Privatización de Pdvsa y la soberanía. Discusión engañosa, por Humberto García Larralde
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A raíz de la presentación por parte de María Corina Machado de aspectos de su programa económico a finales de junio, se ha venido discutiendo públicamente la conveniencia o no de privatizar a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), la empresa estatal a la que se reserva, constitucionalmente, la explotación de nuestros hidrocarburos (artículos 302 y 303 de la CRBV). Las posturas van desde la convicción plena de su conveniencia, hasta aquellos quienes, rasgándose las vestiduras, lo conciben como un crimen de lesa patria. En la discusión se cuela, inevitablemente, su relación con la soberanía nacional. Detengámonos un momento a examinar este concepto.
El término soberanía se refiere al poder político sobre la toma de decisiones fundamentales para la nación. En democracia, como es (en teoría) el caso venezolano, reside en el pueblo,
«…quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.» (art. 5 CRBV)
Se intuye, por tanto, que el manejo de la industria petrolera representa un asunto de importancia central al ejercicio del poder político por parte de los venezolanos. ¿Por intermedio de quiénes? y ¿Para qué?
Conocemos la respuesta a la primera pregunta. Basándose en el Decreto de Minas del Libertador de 1829, firmado en Quito, se asumió que las minas debían ser propiedad del Estado. Pero, en realidad, lo que dice el mencionado decreto es que «…corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan bajo las condiciones expresadas en las leyes…» El control soberano sobre la industria petrolera no podía culminar, por tanto, sino en su estatización, incluyendo la de tres pequeñas empresas pertenecientes a venezolanos.
Ello abrió necesariamente la rendija a la consideración de aspectos políticos en la conducción de Pdvsa pues, si no, ¿cómo se ejerce tal soberanía? Si bien desde los comienzos se quiso blindar el manejo de la empresa del juego político, confiando su gestión en Rafael Alfonzo Ravard y un equipo de calificados gerentes venezolanos con amplia experiencia con las compañías transnacionales del petróleo, con la crisis de los ’80 («década perdida») los planes de inversión de Pdvsa –exploración, producción, profundización del patrón de refinación– tuvieron que aguardar, primero, a los requerimientos de ingreso del fisco.
Bajo el gobierno de CAP II en los ’90, el Congreso aprobó la estrategia de apertura petrolera a la inversión extranjera. Se permitió a Pdvsa, además, quedarse con recursos para recuperar el terreno perdido. Dio lugar, como se recordará, a las denuncias de sectores de izquierda de que se sacrificaban ingresos fiscales, es decir, ingresos destinados al pueblo venezolano, para sostener planes de expansión ambiciosos de una empresa que operaba como un «Estado dentro del Estado». Había que ponerle la mano a Pdvsa.
Sabemos lo que vino después. Con base en esta prédica, Chávez hizo de Pdvsa, el eje de su socialismo de reparto, obligándola a subsidiar «misiones», a asumir tareas que nada tenían que ver con su misión corporativa y a comprar alianzas internacionales con diferimientos, rebajas y/o exenciones al cobro de la factura petrolera.
Destruyó a la empresa, como evidencian la caída continuada de su capacidad de producción, su enorme endeudamiento, el deterioro de las refinerías y la progresiva «chatarrización» de sus instalaciones. ¿Se expresó, así, el control soberano de los venezolanos sobre la empresa? Persiste la idea, sin embargo, de que, al desplazar a las actuales mafias del poder, se recuperaría esta soberanía.
¿Qué significa? Viene a la mente el caso de las monarquías del Reino Unido y de España. Consumen una cantidad enorme de recursos y puede argumentarse su inutilidad. Mantenerlas implica un costo formidable para sus respectivas naciones, sacrificando recursos que pudieran asignarse a necesidades más perentorias de su población. En el caso británico, en todo caso, puede señalarse que sus actos representan un atractivo turístico central, por lo que un análisis costo beneficio pudiera concluir que la mantención de la casa real se justifica.
