¿Inflación estructural?, por Humberto García Larralde
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A la memoria de Héctor Malavé Mata
Desde marzo, la inflación mensual se ha mantenido en cifras de un solo dígito, según el BCV. Este éxito aparente acumula, no obstante, una inflación anualizada, hasta septiembre, de 317,6%. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, llega hasta 396%. Junto a la de Zimbabue, es la más alta del mundo. Con remuneraciones congeladas para el sector público desde mayo 2022, sus empleados han sufrido un empobrecimiento bestial. ¿Por qué ha fracasado la política antiinflacionaria del gobierno?
Creyendo que el alza generalizada de precios es un fenómeno exclusivamente monetario, el ejecutivo se ha concentrado en atajar el crecimiento de la liquidez y otras variables monetarias.
Impuso requisitos de encaje altísimos a la banca, disuadiendo la actividad crediticia, recortó el gasto público, deprimiendo los sueldos de sus empleados e impidiendo la recuperación de los servicios públicos, y ha recogido liquidez vendiendo más dólares, gracias al incremento de exportaciones de Chevron.
En una economía como la nuestra, con una desocupación de sus factores productivos tan elevada y con remuneraciones tan míseras, estas medidas han sido particularmente nocivas. Minimiza el crédito doméstico, mantiene deprimida la demanda, perpetúa el colapso de los servicios y sobrevalúa el bolívar, quemando escasas divisas para rezagar el incremento en su precio, que tendrían mejor uso ampliando las importaciones. Se trata de medidas procíclicas, es decir, que acentúan, en vez de contrarrestar, la caída en la actividad económica. Y nuestra altísima inflación mantiene su resistencia a la baja.
Este entrampamiento en que se encuentra la economía venezolana trae a la memoria la tesis de mi recordado profesor, Héctor Malavé Mata, publicada en el libro, Dialéctica de la Inflación (UCV, 1972). Señalaba ahí la existencia de una inflación oculta en Venezuela de origen estructural, dadas las limitaciones de la oferta doméstica por responder a una demanda creciente –también estructurales, en su opinión–, alimentada por los ingresos por exportación petrolera.
El alza de precios no afloraba abiertamente porque la captación de renta internacional por venta de crudos financiaba la importación que compensaba ese incremento en la demanda. Eran años en que estaba en su apogeo la teoría de la dependencia. Argumentaba que una característica esencial de economías subdesarrolladas situadas en la periferia del sistema capitalista mundial eran los desequilibrios de naturaleza estructural.
Recuerdo un debate en la UCV entre Malavé Mata y Emeterio Gómez sobre las causas de la inflación. Emeterio –quien fue igualmente profesor mío—sostenía que la multiplicación del nivel de precios sólo podía explicarse, matemáticamente, por la multiplicación de las variables monetarias, ya que no podía producirse una reducción proporcional de la oferta. Por tanto, la inflación tenía que entenderse como un fenómeno monetario. No obstante, tuvo que reconocer la existencia de rigideces estructurales –inelasticidades de la oferta, en nuestra jerga profesional—que contribuían a los desequilibrios de precio.
La situación de la Venezuela de hoy es, desde luego, radicalmente distinta. Pero, puede argumentarse la existencia de factores que restringen la oferta de bienes y servicios, y que inciden en la resistencia de la inflación a la baja.
Podría incluso señalarse la naturaleza estructural de estos factores, pero atribuible, no a los desequilibrios asociados a una economía rentista, sino a las distorsiones inherentes al manejo de los asuntos económicos bajo el régimen chavo-madurista.
A riesgo de ser fastidioso, refiero una vez más las raíces de estas distorsiones. El acorralamiento de los mecanismos mercantiles para asignar recursos y para distribuir los frutos de su aplicación en nombre de un «socialismo del siglo XXI», junto al desmantelamiento de las instituciones que resguardan la propiedad, la resolución de conflictos y los derechos ciudadanos, hizo depender la actividad económica de criterios políticos –en buena parte personales—divorciados de la racionalidad económica.
