Maduro aumentó el cestaticket, le restó al «bono de guerra» y dejó igual el sueldo mínimo
TCDEl sueldo mínimo en Venezuela no se ha ajustado desde marzo de 2022. Para el momento en que se hizo ese anuncio oficial, el monto equivalía a 30 dólares mensuales a tasa BCV, pero en 2023 apenas supera los cinco dólares. El anuncio de Maduro se traduce en un ajuste efectivo de apenas 13 dólare sparaun trabajador que reciba cestatickets y «bono de guerra económica»
Nicolás Maduro informó este lunes 1° de mayo que el ticket de alimentación, o «cestaticket», aumentará a 40 dólares y quedará indexado a la divisa estadounidense, a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).
También que dará un «bono de guerra» de $20 para llevar ese ingreso «bonificado» a un total de $60, a los que habría que sumar el sueldo mínimo que se mantiene en 130 bolívares, equivalentes a unos cinco dólares al cambio oficial.
Los nuevos montos dolarizados no tienen incidencia salarial. Los cestaticket deben ser cancelados a empleados públicos y en el sector privado, pero la asignación del «bono de guerra económica» está destinada únicamente a inscritos en el sistema Patria.
El gobernante no anunció un incremento del sueldo mínimo, lo que implica que, por ejemplo, los jubilados y pensionados seguirán cobrando los 130 bolívares mensuales.
¿Cómo queda el «ingreso mínimo»?
Un trabajador activo de la administración pública cobró en abril un «salario mínimo bonificado» conformado por casi $45 por bono de guerra económica, que había sido aumentado durante ese mes, casi dos dólares por ticket de alimentación, y los cinco dólares del sueldo mínimo formal. Así, se llegó a un total de 52 dólares como «ingreso mínimo bonificado» en este cuarto mes del 2023.
Con el cambio anunciado por Maduro la cuenta cambia 20 dólares por bono, 40 dólares por cestaticket y 5 por sueldo mínimo, para un total de 65 dólares.
Es decir, el aumento en términos reales es de 13 dólares nada más, para el trabajador que reciba bono de guerra económica, que no son todos.
En abril de este año, el «bono de guerra» para los trabajadores públicos activos fue de 1.100 bolívares, mientras que para jubilados de la administración del Estado fue de 77o bolívares. Algunos pensionados recibieron 365 bolívares por esa asignación. Es decir, montos que rondaron los 44, 30 y 14 dólares, respectivamente.
Ahora a partir de mayo, solo los pensionados que reciben ese beneficio podrán notar algún tipo de incidencia en el bono mencionado, al sumarle unos cinco dólares. Pero los trabajadores activos y jubilados que lo recibieron aumentado en abril lo verán decrecer, a cambio de un ajuste en el ticket de alimentación.
No todos los trabajadores están inscritos en el sistema Patria ni el bono de guerra económica es universal.
En el caso de los jubilados, el asunto es peor pues no reciben cestaticket. Aquellos que puedan recibir el «bono de guerra» acaban de perder dinero en ingresos. Los pensionados que tengan ese bono asignado verán un mínimo aumento de unos cinco dólares a partir de mayo.
Maduro pide «resistir»
Según el mandatario nacional, estas medidas económicas forman parte de «un Plan de Resistencia del Ingreso» que «nos debe llevar más temprano que tarde a la recuperación del salario en las condiciones colectivas, pero ahora tenemos que resistir, y resistir con fuerza», señaló durante una alocución pública desde un acto de cierre por la marcha del Día del Trabajador.
El sueldo en Venezuela no se ha ajustado desde marzo de 2022. Para el momento en que se hizo ese anuncio oficial, el monto equivalía a 30 dólares mensuales a tasa oficial. No obstante, la abrupta devaluación del bolívar ha pulverizado ese dinero.
Cabe acotar también que este es el segundo año en el que el gobierno de Maduro no realiza un aumento de sueldo un 1° de mayo.
El gobernante venezolano dio otros anuncios que tienen que ver con lo que llamó «Plan de Resistencia al Ingreso». A continuación se señalan los puntos que abordó:
1- Maduro señaló que implementará una política tributaria que «imponga obligaciones a quienes generan grandes ganancias». Ello significa, según explicó, que se va a «apalancar financieramente el sistema de cajas de ahorro», para «fortalecerlo» y «fomentar planes de recreación, el turismo y el deporte laboral».
2- Se creará una comisión nacional de alto nivel con el fin de que sea esa la instancia que estudie y active nuevas convenciones colectivas para el sector público. No mencionó que en enero de este año, se reunieron resentantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), miembros del gobierno venezolano, organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores en el marco del Foro de Diálogo Social; se instalaron mesas de trabajo para revisar avances en cuanto al cumplimiento de acuerdos orientados a la fijación de salarios, la libertad sindical y la consulta tripartita;pero no se llegó a ningún acuerdo.
3- Las instalaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como infraestructuras de salud situadas en empresas del Estado, se empezarán a «recuperar» de la mano de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles) que, como han dicho expertos, solo sirven para «tener mano de obra barata y sacar provecho político».
4- Se ordenó la transferencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) al Ministerio del Trabajo, para «reimpulsar la formación técnica profesional desde el trabajo».
Estos anuncios económicos se dieron este 1° de mayo, al término de la marcha oficialista por el Día del Trabajador, 106 días después de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asegurara que el mandatario anunciaría un ajuste salarial en «pocas horas». Desde aquella promesa, dirigida a todo el país en una marcha de educadores —uno de los sectores del mercado laboral más golpeado por la situación salarial— organizada por el propio chavismo, mantuvo un silencio casi sepulcral al respecto.
Las únicas ocasiones en las que Maduro había tocado el tema fue para justificar la ausencia de un aumento, escudándose en la escasez de recursos que maneja el Estado y culpando a las sanciones implementadas por Estados Unidos a la cúpula chavista y a la industria petrolera venezolana.
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