martes, 30 de mayo de 2023

Primero Justicia confirmó decisión de no ejecutar presupuesto de la AN de 2015

 Nacionales

EFE

El partido opositor Primero Justicia (PJ) reiteró este martes su petición a la administración de Nicolás Maduro de reactivar «de inmediato» el diálogo en México, estancado desde noviembre, con el fin de atender temas como la protección de los activos venezolanos en el extranjero.

«Emplazamos al régimen de Nicolás Maduro a reactivar de inmediato las negociaciones en México, a fin de poner sobre la mesa los temas que atañen a los venezolanos: inversión social en el pueblo, derechos humanos, protección de activos y sobre todo, elecciones transparentes», dijo el partido en un comunicado.

PJ considera que el proceso de diálogo debe servir para «ofrecer respuestas claras e implementar el fondo social» acordado por ambas partes en noviembre pasado y cuyos recursos serían invertidos en educación, salud y otras áreas críticas.

AN 2015 «se extingue»

Además, el partido expresó su «firme decisión de no disponer de los fondos públicos congelados en el exterior para ningún tipo de gasto corriente ni burocrático, salvo gastos estrictamente inherentes a la defensa de los activos», sin aclarar a qué fondos se refieren ni cómo podrían tener acceso a ellos.

Los recursos de Venezuela «no pueden tener un destino distinto, o un beneficiario diferente a los venezolanos que padecen hoy la mayor emergencia humanitaria de su historia».

La formación pidió que se incluya en el proceso de diálogo la defensa de Citgo, filial de la petrolera estatal Pdvsa en Estados Unidos.

El presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Jorge Rodríguez, aseguró recientemente que un grupo de exdiputados y activistas opositores reciben una «mensualidad» procedente de recursos venezolanos en el exterior.

En una entrevista al canal Venevisión, Rodríguez acusó a la exlegisladora Dinorah Figuera, líder de un sector opositor conformado por exparlamentarios del período 2016-2021, de usar «364 millones de dólares» de Venezuela para pagar a exdiputados y a activistas políticos de partidos como PJ y Voluntad Popular (VP).

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