En qué planos enfrentará la oposición la “barbarie” del TSJ chavista
"Una persona metiendo un papel en una urna es el acto más pacífico y más constitucional que puede haber. La Constitución venezolana no solo lo contempla, sino que lo privilegia", explica a PanAm Post el abogado y exfiscal Zair Mundaray, respecto al anuncio del Tribunal Supremo chavista para anular las primarias opositoras
Una decisión emitida desde la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) controlado por el chavismo, pretende anular el resultado de las primarias opositoras que se celebraron el pasado 22 de octubre. La sentencia llega días después de que el Ministerio Público anunciara, de forma separada, una investigación penal contra dichos comicios por supuestamente cometer cuatro delitos que van desde usurpación de funciones hasta asociación para delinquir.
Ambos recursos responden a intereses políticos mas no legales, ya que el régimen de Nicolás Maduro busca un camino que le asegure su continuidad en el poder, y a su vez apartar a María Corina Machado del camino. Y es que además de la suspensión de “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias”, la dictadura a través del TSJ también exige toda la documentación de esas elecciones, incluyendo las actas de escrutinio y la lista de electores. Las críticas no tardaron en llegar desde el antichavismo que lo califica de una muestra de “miedo” del chavismo rumbo a las presidenciales de 2024.
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El abogado, especialista en Derecho Penal y exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, concede una entrevista a PanAm Post para entender por qué la cacería judicial del TSJ carece de fundamentos y por qué esto debe llevarse a instancias internacionales.
La semana pasada el fiscal general chavista, Tarek William Saab, anunciaba una investigación penal contra las primarias. Ahora el TSJ suspende dichas elecciones. Expertos mencionaron que Saab “se está extralimitando en sus atribuciones constitucionales”. ¿Qué podemos decir ahora de esta decisión del TSJ?
Es la ratificación de que en Venezuela la situación del estado de derecho es absolutamente grave. Se demuestra una vez que las instituciones trabajan alineadas para el sostenimiento del poder a costa de lo que sea.
Lo primero que habría que decir, es que [el diputado] José Brito, quien hace el planteamiento ante la Sala Electoral, no tiene legitimidad para objetar el proceso porque no se le ha vulnerado derecho alguno y tampoco se han vulnerado derechos colectivos. Las primarias fueron un evento abierto en el cual cualquiera que quisiera participar como candidato podía hacerlo. No estaban ni siquiera restringidos los partidos tradicionales. Personas que no tenían partido como la exdiputada Tamara Adrián se presentaron como independientes y se inscribieron sin uno.
Brito dice que se le ha “vulnerado” el derecho a través de ese proceso. Es lo que se intuye de la sinopsis de la decisión pero es que ni siquiera existe decisión, no la han publicado. Esto es un mandato de Miraflores donde solamente mandan el dispositivo del fallo y luego, a las semanas o días publicarán la supuesta decisión como hicieron en muchas oportunidades con las decisiones que restaban competencia a la Asamblea Nacional de 2015.
Esta decisión carece de la legitimidad de objeto porque a la persona que se presenta no se le ha vulnerado derecho alguno de participación política. Más bien, las primarias fueron un acto de expansión de derecho. Es decir, en la medida que los derechos se expanden y se hacen más accesibles a la gente, más constitucional es el acto. Por eso el régimen le ha dado tan duro. Antes era más fácil cuando se criminalizaba las protestas, pero esta elección no se puede criminalizar porque es una expresión de soberanía. Una persona metiendo un papel en una urna es el acto más pacífico y más constitucional que puede haber. La Constitución no solo lo contempla, sino que lo privilegia en sus artículos 70, 71, 4, 3.
Esto es una interpretación regresiva ya que a un acto que expande derechos, se procura quitarle sus efectos pero por una simple razón: y es que al régimen no le conviene el resultado. Con eso está pateando además algo que acaba de acordar como lo son las negociaciones de Barbados. El primero de los numerales habla del respeto de las facciones políticas en la búsqueda de las soluciones internas para tener sus candidatos.
¿En resumen, quiere decir que la decisión del TSJ no tiene ningún absolutamente ningún fundamento jurídico?
