Gobierno de Boric entrega 70 % de recursos a discreción a alcaldías izquierdistas
La preferencia del jefe de Estado por sus aliados, a la hora de asignar los recursos, la confirma el registro de los movimientos financieros de la institución entre el 11 de marzo de 2022 y el 31 de julio de este año divulgados por El Líbero. Allí se evidencia que sólo 28,03% de los mandatarios locales de oposición aparecen beneficiados.
Adjetivos como desleal, discriminatorio o abusivo sirven para calificar el desequilibrio del gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, en la entrega de recursos que hace la Moneda a las municipalidades, tras conocerse que el 70 % de los fondos públicos que transfiere la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) llegan a las cuentas de las alcaldías izquierdistas.
La preferencia del jefe de Estado por sus aliados, a la hora de asignar los recursos, la confirma el registro de los movimientos financieros de la institución entre el 11 de marzo de 2022 y el 31 de julio de este año divulgados por El Líbero. Allí se evidencia que sólo 28,03% de los mandatarios locales de oposición aparecen beneficiados.
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Lo peor es que la distinción por alcaldías izquierdistas fue discrecional, porque los fondos salieron a través de cinco programas sociales: Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento (PMU), Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática, el Programa Fondo de Recuperación de Ciudades y el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (o Mascota Protegida). Todos tienen la posibilidad de otorgar con “libre disposición” entre 25 % y 50 % de su presupuesto a “comunas elegibles” vía online.
Una copia de Bachelet
El mandatario repite las prácticas de la expresidente izquierdista, Michelle Bachelet, considerando que en agosto de 2016 ―a la mitad de su segunda gestión― parlamentarios de Renovación Nacional (RN) y de la Unión Demócrata Independiente (UDI) denunciaron ante la Contraloría un supuesto intervencionismo electoral de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).
En aquella oportunidad, la acusación se basó en la repartición de más recursos económicos para concretar proyectos de alto impacto social a municipalidades de la Nueva Mayoría (69 %), en desmedro de las de la oposición en la víspera de las elecciones municipales que se efectuarían en octubre de ese año.
Ahora, la divulgación de estos desembolsos discrecionales abre otro flanco a la débil credibilidad del gobierno de Boric después del escándalo que enfrenta su administración por la entrega de fondos públicos sin licitación a 53 fundaciones aliadas del Ejecutivo.
La Fiscalía y Contraloría indagan sobre cómo fue posible la transferencia de al menos 30 millones de dólares sin levantar sospechas en los radares de ambas instancias. De acuerdo con las pesquisas que comenzaron en julio, los recursos salieron en pequeñas sumas para evitar la inspección.
En el caso de las municipalidades oficiales dinero ocurrió en el transcurso de la gestión de los tres subsecretarios de la Subdere designados por Boric: Miguel Crispi, del Partido Revolución Democrática (RD); Nicolás Cataldo, del Partido Comunista (PC), quien ahora funge como ministro de educación y Francisca Perales de Convergencia Social (CS).
Sus nombres están en el ojo del huracán sobre todo el de Crispi por varias razones. El funcionario dejó su cargo para convertirse en el jefe de los asesores de La Moneda. Desde septiembre del año pasado es el más cercano al presidente, pero su paso por el puesto lo mantiene en el blanco de las críticas al ser militantes del partido fundado por él parte de los señalados por presunto cohecho y fraude a través de fundaciones.
El turno de Crispi encarar a las autoridades es el próximo 6 de noviembre. Hasta entonces, tiene la Contraloría para recabar nuevos antecedentes respecto de los convenios que autorizaron traspasos a fundaciones por parte de los gobiernos regionales. Las pesquisas son de especial relevancia, porque la comisión investigadora definió citar a Crispi luego del gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, revelar que en su calidad de subsecretario de Desarrollo Regional validó a la Fundación ProCultura para pintar fachadas por 630 millones de pesos, que equivalen a 693.000 dólares.
De nada sirvió que el ministro de Justicia, Luis Cordero, insistiera en que no era funcionario de La Moneda sino un funcionario “contratado a honorarios” para esquivar al hemiciclo.
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