Desigualdad salarial y precariedad laboral: la realidad de los trabajadores en Venezuela
El incremento de la desigualdad salarial se agudizó desde 2018, cuando repuntó la hiperinflación. El salario mínimo y las pensiones en Venezuela se ubican en 130 bolívares, unos cinco dólares. Un maestro gana alrededor de 20 dólares mensuales, según la Federación Venezolana de Maestros. Por su parte, los profesionales de la salud devengan sueldos que rondan los 16 dólares al mes, según el Colegio de Enfermeras del Distrito Capital
María Iriarte | Radio Fe y Alegría
El tema de los salarios en Venezuela sigue dando de qué hablar. El 2023 inició con protestas por parte de los trabajadores del sector público y los pensionados, quienes exigen salarios y pensiones justas, que les permitan cubrir sus necesidades básicas en medio de una inflación que, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), se situó en enero en 39,4 %.
El OVF apuntó que el salario promedio del sector privado, referido al comercio y servicios en el área metropolitana de Caracas, en diciembre de 2022, era de 139 dólares mensuales, reflejando que la brecha entre la remuneración promedio del sector privado respecto al público alcanzó casi el 200 %.
¿A qué se debe la desigualdad salarial?
Omar Zambrano, economista, jefe de Think Anova y docente de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó que es a causa de que el Estado es el patrono de aproximadamente 2 millones 200 mil empleados y, además, tiene la carga de unos 4 o 5 millones de pensionados.
«En estos momentos, el Estado venezolano es financieramente insolvente porque se quedó sin ingresos legítimos o tiene pocos ingresos dado al tamaño de sus gastos. El sector petrolero está disminuido a su mínima expresión, no están cobrando impuestos porque el IVA y el Impuesto sobre la Renta son pagados en bolívares, que es una moneda que perdió todo su valor, y no tiene acceso a préstamos internacionales», comenta en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias.
Una solución de carácter político
El incremento de la desigualdad salarial se agudizó desde 2018, cuando repuntó la hiperinflación y el Gobierno mantuvo una política de contención salarial para disminuir los gastos de su sector y seguirá aumentando porque el salario del sector público está atado en gran medida al salario mínimo, sostiene el economista y profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas (Unimet), Hermes Pérez.
Pérez dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que los desafíos para acortar la brecha salarial son más políticos que económicos, puesto que en el 2022 el Gobierno percibió, al menos, 18 millones de dólares por la renta petrolera: un 200% más respecto al 2020.
Por ello, no se justifica que el sueldo mínimo sea el más bajo de Latinoamérica, considerando los 33 países que conforman la región, cuando en naciones con economías sumamente débiles como la de Haití, Cuba o Nicaragua los sueldos son entre 100 a 125 dólares, subraya el docente de la Unimet.
«Va a ser imposible que los salarios públicos mejoren si el Estado no logra sanear sus finanzas públicas; es decir, recibir financiamiento, atender el tema petrolero o dolarizar completamente y cobrar los impuestos en dólares. Se requiere un plan integral con apoyo internacional», comenta el jefe de Think Anova, Omar Zambrano.
Por su parte, Pérez resaltó que el incremento de los sueldos y salarios no debe verse solo como un aumento del gasto público, sino que tiene repercusiones positivas en la inversión y en que el Gobierno obtendrá más ganancias por impuestos en los distintos sectores, cuando aumente la demanda y por ende la inversión.
Sobre la petición de los empleados públicos de dolarizar los sueldos, ambos economistas coinciden en que no lo ven factible. Pérez aseveró que se necesita tener piezas del cono monetario estadounidense y eso amerita el permiso del Sistema de la Reserva Federal, de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros para importarlos y de las aduanas, que en virtud de las relaciones inexistentes entre Venezuela y Estados Unidos, es prácticamente imposible. Por lo tanto, la solución sería contener la inflación.
«Si en el futuro se logra recuperar el sector petrolero, bien sea con el alivio de las sanciones o con inversiones petroleras y se empieza a producir más, se relajaría la restricción financiera sobre el Estado y quizás podrían pagar un poco más», declara Zambrano.
Por otro lado, la abogada Mary Olga Girán piensa que habría que establecer una mesa de diálogo, implementar políticas públicas que incentiven a la inversión y a la productividad, porque un aumento salarial que no esté sujeto a este último factor es inflacionario. Asimismo, opina que se debe proteger y favorecer a las empresas nacionales sobre las extranjeras.
La brecha también es de género
Las cifras evidencian que la brecha salarial por género existe en el país desde hace años, pese a que la igualdad de remuneración por género es un derecho reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1919.
Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reveló que la diferencia en las remuneraciones laborales entre las mujeres y los hombres en Venezuela es de 21,79 %.
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Considerando que muchos de los hogares venezolanos son dirigidos por mujeres, la mayor incidencia de pobreza en este grupo implica «mayores riesgos de vulnerabilidad en general», expone el informe del BID.
Para Susana Reina, directora de la ONG FeminismoINC, esto es un tema en el que tanto el Gobierno como las empresas privadas deben tomar acción inmediata. El Gobierno legislando y las empresas privadas llevando sus estadísticas desagregadas por sexo e introduciendo correctivos que permitan reducir lo más pronto posible esta brecha, ya que desde las ONG es muy poco lo que se puede hacer más allá de denunciarlo, difundir el mensaje junto a la sociedad civil y medirlo.
