¿Quién defiende los derechos humanos de la policía?
Tanto indígenas como campesinos están envalentonados porque saben que cooperaron en la elección de Petro quien, con su cuento de la paz total y los excesivos beneficios que ofrece a la delincuencia, antes que pacificar está consiguiendo ensangrentar la patria
Bernardo Henao Jaramillo PANAM POST 
Con dolor de patria venimos registrando cómo día a día las instituciones que otrora fueron orgullo de los colombianos se vienen debilitando, destruyendo, para dar paso a organizaciones ilegítimas. Tal es el caso, entre otras, de nuestras Fuerzas Militares sustituidas por “ejércitos irregulares”, uno de ellos la denominada “guardia campesina” protagonista de un dantesco episodio en San Vicente del Caguán, Caquetá, que ha sumido al pueblo colombiano en desolación, amargura y un absoluto escepticismo. «Guardia campesina» que, tal vez por coincidencia, ha sido impulsada por la bancada de los Comunes y un representante del Pacto Histórico, pero que a la fecha no tiene existencia legal, la que “como mecanismo comunitario de protección” asesinó a un integrante del ESMAD que se encontraba en completa indefensión. Cuando uno se detiene a observar el video que contiene lo sucedido ve el momento en que la salvaje «guardia» lo secuestra y la cara del joven policía dirigiéndose al cadalso lo dice todo: sabe que ese será el último día de su existencia.
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¿Por qué fue ejecutado el subintendente Ricardo Monroy Prieto (Q.E.P.D.)? Totalmente incomprensible, reprochable y repudiable ese doloroso crimen. El feroz método utilizado recuerda a los terroristas islámicos. ¿Es posible que, dada la penetración islámica de los últimos tiempos, extremistas ocultos en esa guardia hayan perpetrado el asesinato o será que hay “guardianes” entrenados en esa clase de ejecución? ¿Será que esa es la forma de apostarle a la paz total?
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La muerte del subintendente Ricardo Monroy Prieto es un crimen atroz por el cual deben ser judicializados sus autores por asesinato, como también por el secuestro de los policías, pues, ni siquiera las normas que amparan a otra de las “guardias” la indígena, igualmente enfrentada a la fuerza pública, resultan aplicables para crímenes atroces ni de lesa humanidad.
Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ha estado dedicado a enjuiciar a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, y a perder el tiempo. En la red Twitter, en vez de rechazar el crimen asume una posición incomprensible. Se limitó a indicar: “Tenemos un movimiento popular que por su exclusión y por el influjo de grupos que quieren destruir este gobierno y sumir a Colombia en la guerra, ha terminado asesinando a un joven policía campesino, y propiciado la destrucción del primer gobierno progresista de este siglo”. Las evidencias son claras: esa guardia fue la que ejecutó al subintendente.
Lo ocurrido nos lleva a preguntarnos ¿por qué no se usa la fuerza legítima de la República y sí las armas de la delincuencia? El síndrome de la Fiscalía y la Procuraduría no puede ser excusa válida. La Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos autoriza a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de proteger la vida, la libertad y la seguridad de las personas a utilizar la fuerza y las armas para enfrentar a los delincuentes y responder a la agresión. Necesitamos tener al frente de las unidades a oficiales capacitados y respetuosos del DIH, pero que entiendan que están facultados para usar la fuerza y las armas cuando lo requiera el desempeño de su misión.
Ver a nuestros policías encaramados en un camión y tratados de “cerdos” nos produce profundo desasosiego y congoja. Por fortuna no fueron atendidas las voces que se escucharon en los videos de gentes descontroladas que incitaban a matarlos y quemarlos.
El presidente dispuso el traslado del ministro de Defensa al Caguán cuando lo que ha debido hacer, como comandante en jefe, era ordenar la movilización de las tropas para rescatar a los policías y recuperar las instalaciones de la empresa Emerald Energy tomada y destruida por las “guardias”.
Tanto indígenas como campesinos están envalentonados porque saben que cooperaron en la elección de Petro quien, con su cuento de la paz total y los excesivos beneficios que ofrece a la delincuencia, antes que pacificar está consiguiendo ensangrentar la patria.
La Fiscalía debe proceder y nunca aceptar otra jurisdicción.
La moral de la tropa está por el piso. Baste escuchar al policía solicitando apoyo para que no fueran secuestrados y solo escucha al otro lado el operador de la central que le indica que conserve la calma y cordura; pero no llegaron los refuerzos, lo que impone saber qué pasó con el alto mando policial y con el propio ministro de Defensa.
Si la moral sigue en picada y persiste el absurdo de trasladar la policía al Ministerio del Interior, el panorama que se vislumbra es tétrico, la total indefensión de los colombianos, máxime que a quienes cumplen la ley se les impide legalmente portar armas, mientras que los bandidos salen cada vez más de las cárceles por la tal «paz total».
La sociedad civil nuevamente en masa y con camisa blanca y bandera tricolor en mano, debe marchar respaldando a la policía y exigiéndole al gobierno su protección, y, valga decirlo, se extraña que la ONU y la Comisión Interamericana guarden total silencio.
En fecha por determinar, con probabilidad de que sea el último sábado de marzo, saldremos los colombianos a marchar rechazando esos actos delincuenciales y exigiendo justicia, que no vaya a haber impunidad. Ese día lucharemos, simbólicamente, en apoyo y defensa al personal de policías, seres que tienen familia y cuyos derechos humanos deben ser salvaguardados. Su ajusticiamiento y secuestro constituye un acto de barbarie, salvajismo y un linchamiento.
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