Familiares de Emirlendris Benítez piden a ministra Bautista que garantice atención médica
Emirlendris Benítez fue vinculada en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Se le imputaron siete delitos y recibió máxima pena (30 años de prisión) el 4 de agosto pasado. Durante su detención y posterior aislamiento fue torturada por efectivos de la Dgcim
Familiares de la prisionera por razones políticas Emirlendris Benítez Rosales solicitaron a la ministra de Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, que garantice su atención médica inmediata o el traslado a un centro de salud para tratar sus enfermedades.
Melania Leal Rosales, hermana de Benítez, recordó que el 11 de junio se envió una carta tanto al Ministerio para el Servicio Penitenciario, como al Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia donde se pidió que «dispongan de todo lo necesario para que mi hermana sea evaluada por especialistas lo más pronto posible».
Leal también demandó que se revise el expediente de Emirlendris Benítez, a quien se le vincula con el intento de «magnicidio» contra el mandatario Nicolás Maduro en agosto de 2018. Se le imputaron siete delitos y recibió máxima pena (30 años de prisión) el 4 de agosto de 2022. Permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda.
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«Mi hermana es inocente», aseveró. Organizaciones como Amnistía Internacional también han presionado a la administración Maduro para que le provea de asistencia médica inmediata.
Emirlendris Benítez, de 42 años, fue detenida el 5 de agosto de 2018. La comerciante se encontraba haciendo una carrera en la madrugada, junto a su pareja Yolmer Escalona, cuando pasaron por una alcabala donde le pidieron sus papeles, los entregó y, acto seguido, fueron detenidos sin que les explicaran los motivos.
Mientras estuvo detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue golpeada por funcionarios, vapuleada contra objetos contundentes como paredes y asfixiada con bolsas plásticas. Esto le hizo abortar al bebé que estaba gestando en ese momento. Además, contribuyó a un encapsulamiento en mama de una de sus prótesis y la migración de biopolímeros desde sus glúteos hasta sus piernas y columna vertebral.
A principios de febrero de 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, uno de los mecanismos especiales de Naciones Unidas, solicitó su libertad inmediata. También que se le concediera una indemnización y otros tipos de reparación, pero esta decisión no fue tomada en cuenta por la jueza Hennit Carolina López al momento de dictar sentencia.
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