Amnistía Internacional reclama protección social universal

LONDRES – La organización Amnistía Internacional (AI) ha pedido a los Estados del mundo que trabajen por una seguridad social a disposición de todas las personas, ante la serie de crisis que han dejado a cientos de millones expuestas al hambre y a un ciclo de pobreza y privaciones.

Agnès Callamard, secretaria general de AI, planteó que “un conjunto de crisis ha venido a demostrar lo mal preparados que están muchos Estados para facilitar a la población una ayuda imprescindible”.

“Impresiona pensar que más de 4000 millones de personas -es decir, en torno a 55 % de la población mundial- no tienen acceso ni siquiera a la más básica protección social, a pesar de que el derecho a la seguridad social quedó ya consagrado en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos”, dijo Callamard.

En un documento publicado este miércoles 10, “Precios al alza, protestas crecientes: argumentos a favor de la protección social universal”, AI pide el alivio de la deuda internacional, e insta a los Estados a reformar sus sistemas impositivos y perseguir el fraude fiscal, a fin de liberar fondos con los cuales sufragar la protección social.

Su análisis muestra cómo el alza de los precios de los alimentos, el cambio climático y las consecuencias económicas de la pandemia covid-19 y de la invasión rusa de Ucrania están alimentando una catastrófica crisis humanitaria y provocando cada vez más agitación social y protestas.

El texto insta a los Estados a garantizar que la cobertura de la seguridad social –como subsidios por enfermedad o discapacidad, atención médica, pensiones para la población de edad avanzada, manutención infantil, prestaciones familiares y ayudas a la renta- esté a disposición de cualquier persona que pueda necesitarla.

Además, describe cómo, en numerosos Estados, la falta de seguridad social ha dejado a las comunidades expuestas en mayor medida a repentinos reveses económicos, a las consecuencias de los conflictos, al cambio climático o a otras perturbaciones.

Las consecuencias de estas crisis -entre ellas, el hambre generalizada, el crecimiento del desempleo y la indignación ante el empeoramiento del nivel de vida- dan lugar en todo el mundo a protestas que, con frecuencia, son brutalmente reprimidas.

“La protección social universal puede abordar las violaciones de derechos económicos y sociales de las que suelen partir las reivindicaciones y protestas”, observó Callamard.

Sostuvo que “en lugar de ver la protesta pacífica como un intento, por parte de la población, de reclamar sus derechos, las autoridades han respondido a menudo a las manifestaciones con un uso innecesario o excesivo de la fuerza. La protesta pacífica es un derecho humano, y Amnistía Internacional lucha por protegerla”.

“Estas crisis han dejado postrada a la población, y cuando hablamos de resolver los problemas del mundo, en raras ocasiones existe una solución sencilla, pero lo que sí sabemos es que los Estados se deben tomar en serio la persecución del fraude fiscal”: Agnès Callamard.

El encarecimiento de los alimentos y de otros artículos básicos ha afectado con especial dureza a las poblaciones de los países de bajos ingresos, pero el aumento en el uso de bancos de alimentos en los países más ricos demuestra que la crisis del coste de la vida y de la asequibilidad de los alimentos es generalizada.

La invasión rusa de Ucrania, importante productor de cereales, supuso “un golpe demoledor para el suministro alimentario mundial”, y ha llevado los precios de los alimentos a sus más altas cotas desde 1990.

Asimismo, el cambio climático y el constante aumento de los precios de los fertilizantes han repercutido también en la producción agrícola, siendo la sequía el factor que más contribuye por sí solo a la disminución de las cosechas

En el informe se pide a los acreedores internacionales que renegocien o cancelen las deudas para facilitar una mejor financiación de la protección social.

Resalta que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se calcula que el costo de ofrecer una cobertura básica de seguridad social en los Estados de ingresos bajos o medianos bajos es de 440 800 millones de dólares estadounidenses al año.

Esa suma es inferior a los 500 000 millones de dólares que, según la red de investigadores y activistas Tax Justice Network dejan de percibir anualmente los Estados debido a los paraísos fiscales.

“Estas crisis han dejado postrada a la población, y cuando hablamos de resolver los problemas del mundo, en raras ocasiones existe una solución sencilla, pero lo que sí sabemos es que los Estados se deben tomar en serio la persecución del fraude fiscal”, expuso Callamard.

AI apoya el establecimiento de un Fondo Mundial de Protección Social sometido a gestión internacional, “concepto que ha sido respaldado por el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (Olivier De Shutter), el secretario general de la ONU (António Guterres) y la OIT”.

La creación de ese fondo permitiría ofrecer a los Estados ayuda técnica y económica para que ellos, a su vez, puedan ofrecer seguridad social y, en última instancia, fortalecería la capacidad de los sistemas nacionales de seguridad social para incrementar sus respuestas en tiempos de crisis, según la organización.

El documento subraya que la falta de una seguridad social adecuada puede ser catastrófica para el creciente número de personas que a duras penas pueden permitirse comer.

Recordó que según, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en todo el mundo 349 millones de personas corren peligro inminente de sufrir escasez alimentaria, mientras que 828 millones se van a la cama con hambre todas las noches.

Frente a ese panorama, “proteger a la población de sufrir pérdidas a causa de perturbaciones -desde catástrofes naturales hasta regresiones económicas- puede tener efectos transformadores, al reducir las tensiones sociales y los conflictos, y fomentar la recuperación”, concluyó Callamard.

A-E/HM