamente, los hechos del 24 de marzo de 1976, como también los previos y posteriores son cercanos en el tiempo. Sobra la documentación, la evidencia, los testimonios de los protagonistas y, por ahora, hay muchos argentinos que fueron testigos directos de los acontecimientos. Sin embargo, el kirchnerismo estatizó la época, distorsionó el pasado y forzó desde el gobierno a la imposición de la deformación histórica. Claro que los hechos no necesariamente tengan que llevar a la visión antagónica de la oficial y a la reivindicación de la Junta Militar. A diferencia de lo que ocurre, se tendría que fomentar la objetividad de los hechos (que son tan recientes que no necesitan interpretación bíblica o arqueológica) para que cada uno saque su propia conclusión.
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Como para entrar en el contexto, ¿qué es lo que dice la versión oficial del 24 de marzo? Que luego de la muerte de Juan Domingo Perón, una junta militar se alzó contra su viuda y vicepresidente, María Estela Martínez de Perón. Con la finalidad de instaurar un modelo “neoliberal” de restricción de derechos de los trabajadores, la dictadura habría acabado con la vida de 30 mil personas, que habían decidido oponerse el régimen dictatorial, en pos de la libertad (no son pocos los osados que hasta incluyen la “democracia” como una de las finalidades de los críticos-desaparecidos. Si no fuera por la película 1985, que recordó los juicios a los militares, aunque desde una perspectiva muy “light” e incompleta, muchos jóvenes pensarían que nada se hizo al respecto hasta que Néstor Kirchner mandó a bajar el cuadro de Jorge Rafael Videla.
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Pero, ¿qué es lo que realmente ocurrió entonces? Para empezar, es imposible comenzar a contar la historia el 24 de marzo. Ni siquiera para hablar del terrorismo de Estado. Aunque haga más compleja la historia, para entender algo de todo esto hay que retrotraerse al primer peronismo, que terminó con el golpe militar de 1955. Uno podría decir que los primeros mandatos de Perón fueron de corte fascista, ya que aplica al término. Pero para no herir susceptibilidades basta con recordar cuestiones históricas inapelables. En su primer mandato y su segundo interrumpido, el fundador del peronismo encarceló a los opositores, terminó con la libertad de prensa y hasta cambió la Constitución de 1853 por una que hasta relativizaba el concepto de la propiedad privada (que pasaba a ser “social”). Luego de la autodenominada “Revolución Libertadora” se reinstauraron las libertades civiles constitucionales previas, pero se proscribió al peronismo. Desde el exilio en España, el General se dedicó a fomentar a los actores políticos que facilitarían su retorno al país. De esta manera, Perón comenzó a jugar a dos puntas en una bigamia política imposible, que le explotaría en la cara al retornar al país y a la presidencia en 1974.
Los peronistas que estaban en el “luche y vuelve” eran, por un lado, los sindicalistas ortodoxos (que no tenían ninguna intención de fomentar una aventura socialista) y la izquierda de Montoneros. Los jóvenes armados que leían el primer peronismo en la clave equivocada de la guerra fría de los setenta. Para ellos, Perón era la herramienta para la instauración del socialismo en Argentina. Claro que ambos polos sirvieron para generar el regreso casi dos décadas después del exilio, pero un plan de gobierno que incluya a la izquierda y a la derecha peronista era absolutamente imposible.
Cuando el “ala roja” se cansó de esperar y comprendió que el viejo caudillo se había volcado por lo que ellos denominaban “la burocracia sindical” confrontaron directamente al líder, le acribillaron a uno de sus mayores colaboradores (José Ignacio Rucci) y entraron a la clandestinidad para volver a la lucha armada. Allí, Montoneros se igualó en plan de lucha con la guerrilla de corte marxista del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Ellos habían abogado directamente por una insurrección armada comunista, sin instancias previas políticas democráticas.
Así muere Perón a mediados de 1974. Con el país convertido en un hervidero que él fomentó más que nadie en beneficio personal. Si quiso solucionarlo o no con su retorno al poder (ya que no volvió con el perfil fascista de los cuarenta y cincuenta y hasta se abrazó con sus viejos adversarios políticos) es un misterio. Esto sí pasa a ser parte del análisis político subjetivo. Lo que no puede quedar al arbitrio de la interpretación de los politólogos o historiadores es la irresponsabilidad de sus acciones.
Otra cuestión que no debería ser parte del ámbito de la opinión es el caos que reinó en el país durante el mandato de su esposa, la que había conocido en sus años de bailarina de espectáculo de cabaret en Panamá. Otra vez, esto es un dato histórico y no un comentario peyorativo. “Isabelita”, estaba de gira con el Joe Herald´s Ballet por América Latina, cuando coincidieron con Perón en Centro América. El dato del “CV” de la viuda no tiene otra finalidad que dejar en claro que no se encontraba en condiciones de presidir un país y no de juzgar absolutamente nada que tenga que ver con el ámbito de la moralidad.
