De Fujimori a Trump, coincidencias históricas
No lograron jamás derrotar a Fujimori en las urnas electorales, pero lograron encarcelarlo. En democracia, lo importante es quién controla el Estado, y en nuestros días, quién controla el Poder Judicial, desde allí se gobierna. Lo mismo ocurrirá con Donald Trump, no podrá defenderse del sistema judicial. El estado profundo lo meterá en la cárcel y no le permitirá ser presidente
El 5 de abril de 1992, el presidente del Perú, Alberto Fujimori, en mensaje a la nación peruana, anunció la disolución temporal del Congreso, así como la reorganización de los poderes Legislativo y Judicial. En la práctica una refundación del fallido Estado peruano que se dedicaba a oprimir al ciudadano. El Estado, que en la práctica son los burócratas y políticos de turno, era dueño de todo. Todas las empresas eran públicas, y la actividad privada estaba prohibida por la cantidad de regulaciones e impuestos. Este estado profundo, que empezó a gestarse durante el primer gobierno populista/socialista de Fernando Belaunde (1963 – 1968), continuo creciendo durante los diez años de revolución comunista del gobierno militar,(1968 – 1980), en donde se estatizó toda la actividad y propiedad privada, no importando el tamaño, y se la entregó al estado profundo para que lo administrara. Perú retornó a la democracia en 1980, nuevamente con Fernando Belaunde, el cual no devolvió la libertad al ciudadano, por el contrario, el puño del Estado se cerró más, y permitió el desarrollo del terrorismo comunista desde las universidades públicas, las empresas públicas y sus sindicatos, en la practica el Estado peruano financiaba al enemigo que lo quería destruir. La inflación en el segundo gobierno de Belaunde llego a 125 % anual, de acuerdo con la medición oficial, para el ciudadano esta era mucho más. El peruano estaba acorralado entre dos frentes, el estado profundo protegido por la partidocracia y el terrorismo comunista.
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En 1985, Alán García Pérez, con 35 años de edad, es elegido presidente del Perú por el APRA. Alán García prometió llevar la revolución socialista aún más lejos, y lo logró con creces haciendo crecer el estado con miles de burócratas sin misión, produciendo inflación de 2.250 % al año, estatizando la banca privada, la cual felizmente no se concretó. El primer gobierno de Alán García fue un desastre, un infierno para el peruano que ya hacía dos décadas huía del Perú, a Venezuela por ejemplo, o Argentina.
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Tanto Belaunde como García no se atrevieron a desarmar el estado profundo, simplemente se pasaron la posta. Entraban unos, saqueaban hasta donde podían, luego se iban para que el nuevo hiciera lo mismo en las empresas estatales, y en cargos de poder donde podían solicitar sobornos, incluyendo el Poder Judicial. Todo este Estado zombi, Fujimori lo incineró y enterró, pues no servía al ciudadano. Es por eso que el cierre del Congreso e intervención de poderes Legislativo y Judicial para reorganizarlos, fue en extremo popular. Al año siguiente, 1993, el líder de Sendero Luminoso fue capturado, y el terrorismo derrotado en las ciudades y el campo. Se empezó un programa de invitación a renunciar en el sector público y la venta de empresas estatales, las mismas que estaban todas quebradas desde hace quince años atrás. La venta de empresas públicas es el golpe que el estado profundo peruano jamás le iba a perdonar a Fujimori, les cortó su fuente de financiamiento y poder.
Ante los resultados, el apoyo popular y electoral de Fujimori fue inmenso, nunca antes visto en la historia republicana del Perú. Ganó las elecciones de 1995, derrotando a un personaje de la progresía global, el exsecretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuellar. Fujimori obtuvo 65 % de los votos válidos, elegido en primera vuelta. En las elecciones del año 2000, Fujimori se postulaba a su tercera reelección, interpretada jurídicamente como la segunda por la nueva Constitución. Se enfrentaba nuevamente a la alianza del progresismo global, el cual no dejó nunca de armar una leyenda negra internacional en su contra, cuya figura más notoria era Mario Vargas Llosa. En el año 2000, la progresía global construyó la figura del indígena triunfador alrededor de Alejandro Toledo, el cual después de perder las elecciones en segunda vuelta, en donde Fujimori obtuvo 74 % de los votos y Toledo el 26 %, denunció fraude electoral armando una campaña global en contra del Perú, la cual se concretó cuando el multimillonario George Soros donó un millón de dólares a Toledo, para que organizara la llamada “Marcha de los Cuatro Suyos,” que en realidad fue un golpe de Estado utilizando la estrategia del enjambre. La suerte de Fujimori y el Perú estaba echada, se decidió en Washington, DC. Fujimori salió del país y renunció.
