El torniquete electoral, por Gregorio Salazar
TCDTwitter: @goyosalazar
Abrir las condiciones para una pacífica alternancia en el poder político es el necesario punto de arrancada para que en Venezuela comiencen a operar los cambios que le devuelvan la posibilidad de un futuro de oportunidades a su gente –paz, prosperidad, crecimiento en todos los órdenes– y el rescate de su viabilidad como país.
Quien ejerce el poder debe aceptar que el cambio político debe darse de forma pacífica, de acuerdo con los mecanismos legales y constitucionales, y como expresión de la voluntad soberana de la ciudadanía a través del voto. Es la aspiración más clamorosa en la Venezuela de nuestros días.
Pero acá ya pasaron los tiempos en que el oficialismo, en el poder desde 1999, no se sacaba «el soberano» de la boca. En nombre de él y supuestamente acatándolo, se decidía y se actuaba sin ánimo de consensos o concertaciones porque no había nada más sagrado, afirmaban, que el mandato que emanaba del voto popular. A partir de allí se acuñó la frase según la cual la identificación era tal que con el caudillo «mandaba el pueblo».
Lo que se fue instaurando a lo largo del tiempo y a medida que el apoyo popular menguaba fue una especie de torniquete electoral, perfeccionado y apretado cada vez más, antes, durante y después de cada proceso comicial, que no obstante logró romper la votación masiva en votaciones nacionales, como las legislativas del 2015, y en comicios regionales donde el caso emblemático es la elección de gobernador en Barinas 2021-2022.
La gama de triquiñuelas, abusos de poder, como cambios legislativos cuando no simples vulneraciones a la ley, peculado de uso, bloqueos al votante, la hegemonía mediática, chantajes asistencialistas, la coerción a funcionarios públicos, efectivos policiales y militares, pasando por el desconocimiento de resultados como el robo descarado de la gobernación a Andrés Velásquez y la no entrega de la Alcaldía Mayor a Antonio Ledezma son interminables.
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En las mesas de diálogo entre gobierno y oposición que se instalaron en República Dominicana, Noruega, Barbados y México no dejó de estar presente en forma prioritaria el tema electoral, con sus premisas de convivencia y vuelta al Estado de Derecho. En Dominicana la posición del régimen fue tan cerrada que ni siquiera accedió a acordar una fecha electoral y mucho menos a que un independiente presidiera un CNE integrado de manera paritaria.
Para quienes desde gobiernos de la región exhiben posiciones condescendientes, cuando no de plena identificación con el régimen de Maduro, pareciera que ese antidemocrático marco para las elecciones en Venezuela –¡inimaginables hoy en México, Brasil y Colombia!–, no existiera.
Si la cúpula del régimen venezolano revisara entre sus pares de la región como Lula, Cristina Kirchner o el matrimonio Zelaya, observaría que sus respectivas fuerzas políticas salieron de la jefatura del Estado y fueron capaces de regresar al poder. Atravesando duras pruebas y obstáculos, como en el caso de Lula, es cierto, pero hasta un autócrata como Bolsonaro reconoció que debe respetarse la alternancia en el poder y la aceptó a regañadientes.
Uno presume que si para el oficialismo la ruta de la alternancia en el poder resulta intransitable es porque está consciente que lo suyo no ha sido un simple mal gobierno, una cosa de planes incumplidos, errores u omisiones, como ha ocurrido a lo largo de la historia, y cuyos protagonistas reciben al tiempo la oportunidad de regresar tras la promesa, el acto de contrición y el compromiso de reparar los errores cometidos.
Por supuesto que también opera la decisión de que Venezuela no vuelva a inscribirse firmemente en la órbita de influencia del mundo occidental, Estados Unidos y Europa, principalmente. Jugar pegaditos a China, Rusia e Irán y tras los pasos de Cuba y Nicaragua.
En este caso no. En este caso se trata de quienes condujeron a la destrucción de un país al punto de poner en duda su viabilidad por unos cuantos años. Y además el temor de que la justicia internacional actúe dados los crímenes de lesa humanidad que se les ha comprobado.
Y allí se mantienen en este año pre-electoral, maniobrando para que la voluntad popular no se pueda manifestar de manera auténtica y soberana. Y eso comienza por echar a andar los dispositivos que permitan inhabilitar a aquellos candidatos que se perfilen con mayores posibilidades de derrotar al aspirante a perpetuidad por el lado del régimen: Nicolás Maduro.
No será nada fácil, vistos los niveles siderales de rechazo que siguen creciendo en el seno de las grandes mayorías hoy con depauperadas condiciones de vida y nada que agradecerle al régimen. Eso es el gran escollo para el proyecto perpetuador y avanza como una ola verdaderamente indetenible.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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