Gobierno salvadoreño esquiva justicia de EEUU que lo vincula con pandillas
SAN SALVADOR – Pese a los graves señalamientos de la Justicia estadounidense de que dos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele pactaron secretamente con la pandilla MS-13, para mantener baja la tasa de homicidios, el mandatario salvadoreño parece haber salido ileso, de momento, sin costos políticos.
Los pandilleros de la MS-13 llegaron a ese acuerdo, según las investigaciones, a cambio de algunos beneficios ofrecidos por el gobierno de Bukele, desde que el mandatario llegó al poder en febrero de 2019.
Uno de esos beneficios sería el de no extraditar hacia Estados Unidos a cabecillas de esos grupos criminales, presos en El Salvador, se lee en la acusación penal impulsada por la Fiscalía General de la Corte del Distrito Este de Nueva York.
Esa acción legal se giró en septiembre de 2022, pero se hizo pública el 23 de febrero, y está dirigida contra 13 cabecillas de la temible MS-13, a quienes se les responsabiliza de cometer asesinatos y otros crímenes en Estados Unidos, México y El Salvador.
“La acusación (en Nueva York) solo viene a confirmar algo que ya sabemos”, dijo a IPS el analista Jorge Villacorta.
Villacorta se refería a las investigaciones periodísticas del diario El Faro, que desde 2021 revelaron las negociaciones que la administración de Bukele mantenía en secreto con las pandillas, algo que el mandatario ha negado siempre.
Pero una cosa es que lo revele un periódico, y otra muy distinta, que sea una acusación de la Fiscalía de Estados Unidos, en una investigación en la que participó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).
“Porque en ese caso ya estamos hablando de una acción legal” por parte de la justicia de Estados Unidos, que puede alcanzar a los dos funcionario salpicados, señaló a IPS el pastor evangélico Mario Vega, estudioso del fenómeno de la violencia pandilleril en El Salvador.
“No encuentro que la acusación penal en Nueva York signifique daños como para que afecte a Bukele su reelección”: Jorge Villacorta.
Desde 2012 Estados Unidos considera a la MS-13 como una organización criminal transnacional.
Se entiende que un Gran Jurado oyó ya las pruebas presentadas por la fiscalía y ha avalado la realización de un juicio, cuya fecha se desconoce.
Esos tres pandilleros, y otros que se capturen después, podrían en algún momento del juicio declarar contra los dos funcionarios de Bukele, “y vamos a conocer toda el secretismo que ha habido en las negociaciones”, añadió Vega.
Los dos funcionarios son el director de la Dirección General de Centros Penales, Osiris Luna; y el titular de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.
Ninguno de ellos es mencionado por su nombre en la acción legal, pero son claramente identificables por sus cargos en el gobierno.
Tampoco se menciona que habrían pactado con los pandilleros bajo lineamientos del mandatario salvadoreño, pero eso es bastante obvio porque con el estilo autoritario del presidente, nadie mueve un dedo sin su consentimiento.
Bukele, un neopopulista milenial que gobierna con creciente autoritarismo, mantiene desde el 27 de marzo de 2022 una guerra frontal contra las pandillas, que lo ha llevado a encarcelar a más de 65 000 de sus miembros, con el aval de un régimen de excepción que se prolonga desde entonces.
Sin embargo, esa guerra habría comenzado una vez roto el pacto con esas estructuras delictivas, si es que se llegara a comprobarse en el curso del juicio en Nueva York que existieron esas negociaciones secretas desde 2019 y cómo se suspendieron, en marzo de 2022.
De momento, esa persecución contra las llamadas maras le ha generado el aplauso mayoritario de la población en este país de 6,7 millones de habitantes, según coinciden todos los sondeos de opinión.
Pero el presidente también ha recibido agrias críticas por abusos cometidos por soldados y policías, que han detenido a personas sin vinculación con esas organizaciones delictivas.
Inmune en periodo electoral
Y lo que a cualquier mandatario le podría significar un golpe importante a su credibilidad y acaso le movería los cimientos de su gobierno, a Bukele no le estaría haciendo mucha mella, dijeron los analistas entrevistados por IPS.
Las informaciones sobre el caso en Nueva York, “la gente las ve como supuestas o simplemente no las cree, no veo que a Bukele le genere costos políticos importantes”, agregó Villacorta, un exdiputado de izquierda.
No lo estaría afectando ni siquiera ahora que el presidente se alista a buscar la reelección presidencial, en los comicios del 4 de febrero 2024. Ya anunció que lo haría, pero aún no se oficializa su candidatura.
La campaña proselitista aún no empieza, pero Bukele y su partido Nuevas Ideas ya movilizan su maquinaria publicitaria, ante una oposición que no levanta cabeza.
La mayoría de abogados coinciden en que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección continua en varios de sus artículos.
