En el acuerdo «sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos» se establece reconocer el derecho de cada actor político a seleccionar su candidato para las elecciones de manera libre y de acuerdo a mecanismos internos. Esta sección se respetó hasta el 30 de octubre, cuando el Tribunal Supremo de Justicia suspendió «todos los efectos» de las primarias donde resultó electa Machado bajo el alegato de supuestos «actos inconstitucionales e ilegales».
El Ministerio Público, en manos de Tarek William Saab, adelantó una investigación penal por los presuntos delitos de asociación para delinquir, usurpación de funciones e identidad y legitimación de capitales. Para ello se citaron a los representantes de la Comisión Nacional de Primaria y a los presidentes de las juntas regionales en calidad de «investigados». Las últimas entrevistas se realizaron el 8 de noviembre, y desde entonces se desconocen avances en este proceso.
Sobre esto, Gerardo Blyde explicó que gracias a los acuerdos no se avanzó en la judicialización de los integrantes de la CP, «más allá de los interrogatorios del Ministerio Público (…) Esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón con obstáculos para llegar a una elección presidencial libre, justa y verificable».
Respecto a las garantías electorales contenidas en dicho acuerdo, una de medidas era la «ejecución de la actualización del Registro Electoral, incluyendo jornadas especiales, campañas de sensibilización, establecimiento de puntos de inscripción en todo el territorio nacional con presencia de todos los actores políticos, continuación del proceso de cedulación y operativos especiales, jornadas de actualización de Registro Electoral en el extranjero, y depuración del Registro Electoral».
El Consejo Nacional Electoral adelantó una jornada especial de inscripción y actualización del Registro que apenas duró 15 días –a pesar de estar planteado hasta el 17 de noviembre– y fue paralizada por el referendo sobre el Esequibo, según informó el rector Juan Carlos Delpino.
Para esta jornada especial nunca se divulgó al público un cronograma de los puntos fijos o itinerantes, se registraron denuncias sobre negativas de inscripción por parte de actores sociales ligados al oficialismo, imposición de nuevos requisitos y ubicación de los puntos en zonas rurales de difícil acceso.
Otra de las cuestiones acordadas en Barbados fue la «solicitud de invitación a mecanismos técnicos para la observación de elecciones como la Unión Europea, panel de expertos de la ONU, Unión Africana y Centro Carter». La misión de la UE está fuera por ahora, tras la decisión del bloque de prorrogar sanciones individuales por seis meses a un grupo de funcionarios venezolanos.
«Mientras quede un venezolano o una venezolana sancionado por la UE, mientras quede una sanción inocua de la UE en contra de Venezuela, estarán impedidos de acudir a Venezuela para observar ningún tipo de elección. Están ellos violentando el acuerdo de Barbados, no fuimos nosotros», afirmó Jorge Rodríguez, jefe negociador del oficialismo y presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020.
En cambio, el Centro Carter visitó Caracas a principios de noviembre para evaluar su participación como observador en las presidenciales de 2024. La respuesta del CNE fue que no desean injerencia. «Mientras más imparcialidad exista, mayor participación habrá de los invitados internacionales».
El Esequibo en la mesa
El 17 de octubre pasado también se firmó un acuerdo para la «protección de intereses vitales de la nación», relativo a la defensa del Esequibo. Este es el segundo pacto que firman la oposición y el oficialismo en este sentido, que además ha estado contenido en otros momentos de diálogos (República Dominicana, Venezuela).
En este nuevo documento se ratifican los «derechos históricos» de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966. También se rechazan las acciones de la República de Guyana sobre el otorgamiento de concesiones de exploración y explotación petroleras en aguas marinas y submarinas en controversia.
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El oficialismo ha adelantado toda una campaña, a través del referendo, para desconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una cuestión con la que Gerardo Blyde –a título personal– dice no estar de acuerdo porque «en ninguno de esos dos acuerdos está desconocer la juridiscción de la CIJ. ¿Por qué no está? (…) Si yo tengo un cliente como abogado y creo que el tribunal en el cual está siendo demandando es incompetente, yo puedo alegar, entrando al juicio, la incompetencia; pero si pierdo la incidencia sobre la incompetencia, tengo que preparar la defensa de fondo de mi cliente porque no lo puedo dejar indefenso en el juicio. Eso mismo sucede en este proceso».
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