Enfatizó que la igualdad de remuneración por género es un principio de justicia básico y de reivindicación social, para que no se perpetúe el ciclo de la explotación laboral, ya que a lo largo de la historia las mujeres se han considerado ciudadanas de segunda.
«Empezando porque el trabajo doméstico no es remunerado, ni siquiera reconocido como trabajo, como si eso no aportara al producto interno bruto o ese sostenimiento del hogar no fuera parte de la economía», comenta Reina en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias.
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No obstante, agregó que las mismas mujeres ven muy difícil que las empleen por el mito de que la maternidad obstruye su productividad, entonces se esfuerzan más y se conforman con los que les paguen, porque las pocas que reclaman son tachadas de «conflictivas, hormonales o histéricas».
Añadió que, si las empresas y organismos públicos aprovechan el talento de todos y todas por igual, se eliminaría la pérdida del talento femenino porque para muchas se les es más rentable quedarse en sus casas a seguir sosteniendo una carga laboral remunerada a medias, más la carga doméstica no remunerada.
Reina puntualiza que el hecho de que en el país no hay obligatoriedad de entrega de cifras salariales hace que la desigualdad se presente más en el sector privado, donde también influyen en mayor medida los estereotipos, sesgos de género y el considerar a las mujeres menos importantes que los hombres.
Asegura que esa violencia económica produce una sensación de subestimación, desvalorización, inutilidad e impotencia que impacta en su desempeño laboral.
Reina también manifiesta que las áreas profesionales con mejores remuneraciones y las posiciones de más alto nivel son precisamente las que están ocupadas mayoritariamente por hombres como tecnología, finanzas, petróleo y energía; mientras que en el sector de la salud y la asistencia social las mujeres reciben sueldos muy bajos.
Violación a los derechos
El problema no radica únicamente en la escasa cantidad de dinero que perciben los trabajadores sino también en la serie de violaciones a sus derechos laborales que incluyen: el incumplimiento a los acuerdos de las convenciones colectivas vigentes y el recorte a los montos de sus bonificaciones a través del Instructivo Onapre; retrasos en la cancelación de sus salarios y bonos; despidos injustificados; amenazas y represalias por manifestar sus incomodidades y la eliminación de seguros de salud y funerarios.
Aparte de estos casos ampliamente conocidos y expuestos, otros fenómenos de los cuales se habla menos se están presentando en el país.
Hace unos meses, Ana, a quien llamaremos así porque prefirió dar su testimonio bajo resguardo de su identidad, recibió una oferta de trabajo y le advirtieron que «debía estar a prueba un mes (no remunerado), no existían los días feriados, no había ningún tipo de beneficios aparte del salario, se trabajaba de lunes a sábado y no se firmaría contrato por tratarse de un préstamo de servicios, ya que era un trabajo remoto».
Ana rechazó trabajar por todo un mes gratis y, aunque su empleador dijo que era un aspecto que se podía negociar si estaba de acuerdo con el resto de las condiciones, no la volvió a contactar para continuar con el proceso de selección.
Asimismo, a través de Twitter se exponen denuncias de explotación laboral en comercios y se escuchan experiencias de personas que son despedidas de sus puestos de trabajo injustificadamente alegando «recorte de personal» y se les exige firmar una carta de renuncia.
«Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, no importa que él diga que está bien que no le paguen vacaciones, prestaciones ni nada. De todas maneras, siempre va a tener la protección de las leyes que presumen la relación laboral y entre quien presta un servicio y quien lo contrata. En cualquier momento puede pedir la reivindicación que le corresponda», recalca la abogada especialista en derecho laboral, Mary Olga Girán.
Ahora bien, en cuanto al teletrabajo no existen normas vigentes en el país porque se entró al mismo de forma abrupta durante la pandemia de covid- 19, por lo que debe haber un convenio entre ambas partes y establecer condiciones, expone la experta en derecho del trabajo.
Un aspecto resaltante es la probanza de que se está trabajando para una empresa o persona de forma remota. Para esto, la abogada recomienda guardar correos electrónicos y mensajes, procurando que se le den respuestas concretas sobre los aspectos que denunciará. Otra prueba son los depósitos bancarios de forma regular por un mismo monto.
Girán insiste en que el trabajo esclavo es muy difícil que llegue a concretarse porque siempre el trabajador tendrá herramientas protegidas por la ley y las inspectorías de trabajo; pero, si sucede, debe denunciarse a la empresa porque es violatorio de normas legales, constitucionales y de derechos humanos.
Sobre los despidos injustificados indica que si es un contrato de período de prueba el empleado puede ser despedido durante los 30 días de prueba, si es un contrato por un tiempo específico se debe revisar para qué fue contratado porque estos están prohibidos en Venezuela, a menos que esté supliendo una falta temporal de algún trabajador.
Si es un contrato para un proyecto que tenga una fecha límite y ocurre un despido antes de que transcurran los tres o seis meses fijados, puede ir a la Inspectoría del Trabajo e intentar una solicitud de reenganche y de pago de salario caído, que implica pagar todo el término de vigencia del contrato y las prestaciones sociales por los meses de servicio.
Finalmente, sobre las amenazas y represalias contra los trabajadores que protestan, admite que están bastante desasistidos legalmente, porque las inspectorías del trabajo son ineficaces cuando las denuncias son contra el Estado, porque estas son parte del Gobierno y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no tiene poder sancionatorio, su única sanción sería expulsar a Venezuela, lo cual no favorece porque se perdería el respaldo de un organismo internacional.
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