Corte de Miami lanzó nuevas acusaciones contra Maikel Moreno por presuntos sobornos
Un gran jurado federal de Miami ha acusado a Maikel José Moreno Pérez, de 57 años, ex presidente del Tribunal Supremo de Venezuela y actual magistrado del Tribunal Supremo de Venezuela, de “conspirar para blanquear y lavar sobornos que recibió a cambio de utilizar su cargo para resolver casos civiles y penales en Venezuela a favor de los pagadores de sobornos”. Así lo reseñó una nota de prensa emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida.
Según los documentos de acusación penal, como presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, “Moreno tenía el poder de influir en las decisiones judiciales, ya que tenía la autoridad para determinar el panel de jueces que conocían de los casos en el Tribunal Supremo y el poder de nombrar o destituir a los jueces de tribunales inferiores a nivel de primera instancia y de apelación en Venezuela”. Esta actividad se habría prolongado desde 2014 hasta marzo de 2019.
Además, el texto alega que Moreno “recibió más de 10 millones de dólares en sobornos, normalmente de contratistas venezolanos que habían recibido contratos de entidades propiedad del régimen venezolano. En 2014, antes de su nombramiento como presidente del Tribunal Supremo, recibió un millón de dólares a través de transferencias electrónicas a su cuenta bancaria personal en Miami de un contratista venezolano. Este dinero fue por acordar resolver futuros casos penales venezolanos a favor de este contratista”.
Durante su mandato en el Tribunal Supremo, Moreno habría recibido “sobornos a cambio de influir en acciones en casos penales, incluyendo la desestimación de cargos penales y órdenes de arresto o la orden de confinamiento domiciliario para los acusados, según los documentos de acusación penal. Moreno recibió sobornos de un contratista acusado en Estados Unidos de un esquema de fraude multimillonario para que se desestimara una causa penal venezolana”.
También el señalado “recibió sobornos a cambio de tomar medidas oficiales en casos civiles venezolanos. Aceptó autorizar el embargo judicial de una fábrica de automóviles de General Motors (valorada en unos 100 millones de dólares) como parte de un litigio civil a cambio de un porcentaje de interés en los beneficios de la venta de la fábrica, según se alega. Llevaba un libro de contabilidad de sobornos que registraba millones de dólares de sobornos recibidos y gastos personales”.
Tomado de La Patilla.com
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