Violencia en estados fronterizos afectó a 5.600 familias entre 2019 y 2022
La directora encargada de Fundaredes instó al Estado venezolano a garantizar la justicia y poner fin a la impunidad contra las graves violaciones de derechos humanos y víctimas de la violencia en los estados fronterizos del país
La violencia en los estados fronterizos de Venezuela afectaron a 5.601 familias entre los años 2019 y 2022, informó la organización no gubernamental Fundaredes.
Se determinó que hubo al menos 4.396 víctimas de homicidios y ejecuciones extrajudiciales en Amazonas, Bolívar, Falcón, Apure, Zulia y Táchira, señaló Clara Ramírez, directora encargada de la ONG. Estos hechos los habrían cometido grupos armados y cuerpos de seguridad del Estado.
En ese mismo período, se contabilizaron 942 personas desaparecidas en diferentes circunstancias y 228 desaparecidos en naufragios, por quienes las familias esperan respuestas de las autoridades venezolanas para conocer el paradero de sus allegados, que salieron del país en embarcaciones para buscar mejores condiciones de vida.
Ramírez indicó asimismo que documentaron 35 detenciones arbitrarias “que han llevado a la fractura” de muchas familias. Recordó que en este grupo está incluido Javier Tarazona, director general y fundador de Fundaredes, detenido desde principios de julio de 2021, acusado por el régimen de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo.
Para la activista, la privación de libertad de Tarazona es ilegítima.
“Tomando en consideración que la familia es la base de la sociedad, y que el Día Internacional de la Familia se creó con la finalidad de concienciar sobre la importancia que tiene este núcleo en la evolución, desarrollo y educación de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, las cifras presentadas por la organización defensora resultan alarmantes ante un contexto de opacidad presentado por el Estado venezolano”, expresó la ONG en su página web.
La directora encargada de Fundaredes instó al Estado venezolano a garantizar la justicia y poner fin a la impunidad contra las graves violaciones de derechos humanos y víctimas de la violencia en los estados fronterizos del país.
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