En defensa de la ley

“La búsqueda de soluciones políticas divorciadas del derecho solo magnifican el problema en el que estamos y profundizan el desapego a la legalidad que padecemos, que es una de las situaciones que nos ha llevado hasta acá”.

ZAIR MUNDARAY | LA  GRAN ALDEA,  28 FEBRERO 2023

De muchos de los que siguen la trompeta del despotismo podré yo deciros: Perdónalos Señor porque no saben lo que hacen. Ellos obran a las órdenes del tirano: ellos invaden los derechos de su patria: contra la salud del pueblo asestan todos sus tiros: roban, matan y destrozan por las sugestiones de una conciencia errónea. Sin un rayo de tu divina luz, ellos no podrán volver en sí. Yo no me cansaré de implorar para ellos este don gratuito, ni de trabajar por la libertad de mis semejantes.

El lúcido texto con el que inicio estas líneas, aunque pareciera escrito el día de hoy en el contexto venezolano, tiene poco más de cien años, y forma parte de las ideas plasmadas por Juan Germán Roscio en El Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo, una voz cívica fundamental de nuestra historia. Son múltiples las obras en la que Roscio pone de manifiesto la necesidad de la sujeción del ejercicio del poder a la ley, ¿pero es que acaso puede ser de otra forma? Una reflexión ineludible para nosotros, es tratar de entender cómo Venezuela, la cuna del constitucionalismo latinoamericano, la tierra de Roscio, además, haya arribado a una escandalosa situación de desapego de la ley, que llega incluso a trascender la polarización que ya es característica de nuestra sociedad; es decir, tanto quienes representan al régimen como gran parte de la oposición son coincidentes en su desdén por la ley, esta que a veces parece una desvalida huérfana que no tiene  quien la defienda.

Con muchas dificultades, durante el periodo de República Civil (1958-2008), y a pesar de las falencias, se intentó construir un Estado constitucional de derecho, en el que el ejercicio del poder tenía cierto sometimiento a las normas y a las consecuencias que de su incumplimiento se derivan. Pero la llegada de la llamada revolución bolivariana tuvo como objetivo principal desmontar todo el andamiaje legal de la República y dar rienda suelta a un periodo histórico en el que ya no nos regimos por el imperio de la ley, si no por los designios del burócrata de turno. El ejercicio del poder no tiene límites, y no tiene razones para cumplir ley alguna si ello no acarrea consecuencias, la ley soy yo, porque en definitiva el pueblo soy yo y en su nombre gobierno.

“Es el derecho el piso que permite que el resto del desarrollo humano se despliegue, pues propicia la inversión, el emprendimiento, la seguridad, la armonía y la paz”

A quien le surja una duda acerca de lo que acá digo, le invito a ver la juramentación de Hugo Chávez como presidente, aquel 2 de febrero de 1999, cuando en lugar de jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, calificó de “moribunda” la Constitución vigente y se negó a jurar cumplir con ordenamiento legal vigente alguno. A partir de ese momento, el chavismo no se encontraba atado al cumplimiento de la ley y ha venido desarrollando su destructivo proyecto, de acuerdo con tal premisa. 

La eficacia de las leyes depende de la percepción de obligatoriedad o no que tengan sus destinatarios. La norma generalmente contiene un mandato plausible de cierto modo de conducta, que se supone materializa el ideal de convivencia pacífica. De modo que si todos los individuos y órganos públicos de la sociedad acatan rigurosamente los preceptos legales, se entiende que no habría conflictos sustanciales, lo que nos llevaría a una armoniosa interacción. Pero en caso de que algún individuo o grupo de individuos desacate el mandato, debe materializarse la sanción que la misma ley contempla para tal contingencia. En la medida en que se tenga certeza de aplicación de la consecuencia del incumplimiento mayor será el nivel de acatamiento, esto sin importar si la sanción sea severa o simplemente simbólica.

Pero en este momento histórico, en el que no solo todas las instituciones del Estado se encuentran al margen de la legalidad, sino que además promueven la situación de anomia, uno puede percatarse cómo la ley está más sola que nunca. Casi no aparece en los discursos de quienes aspiran a conducir el país, la promoción de la construcción de un verdadero Estado de Derecho, lo cual a todas luces es un objetivo existencial de la República. Los Estados sin vigencia real de la ley prácticamente se extinguen, existen nominalmente, pero son incapaces de propiciar la realización del proyecto de vida de las personas, de garantizar sus derechos y producir bienestar. La huida de más de 7 millones de venezolanos nos indica que estamos en esa ruta, y a pesar de que la narrativa legal no siempre es muy popular, es el derecho el piso que permite que el resto del desarrollo humano se despliegue, pues propicia la inversión, el emprendimiento, la seguridad, la armonía y la paz.

La búsqueda de soluciones políticas divorciadas del derecho solo magnifican el problema en el que estamos y profundizan el desapego a la legalidad que padecemos, que es una de las situaciones que nos ha llevado hasta acá. Lo he dicho antes, la ilegalidad no se contrarresta con más ilegalidad, a mayor contravención, más aplicación de la ley. Nos interpela el reto de reconstruir el país a partir de la consolidación de una sociedad que internalice la necesidad y las ventajas de cumplir con la ley, y claro está, con instituciones capaces de consustanciarse desde el ejemplo con tales objetivos.