Con el alivio de sanciones vuelve el “pan y circo” a Venezuela de cara a 2024
La flexibilización de sanciones a la industria petrolera y gasífera podría aportar unos 1400 millones de dólares a la economía venezolana, según un informe de la firma Síntesis Financiera. Ya en el oficialismo anuncian que estos ingresos "se destinarán al gasto social y a los servicios", entendiéndose por "gasto social" los programas con los que el régimen compra conciencias a cambio de una bolsa de comida
Oriana Rivas PANAM POST 
Despilfarrar dinero es una característica propia de los sistemas autoritarios. De esta manera, aseguran votos para sus farsas electorales al ser el Estado quien se convierte en benefactor de la sociedad en todos los sentidos: alimentación, salud, servicios básicos y un largo etcétera. Sin embargo, en un momento el dinero se termina y eso fue justamente lo que le pasó la chavismo en Venezuela.
La bonanza que hubo mientras el dictador Hugo Chávez vivía, gracias a los elevados precios del petróleo, le ayudó a crear infinidad de planes sociales conocidos como “misiones”, mientras aumentaba el gasto público para costear todas sus dádivas, sin mencionar la corrupción del régimen que contribuyó a vaciar las arcas del Estado.
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Con el alivio de sanciones y las presidenciales de 2024 en puerta, pese a que el régimen no ha dado señales de permitir la celebración de unos comicios libres como exige Estados Unidos, en Miraflores ya se habla nuevamente de elevar el gasto público para comprar conciencias con estos programas de fachada “social” que no resuelven los problemas de los venezolanos pero sí los de la dictadura. Según un informe de la firma Síntesis Financiera, la flexibilización de restricciones a la industria petrolera y gasífera podría aportar unos 1400 millones de dólares a la economía venezolana.
Despilfarro a cambio de votos
A pesar de que Washington le informó al régimen de Maduro que tiene hasta el 30 de noviembre para habilitar a todos los candidatos —incluyendo a María Corina Machado— o en caso contrario volverá a imponer las sanciones, desde el chavismo siguen haciendo planes con el dinero que recibirán por las exportaciones petroleras, sin responder aún a las exigencias de EE. UU.
“La contribución se destinará al gasto social y a los servicios”, dijo José Vielma, diputado y miembro del comité de finanzas de la Asamblea Nacional controlada por la dictadura. Así deja por sentado los planes de Miraflores. La agencia Reuters añade que los ingresos por exportaciones podrían crecer 40 % mensual, según una fuente de la industria petrolera.
Síntesis Financiera indica que es casi seguro que el aumento de los ingresos conducirá a una mayor laxitud financiera “dada la necesidad de mejorar el apoyo popular al gobierno antes de las elecciones en la segunda mitad de 2024”.
Si bien hablar de elecciones en dictadura es sumamente ingenuo, la necesidad de recuperar la legitimidad perdida y poder acceder nuevamente a los recursos del Estado venezolano en el exterior ha llevado al régimen de Maduro a pretender celebrar unos comicios con la mayor apariencia de democracia posible. Al menos eso es lo que intentará vender a la comunidad internacional. Si embargo, la persecución judicial a las primarias opositoras y las inhabilitaciones que hasta el momento se niega a levantar son muestra de que –sin sorprender a nadie– avanza en dirección opuesta.
El cortoplacismo de Maduro
Puede que el régimen de Maduro reciba ingresos adicionales, los cuales podrían alcanzar los 7000 millones de dólares en 2024, según la estimación de la consultora Ecoanalítica, pero no todo está garantizado. Estados Unidos podría dar marcha atrás con el alivio de sanciones en cualquier momento, como ya lo advirtió hace un par de semanas, en caso de que el chavismo no cumpla con su parte de los acuerdos firmados en Barbados. También es muy probable que la industria petrolera venezolana no esté en capacidad de satisfacer a los mercados, como ya lo está demostrando. En lo único que hay certeza es en el hecho de que los venezolanos no verán mejoras en su calidad de vida.
La población continúa empobrecida. Una pobreza económica y social promovida por el propio régimen para mantener a las mayorías bajo su control a cambio de una bolsa de comida. Incrementar el gasto público para intentar subir la popularidad en época electoral no es una maniobra exclusiva de los sistemas democráticas. Una dictadura que busca darse un baño de legitimidad también hace uso de esta práctica sobre todo cuando sabe que incluso para celebrar unas elecciones amañadas necesita un porcentaje real de votos que le permitan burlar cualquier observación electoral y minimizar las naturales sospechas de fraude.
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