Venezuela, Estado y Petróleo, por Carlos Torrealba Rangel
Twitter: @ctorrealbar | IG: @carlostorrealbarangel
En días pasados escribí una nota, que compartí en chats de economía sobre el rol del Estado y la industria petrolera, que suscitó diversos comentarios, unos a favor del planteamiento y otros calificándolo como una postura neoliberal, concepto que, por cierto, aún divide aguas no solo en Venezuela sino también en la región latinoamericana.
La riqueza proveniente de la explotación de los hidrocarburos ha marcado el devenir de nuestra economía desde, por lo menos, la década de los 20 del pasado siglo; algunas veces de manera abierta, otras más velada. Y, dadas nuestras actuales reservas y la superioridad que aún mantiene el petróleo como principal fuente energética del mundo, no luce cercano el día en que dejaremos de ser un país petrolero. Es por ello que considero que todo esfuerzo que se haga por debatir en Venezuela los asuntos petroleros y el rol del Estado en la economía nunca será en vano.
Seguidamente, voy a resumir aquí las ideas planteadas en la nota referida, haciendo la salvedad de que no opino como técnico petrolero, pues ni lo soy ni lo pretendo. Lo que sí soy es un ciudadano que estima que en estos asuntos deben participar no solo calificados expertos sino también, y principalmente, los actores sociales, económicos y políticos del acontecer del país, para poder valorar diferencias de enfoque, juicio y matices en la pluralidad de posturas que son cruciales para definir el futuro de Venezuela.
Respecto al tema petrolero, estoy cada vez más persuadido de que la industria debe ser abierta al capital nacional e internacional, porque el desarrollo de la misma requiere de miles de millones de dólares de los que el Estado no dispone ni está en condiciones para desembolsar frente a otras necesidades perentorias del país.
Sin el aporte del capital privado, Venezuela, más temprano que tarde, se convertirá en un país expetrolero. Por suerte, en ambientes académicos y empresariales, no así en el mundo político, ha ido cobrando fuerza la idea de la participación privada en la industria, aunque hasta allí llega el consenso, dado que todavía existe duda sobre el papel de Pdvsa.
Pdvsa es hoy una empresa endeudada y en pésimas condiciones financieras y operacionales, que no está dando recursos al Estado, porque lleva años alejada de su misión empresarial, incapaz de cumplir con los objetivos para los cuales se creó. Esta empresa requiere cambios de raíz, no para su rescate, el cual es inviable, según opinión de expertos calificados, sino para estabilizarla para luego decidir que hacer con ella.
En mi opinión, de mantenerse esta empresa, ella debe ser un actor más, sin ningún predominio especial. En todo caso, el Estado no necesita ser un operador en la industria para que la misma funcione en forma óptima y sea un factor dinamizador de la economía. Lo que sí debe hacer el Estado es crear el marco regulatorio y las reglas de juego, entre ellas una nueva Ley de Hidrocarburos moderna para el desarrollo pleno de la industria a través de la creación de valor agregado nacional, sustentado en la inversión privada nacional e internacional.
Aquí lo verdaderamente importante no es la permanencia del monopolio del Estado a través de Pdvsa, sino crear una industria petrolera altamente competitiva que impacte a toda la estructura económica de país por los encadenamientos productivos que se generen para obtener beneficios en conjunto.
Del sector petrolero, el Estado ha de obtener sus ingresos básicamente vía Impuesto Sobre la Renta y regalías. No obstante, si se mantiene Pdvsa, o cualquier otra empresa que la sustituya, como un operador más, entonces de ahí derivará un ingreso adicional por concepto de beneficio, siempre que esa participación genere rentabilidad en forma proporcional a los recursos invertidos.
Al petróleo debe quedarle cuatro o cinco décadas más como la principal fuente energética que mueve el aparato industrial del mundo. Esa ventana de oportunidad debe ser aprovechada para construir una industria petrolera de primera que impulse una Venezuela de primera, aceptando al mismo tiempo que el petróleo no debe seguir siendo la palanca de desarrollo del país.
Respecto al rol del Estado, suscribo la tesis de que este debe dejar de ser empresario y concentrase en funciones básicas, tales como educación, salud, infraestructura, seguridad y soberanía.
El Estado venezolano como empresario es cosa del pasado. En realidad, con muy pocas excepciones, ha sido un fracaso, por lo que lleva a cuesta una mala reputación signada por la corrupción y la ineficiencia.
En dirección contraria al Estado interventor, ha de desarrollarse una economía de mercado basada en la diversificación productiva, en la innovación, en la productividad, en el desarrollo de ventajas competitivas y en la exportación, incentivando la creación de miles de empresas, entre pequeñas, medianas y grandes.
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Cabe agregar como síntesis de este pensamiento la famosa frase del canciller de Alemania Willy Brandt (1969-1974), cuando dijo en 1958, siendo alcalde de la Berlín divida en dos, que en un país que se precie de serio, «tiene que haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario». O dicho con otras palabras, sensatez y pragmatismo.
Concluyo este punto señalando que, en mi opinión, se requiere en Venezuela un Estado fuerte, pero pequeño, con funcionarios calificados y bien remunerados, ejerciendo una carrera pública estable y con sentido de continuidad para garantizar el cumplimento de la protección de la propiedad privada como impulso de las capacidades de desarrollo económico a través del incentivo a la inversión privada y la libertad económica.
Los temas aquí planteados deben estar en la agenda de debate público, partiendo del reconocimiento de que Venezuela necesita un cambio profundo para poder aspirar a formar parte de los países desarrollados del mundo. Una tarea inmensa, pero posible, que otros países han logrado en un esfuerzo continuado de 30 o 40 años, impulsando la economía de mercado, el emprendimiento empresarial masivo, la inversión en educación, ciencia y tecnología y, por supuesto, la democracia como elemento esencial para el desarrollo económico y el bienestar social.
Carlos Torrealba Rangel es economista
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