Luego de la muerte de Perón, sus colaboradores (que manejaban de facto el fallido gobierno de su esposa) fueron los que comenzaron con el terrorismo de Estado. Es decir, con la aniquilación de los grupos armados que realizaban atentados permanentemente. En el juicio a las juntas, los juristas tuvieron muchos debates al respecto. Es que muchos fallecidos luego de marzo del 76 habían sido secuestrados antes del golpe. El mecanismo estaba ya en funcionamiento para cuando asumieron Videla y compañía.
Otra verdad incómoda para la historiografía oficial es que la gran mayoría de los argentinos recibieron con beneplácito el golpe del 24 de marzo. El principal temor no era perder las garantías constitucionales sino morir en un atentado guerrillero en un cine, un teatro o simplemente caminando por la calle, en aquellos días que Argentina era una sangrienta pesadilla de caos y muerte.
Tampoco dicen los principales partidos políticos que prácticamente habían abandonado el Estado. Muchos incluso ya habían dejado sus oficinas, ya que consideraban que no había más que esperar el comunicado militar. El único político del ámbito nacional que se manifestó en contra de la llegada de los militares fue el liberal Álvaro Alsogaray. En una columna periodística días antes del golpe, aseguró que interrumpir el período democrático fallido del justicialismo era como “sacarle las papas del fuego”. El fundador de la Ucedé quería que el peronismo se haga cargo del desastre o llame a elecciones. Pero, como si esto fuera poco, una vez que asumió Videla, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista co-gobernaron con cientos de intendencias en todo el país.
Allí, como toda la documentación demuestra, se intensificó la represión y se sofocó el accionar guerrillero. Según las investigaciones concretas por el Estado argentino posteriormente, el número de desaparecidos en aquellos años es de 6.348 personas. Hablamos de casos documentados y reales. Cabe destacar que el exmontonero Luis Labraña reconoció que él inventó la cifra de 30 mil desaparecidos en Europa, para facilitar la ayuda económica de las organizaciones holandesas que colaboraban con las causas de derechos humanos en el mundo.
Aunque Videla dijo ante un valiente periodista que le preguntó durante su gobierno por los desaparecidos, que él no podía darle tratamiento al asunto, ya que estaban “desaparecidos, ni vivos ni muertos”, lo cierto es que el Poder Ejecutivo ordenó el accionar represivo, como él mismo le reconoció al periodista Ceferino Reato antes de morir en el libro “Disposición final”. En aquella represión tuvieron lugar las detenciones ilegales, las torturas, los asesinatos y, finalmente, las desapariciones de los cuerpos. Como se supo en el juicio de 1985, al haber descentralizado la represión ilegal, se cometieron todo tipo de excesos como golpizas y torturas “innecesarias” por la satisfacción de los carceleros e incluso violaciones de mujeres detenidas.
Este fue el tratamiento que se le dio al combate con los ejércitos irregulares (que incluso ellos mismos hablaban de “guerra” en ese momento. Tanto ERP y Montoneros recibieron con beneplácito la llegada de los militares, ya que consideraban que “el pueblo” los apoyaría ante una dictadura formal. Se equivocaron. Mientras comenzaban a desaparecer los militantes, el comentario usual de un país que también se tiene que hacer cargo era el de “algo habrán hecho”.
Lo lógico sería, desde un punto de vista medianamente civilizado, cuestionar toda violencia armada. Al no haber tenido lugar ningún proceso judicial y legal, los desaparecidos son lógicamente víctimas del terrorismo de Estado. Lo que es hipócrita es mentir sobre el proyecto político de las organizaciones o reivindicar sus agendas desde la comodidad del hogar y mediante la libertad de prensa. La guerrilla comunista consideraba que en Argentina había que aplicar el socialismo por la fuerza y aniquilar las libertades civiles consideradas “burguesas”. Del puño y letra de los mismos grupos guerrilleros están los documentos donde calculaban que, para consolidar la dictadura del proletariado, un millón de argentinos deberían perder la vida.
Con los datos, que lamentablemente no están muy presentes en el debate político, lo más probable es que una nueva generación repudie tanto el accionar militar como el guerrillero. Pero desde la estatización del 24 de marzo se impulsó una visión arbitraria, que pretende equiparar al Proceso de Reorganización Nacional, como los mismos militares titularon, con el accionar del Nacional Socialismo alemán de Adolf Hitler. Algo absolutamente descabellado.
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