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En el caso español, tal aseveración es dudosa. Pero el asunto no es ese. Muchos españoles sentirán una gratificación particular por contar con la monarquía, una identificación de su lugar en el mundo, de su pasado histórico, costumbres y valores. Es un símbolo. A los políticos y economistas corresponde hacer explícito el costo de mantener este símbolo en una era en la que, felizmente, sus acciones no infringen el ejercicio de los derechos ciudadanos. A los republicanos, argumentar que, en términos de los recursos y las soluciones sacrificadas a diferentes problemas, no se justifica. Pero es un asunto –el costo de sostener los privilegios de la monarquía– que debe quedar a la libre decisión (soberana) de españoles (o de británicos).
Pues las razones para justificar la posesión estatal de Pdvsa, se resumen, en última instancia, en su valoración como símbolo de soberanía. Entiendo, claro está, que su privatización abriría una discusión sobre la necesaria reforma de la Constitución que distrae la atención a problemas mucho más acuciosos referentes a cómo ejercer esta soberanía.
Aun así, ¿Cuánto están los venezolanos dispuestos a sacrificar, en el marco de la actual devastación económica, en sostener una empresa quebrada, endeudada, con su capacidad productiva en el piso, como símbolo de soberanía?
El verdadero problema es otro. Venezuela es, hoy, un país fallido, incapaz, mientras se mantenga su control chavista, de responder a los requerimientos de vida digna para su población. Sin cambio, no habrá salida. Tan sencillo como eso. La recuperación sólo será posible con una sustancial inyección de recursos externos y éstos sólo vendrán si el país retorna al imperio de la ley de nuestro ordenamiento constitucional, que consagra las garantías, deberes y derechos de la población, y se acometen reformas importantes en la conducción del Estado para recuperar los servicios públicos, la infraestructura, la seguridad, el ambiente, etc. Pero ¿a cuenta de qué los multilaterales nos van a prestar esos recursos? ¿Acaso somos el único país necesitado o más «chéveres» que los demás?
El gran aval para recibir esos préstamos es nuestra capacidad para generar significativos ingresos por exportación petrolera. Supondría, desde luego, el levantamiento de sanciones al regresar el país a un régimen democrático, de garantías. Y solo será posible si logra atraer ingentes inversiones de empresas transnacionales del ramo.
Pero habrá de ocurrir, además, en un contexto mundial en el que se han venido instrumentando, sobre todo en los países más avanzados, medidas para disminuir el uso de los combustibles fósiles causantes del llamado «efecto invernadero», para detener el cambio climático.
Algunos analistas sitúan el punto de inflexión a partir del cual comienza a caer la demanda por petróleo –peak demand— para finales de esta década. Mientras, la oferta está aumentando rápidamente en Guyana –producirá más que Venezuela dentro de pocos años–, Brasil, produce hoy más de 3,2 MM de b/d y se anuncian ambiciosos planes de expansión en Irak, Kazajistán y Nigeria. Asimismo, los gigantes, EE.UU., Arabia Saudí y Rusia seguirán produciendo, cada uno, por encima de 10 MM de b/d.
La competencia de estos productores por atraer inversiones para un mercado que comenzará a decrecer pronto dependerá, entre otras cosas, de sus acciones para contener el cambio climático. También el Banco Mundial anuncia que este criterio será cada vez más importante para otorgar créditos a los países que lo solicitan. ¿Acaso la Pdvsa quebrada, «doja, dojita», podrá competir en este plano?
Nuestra soberanía sobre el petróleo debe tener como norte la maximización de los beneficios que genera, en el tiempo, a su población. Serán escasos si sigue monopolizado por una empresa estatal convertida en instrumento político. Solo abriendo el sector a la inversión privada, con un paquete atractivo de incentivos y un plan creíble para la transición energética, se evitará que Venezuela termine como país fallido, en el sótano de América Latina y el Caribe, al lado de Haití.
El pecho henchido de nacionalismo porque Pdvsa no se privatice, solo se entiende en aquella exigua minoría chavo-madurista que sigue creyendo el mito de que representan, de manera excluyente, al Pueblo (con mayúscula).
Humberto García Larralde es economista, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.
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