No lo tiene. Ellos están actuando por un mandato político. Cualquiera que presenta una solicitud de esa magnitud para tratar de anular los efectos jurídicos, de lo que más de dos millones y medio de personas plantearon, tendría que tener una razón constitucional enorme y eso no está planteado allí.
Frente a las solicitudes hay un balance de derechos. Entonces, el derecho planteado por un sujeto y la preservación de sus derechos—además uno con un cuestionamiento enorme desde el punto de vista ético como Brito y que salió a repartir por el mundo cartas de buena conducta a favor de Álex Saab— estaría por encima de los derechos de más de dos millones y medio de personas. Imagínate el desbalance que hay ahí desde el punto de vista de la interpretación constitucional.
Es absolutamente incoherente que la voluntad de la ciudadanía mayoritariamente expresada de una manera transparente se vea soslayada por el interés de un solo sujeto. En derecho eso no existe.
El chavismo no tiene base legal para mantener en pie la inhabilitación de María Corina Machado, ni justificarla ante organismos internacionales, entonces desde el régimen buscarían como vía alterna que atacar el proceso completo de primarias, esto es algo que han mencionado abogados como José Vicente Haro ¿Cree usted que esa sea la estrategia?
La misma decisión, en lo que quedó publicado que es solamente un dispositivo, afirma fraudulentamente que María Corina Machado tiene 15 años de inhabilitación, cuando nadie ha visto el auto. Es decir, el acto administrativo no existe. Si existiera tendrían que comunicarlo para que la persona ejerza sus derechos.
Cuando a Machado la inhabilitaron la ley de la Contraloría no preveía una inhabilitación de 15 años, sino 15 meses. Ella no ejerció ningún cargo público posterior a esa inhabilitación [15 meses] por lo que no está sometida al poder de la Contraloría. Por eso no existe el acto. Y como no existe lo meten en esta sentencia [del TSJ], extralimitándose en funciones. Por supuesto esto tiene una trama psicológica para que la gente se quede sin esperanzas.
Al régimen yo lo veo errático porque escogió la vía más barbárica y que no va a poder explicar en el contexto internacional. La dictadura muestra su debilidad pero también se pone en una situación compleja para tratar de explicar esta decisión que no tiene fundamento.
¿Hay manera de contrarrestar la decisión del TSJ de anular las primarias? ¿O cree que deba ser discutido en otras instancias como las negociaciones en Barbados?
Esto tiene que ir a otras instancias. Este tipo de decisiones no tiene recursos salvo la revisión constitucional pero eso cae en manos de la Sala Constitucional que es la más chavista de la historia.
Este es el peor escenario del TSJ en la historia. Son puros militantes políticos con una toga, muchos sobre quienes pesan cuestionamientos éticos. No puedes plantear una denuncia penal frente a la extralimitación de funciones porque tienes un Fiscal General que es parte de la trama criminal. Es precisamente la cabeza de la persecución política. Yo le llamo la Gestapo criolla.
Entonces esto tiene que caer en el marco internacional. En los planos jurídicos pero también en los planos de negociación. Quienes firmaron los acuerdos de Barbados ahora se ven obligados a tratar de generar los mecanismos de presión de cumplimiento del acuerdo.
Quisiera su opinión sobre una decisión que podría tomar la Plataforma Unitaria y que mencionaba el periodista especializado en fuente electoral, Eugenio Martínez, y es que para “devolver la pelota al TSJ y a Barbados necesitan elegir en un proceso interno de cada organización que integra a la plataforma (solo las reconocidas por el CNE) que MCM es su candidata presidencial”. ¿Cómo ve esto? ¿Podría en efecto ser una alternativa?
No lo veo. Porque estaríamos diciendo que efectivamente las decisiones que tomen algunas cúpulas políticas tienen más fuerza que la expresión de la gente. Aquí el gran fuerte del argumento democrático es que este resultado es de manera fidedigna lo que la gente opinó.
Estuve en mesas en Bogotá y vi boleta por boleta lo que la gente opinó. Si nosotros no defendemos lo que la gente opinó, en definitiva aquí puede pasar cualquier cosa. Lo que cada uno de los miembros de los partidos políticos deben hacer es no decir que por consenso eligen a María Corina. No. Es que lo decidió la gente y eso es un mandato popular y constitucional. Cualquier otra forma no tiene asidero legal.
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