En 2001 se celebraron nuevas elecciones solamente para elegir presidente, ganando Alejandro Toledo, hoy prófugo de la justicia, peleando su extradición ya concedida al Perú en donde se le acusa de haber recibido 30 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, un soborno.
Toledo inicia la cacería de brujas judicial más larga y grande que Perú jamás ha conocido, con apoyo de la maquinaria progresista global, empezó liberando terroristas, con apoyo de ONGs de derechos humanos, y la misma Corte Interamericana de DDHH, al mismo tiempo que prohibió el combate de las FFAA contra los rezagos del terrorismo ocultos en zonas de narcotráfico. El estado profundo tomó nuevamente control del Perú, y dictaba la agenda, siendo su trofeo mayor el mismo Alberto Fujimori.
Fujimori fue extraditado desde Chile en Setiembre de 2007, desde esa fecha está encarcelado, es más popular que antes pese a largas campañas mediáticas para destruir su imagen, es imposible lo derroten en las urnas. Las circunstancias de su juicio y condena son las que ahora nos conectan con las de Donald Trump. Para poder juzgar y condenar a Fujimori se buscó la forma de conectar su cargo de presidente con hechos que se imputaron. Al igual que en la teoría para acusar a Trump, ciertas acciones de Fujimori sirvieron supuestamente para que se cometiera los delitos que se le imputan. Ósea un acto administrativo, cotidiano, se convierte o evoluciona en falta, y esa falta en un delito, esto es jurídicamente imposible, aplicar “evolucionismo legal” al Derecho, algo que no existe.
A Fujimori en su juicio le aplicaron una teoría jurídica y un delito que no existían en el Perú, cuando ocurrieron los hechos delictivos y durante su juicio, la teoría de la “Autoría Mediata”, por la cual el jefe de una organización es responsable por los actos de sus subordinados, si es que este ordena. Aclarando, que el Estado peruano, y cualquier otro estado, no es una “organización,” es un estado y está constituido como tal, en donde cada funcionario conoce su deber y lo tiene escrito en reglamentos. A Fujimori lo acusaron y condenaron a 25 años por ser autor mediato de dos acciones armadas del Ejército contra Sendero Luminoso. Un grupo de acciones tácticas del Ejército desarrollaba guerra de baja intensidad contra el terrorismo, y tomó la decisión de atacar a dos grupos de aniquilamiento de Sendero Luminoso. Según el fiscal, el presidente de la República sabia, o debía de estar enterado de las acciones de guerra contra la subversión que realizaban las FFAA, un absurdo que no se probó en juicio.
Esta persecución político-judicial va mucho más lejos, destruyendo todo el orden jurídico del Perú; el 24 de diciembre de 2017, el entonces presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, indultó a Fujimori. Este indulto fue ilegalmente anulado por el juez Jorge Luis Salas Arenas, ahora jefe del Jurado Nacional de Elecciones. Los indultos no se pueden anular, son cosa juzgada, es teoría elemental del Derecho, y así lo confirmó el Tribunal Constitucional del Perú, ordenando la liberación de Fujimori, pero llegó la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenando no se libere al expresidente que tiene 84 años, está enfermo de cáncer y todos los males de su edad. El análisis jurídico es que Fujimori está secuestrado por el Estado, ya que existe sentencia del máximo tribunal peruano que ordena su liberación.
No lograron jamás derrotar a Fujimori en las urnas electorales, pero lograron encarcelarlo. En democracia, lo importante es quien controla el Estado, y en nuestros días, quien controla el Poder Judicial, desde allí se gobierna.
Donald Trump, siendo presidente y ocupante de la Casa Blanca, no pudo contener el presunto fraude electoral de 2020 que denunció, mucho menos podrá ahora defenderse del sistema judicial y contra el progresismo globalista, tampoco le permitirán ser presidente. El estado profundo, que el mismo denunció, lo meterá a la cárcel, luego irán contra su familia y colaboradores, no pueden permitir un presidente que no haga la guerra, alimente el complejo industrial de los Estados Unidos, defienda la familia, los niños y los valores cristianos.
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