En mayo de 2021, una nueva Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, destituyó sin el debido proceso a los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia e impuso a cinco aliados suyos, que avalaron el derecho a esa reelección.
“No encuentro que la acusación penal en Nueva York signifique daños como para que afecte a Bukele su reelección”, acotó Villacorta, un crítico del mandatario.
Eso debido a los altos niveles de popularidad que el mandatario tiene entre la población y la aceptación de su régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y le ha permitido capturar a los 65 000 pandilleros.
Unos 2000 de esos capturados fueron trasladados a finales de febrero al Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel que el gobierno construyó en las afueras del municipio de Tecoluca, en el centro de El Salvador, y donde espera encerrar a unos 40 000 detenidos.
Villacorta agregó: “Lo que se percibe en el país y en el exterior es que Bukele, como una especie de superhéroe, en pocos meses ha terminado con las maras”.
Sin embargo, a pesar de la abundante evidencia de que ha habido abusos y detenciones arbitrarias, los salvadoreños de a pie lo estarían dejando pasar porque su principal problema, la violencia pandilleril, ha sido diezmado.
“La gente tenderá a perdonarle todo el pasado, por el hecho de que ahora a todos (los pandilleros) los tiene presos, entonces esa narrativa es la que potencia las emociones de las personas, que son las que valen a la hora de ir a votar”, comentó el pastor Vega, también opositor de Bukele.
De esos 65 000 encarcelados, 58 000 han pasado ya por una audiencia inicial con un juez, dijo el 8 de marzo el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en una entrevista televisiva.
El caso abierto en Nueva York no afecta a Bukele, “al contrario, enardece a los salvadoreños que estamos acá, porque dicen ‘cómo quieren que sigamos mal’ (por las pandillas), no van a decir, ‘ah, tienen razón, (el gobierno) nos ha lavado el cerebro’”, afirmó a IPS el criminólogo Misael Rivas.
Negociaciones hoy y siempre
Pero la guerra de Bukele contra las “maras” queda ahora más en duda que nunca, con la investigación y acusación iniciada por la justicia estadounidense contra los 13 cabecillas de la MS-13.
En la acusación penal, la fiscalía estadounidense señala que desde 2012 las pandillas, incluyendo el Barrio 18, la otra banda criminal de peso, entablaron negociaciones secretas con el gobierno de turno y partidos políticos.
En ese año gobernaba el país el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el grupo guerrillero convertido en partido político en 1992, tras el fin de la guerra civil salvadoreña.
Ese pacto, llamado “tregua” entre pandillas, se vino abajo en 2015.
Las negociaciones pandilleriles continuaron en el 2019 “en conexión con las elecciones de 2019”, continúa el documento. Ese año, en febrero, Nayib Bukele ganó la presidencia con amplia mayoría.
Añade que varios cabecillas de la MS-13 se reunieron secretamente “numerosas veces”, con los dos funcionarios, Luna y Marroquín, siempre sin mencionar los nombres, solo los cargos.
Esos encuentros se dieron en las cárceles de Zacatecoluca y de Izalco, en el centro y oeste del país, agrega, algo que había sido reportado ya por El Faro.
¿Batman en aprietos?
Incluso, cuando el presunto pacto con el gobierno de Bukele se rompió, en marzo de 2022, en uno de los audios publicados dos meses después por ese medio, se escucha decir a Marroquín que de la situación está plenamente enterado “Batman”, el seudónimo en clave otorgado al mandatario.
También la MS-13 acordó apoyar a Nuevas Ideas en las elecciones parlamentarias de 2021, las que ganó por amplia mayoría ese partido.
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De los 13 cabecillas de la MS-13 inculpados, tres ya fueron detenidos el 22 de febrero en México “por las autoridades de ese país y expulsados hacia Estados Unidos”, señaló un día después la Fiscalía General del Distrito Este de Nueva York, en un comunicado oficial.
Los capturados son: Vladimir Antonio Arévalo Chávez (apodado “Vampiro de Monserrat Criminales”), Walter Yovani Hernández Rivera (“Baxter de Park View”) y Marlon Antonio Menjívar Portillo (“Rojo de Park View”).
Para el criminólogo Rivas, el resultado del juicio, una vez que comience, está lejos de ser predecible.
Si los fiscales presionan por conocer los detalles de las negociones con el gobierno de Bukele, los abogados defensores tendrían que esforzarse por descalificar o “quebrar” la credibilidad de los pandilleros a la hora de involucrar a los dos funcionarios salvadoreños, dijo.
“Pensando como defensor, supongamos que me dan el caso, yo insistiría en ¿por qué sacan el caso ahora, cuando hay un ataque frontal contra las pandillas y ahora sí hay un pueblo salvadoreño que está contento?”, acotó Rivas, que también es abogado y que apoya el régimen de excepción.
ED: EG
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