Cuba entre los países con mayor trata de personas por esclavitud de médicos
Poco le importa al dictador Miguel Díaz-Canel la integridad de los especialistas, ya que enviarlos a prestar servicio en el exterior le reporta miles de dólares. Un informe del Departamento de Estadoreitera abusos como la confiscación de pasaportes y amenazas
Oriana Rivas PANAM POST 
El envío de médicos cubanos al extranjero por decisión de la dictadura castrista esconde turbios y abusivos detalles. Muchos especialistas denuncian tratos inhumanos, la confiscación de sus pasaportes, pagos ínfimos por sus labores y hasta amenazas contra ellos y sus familias si abandonan los distintos programas que les asignan.
Es una especie de esclavitud moderna. No sólo lo aseguran organizaciones independientes, el Departamento de Estado de Estados Unidos también monitorea la situación, ubicando a la dictadura cubana en el nivel 3 dentro de su “Informe sobre la trata de personas 2023” (“Trafficking in Persons Report”, en inglés). Este año, el organismo norteamericano reitera una situación que empeora con el pasar del tiempo.
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El régimen “continuó desplegando trabajadores cubanos a países extranjeros utilizando tácticas engañosas y coercitivas”, determinó la más reciente edición del informe, el cual para 2019 ya degradaba de nivel a la isla por estas y otras violaciones a los derechos humanos.
Caja chica del castrismo
Ya que en la isla no existe un aparato productivo, y el país sobrevive a costa de importaciones, no hay exportaciones que garanticen ingresos. Por eso la respuesta está en la mano de obra. De ahí que el Departamento de Estado de EE. UU. identificara “una política o patrón gubernamental para beneficiarse de los programas de exportación de mano de obra con fuertes indicios de trabajo forzado, particularmente en el programa de las misiones médicas extranjeras”.
Para dimensionar la magnitud del problema, es necesario mencionar que sólo por los primeros 60 médicos cubanos que llegaron hace un año al estado mexicano de Nayarit, el castrismo acordó recibir 420.000 dólares mensuales de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según cifras del Partido Acción Nacional (PAN). Pero los profesionales solo recibirían un 5 % de ese monto porque el resto va a los bolsillos de Díaz-Canel. Es una caja chica a costa del sufrimiento humano.
El nivel 3 que asigna el informe se refiere a “países cuyos gobiernos no cumplen plenamente las normas mínimas de la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata (TVPA) y no están realizando esfuerzos significativos para hacerlo”. Es decir, poco le importa al dictador Miguel Díaz-Canel el respeto por estos especialistas, ya que sus servicios le reportan miles de dólares.
Despojados de su identidad
No solo sirven como mano de obra, en lugar de médicos la dictadura cubana estaría enviando militares por temor a que sus especialista deserten, alertó la organización Prisoners Defenders. A los funcionarios castrenses solo les dan cursos de tres o cinco días para que atiendan pacientes.
Esta organización ha sido promotora de investigaciones y recolección de testimonios. Sus aportes forman parte del balance estadounidense, que detalla la cantidad de profesionales violentados. Si alguno de ellos decide desertar, el gobierno les prohíbe regresar a Cuba durante ocho años. Si no vuelven en 24 meses, los categorizan por haber “emigrado”. De acuerdo con el Departamento de Estado, si lo hacen el precio a pagar incluye “perder todas sus protecciones ciudadanas, derechos y cualquier propiedad que hubieran dejado atrás y ―si también desertaban de una misión civil― no se les permitía visitar a sus familiares que permanecieran en Cuba”. Los derechos fundamentales quedan cercenados por la dictadura.
Para 2021, un total de 1111 presuntas personas víctimas de trata presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional y la ONU. Estas fueron algunas cifras que salieron de sus relatos:
- 75 % de las participantes no se presentaron voluntarias al programa.
- 33 % nunca vio un contrato.
- 69 % desconocía su destino final.
- 76 % no podía relacionarse libremente con la población local.
- 75 % sufrió amenazas o fue testigo de cómo amenazaban a sus compañeras de trabajo.
- 40 % fue separada de sus hijos como castigo por desertar.
Desde La Habana nunca ha habido respuesta negando o confirmando los crímenes. Probablemente, tampoco la haya. Después de todo, las ganancias son enormes.
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