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Asimismo, la primacía de la lealtad al comandante por encima del Estado de derecho abrió las puertas a corruptelas de todo tipo, amparadas en la autoproclamación de ser «revolucionario». La depredación de Pdvsa, de los recursos minerales de Guayana, las extorsiones y confiscaciones de empresas privadas, las contrataciones ficticias con el Estado (empresas de maletín) — amén del tráfico de drogas– pasaron a ser sustento de las alianzas que fue tejiendo Maduro para asegurar su permanencia en el poder.
Estas distorsiones, acompañadas de los controles de precio hasta hace poco y la discrecional regulación de las actividades económicas, desarticuló el tejido productivo interno. Desaparecieron empresas de servicio, firmas proveedoras, complementarias y/o compradoras. Se redujeron las transacciones, el empleo y la demanda en general.
Paralelamente, la destrucción de Pdvsa y el default ante la excesiva deuda acumulada, menguaron las posibilidades de importar insumos, maquinaria y bienes de consumo. Las sanciones han agravado este aislamiento. Junto al colapso de los servicios públicos, el deterioro de la infraestructura y un marco normativo intervencionista y discrecional –sin contar prácticas extorsivas–, explican esa inelasticidad «estructural» de la oferta y su asintonía con la demanda. En tal desajuste estaría una de las causas de la resistencia de la inflación a la baja. Adicionalmente, ésta es alimentada por la ineficiencia del gasto público, más cuando es financiado parcialmente con emisión monetaria.
Este razonamiento señala la necesidad de destrabar la oferta para acabar con la inflación. Limitarse con reducir la demanda, en una situación de tan alto desempleo de recursos productivos, es perjudicial. Se requiere acceder a un generoso financiamiento internacional para recuperar los servicios públicos, reformar al Estado, privatizar empresas que son un desaguadero de dinero, sanear sus cuentas y para fundamentar una reestructuración de la deuda pública que alivie las restricciones del sector externo.
Presupone el retorno al ordenamiento constitucional, con sus garantías y seguridades, y un manejo transparente y solvente de la cosa pública, con rendición de cuentas. Como el régimen actual está montado sobre otra lógica, la de la expoliación, este financiamiento internacional le está vedado.
Obviamente, es menester un cambio político para beneficiarnos de tal financiamiento. Cabe señalar que la economía venezolana padece de un nivel de monetización –la relación entre sus variables monetarias y el PIB—bajísima. La inflación actual se asocia a la altísima velocidad de circulación del dinero, pues la gente busca desprenderse de sus bolívares cuanto antes. Hay un amplio margen para absorber esos recursos externos a través del incremento en las transacciones, con una gestión fiscal saneada. Y, en la medida en que se reactiva la economía, el mayor aprovechamiento de su capacidad productiva, hoy ociosa en buena parte, permitirá cubrir los costos fijos con mayores ventas, estabilizando los precios.
El análisis anterior puede enriquecerse aún más en defensa de la tesis de destrabar la oferta como base para abatir la inflación. Quiero terminar este artículo, empero, con otra reflexión. El alivio de las sanciones debe redundar en una mayor disponibilidad de recursos para el gobierno, pero, dado su naturaleza, es dudoso que se orienten a destrabar la oferta, como he recomendado. Desaparecerá parte en corruptelas, otra en gastos populistas con miras a los comicios de 2024. Quedará poco para resolver problemas.
Pero esta flexibilización en el ámbito económico representa una oportunidad para que el sector privado organizado asuma un mayor protagonismo en este propósito, creando un ente capaz de concertar financiamiento con agencias de cooperación, banca externa, multilateral u otros fondos, para superar los cuellos de botella y demás trabas a sus actividades. Nadie como el empresariado local sabe mejor por donde le aprietan los zapatos.
Elaborar una hoja de ruta sobre los problemas que son prioritarios atacar, de manera concertada, podrá desatar un proceso que, paulatinamente, elimine aquellas trabas «estructurales» que se interponen a la reactivación económica y al empleo productivo.
Humberto García Larralde es economista, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.
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