Referendo del Esequibo tiene «preguntas trampa» que afectarán arreglo judicial en la CIJ
TCDLa controversia territorial sobre el Esequibo pasa por una etapa donde se espera que Venezuela, en cinco meses, entregue un escrito de contramemoria a la Corte Internacional de Justicia para defender la nulidad del Laudo arbitral de París de 1899. Expertos advierten que la pregunta número tres del referendo, que se hará el 3 de diciembre, está mal redactada y podría usarse para abandonar el proceso en la CIJ, que continuará con o sin la presencia del país
El 3 de diciembre fue la fecha escogida por el Consejo Nacional Electoral para el referendo sobre el Esequibo, convocado por la administración de Nicolás Maduro y con el cual buscan dar un «impulso» a las acciones que adelantan para defender los más de 16.000 kilómetros cuadrados en controversia con Guyana.
Las autoridades redactaron y aprobaron cinco preguntas, que piden votar por la opción «Sí» y plantean cuestiones como la ratificación del Acuerdo de Ginebra como único medio para resolver la controversia, el rechazo al Laudo arbitral de París de 1899, el no reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la creación del estado número 25: la “Guayana Esequiba”.
Justamente esas dos últimas cuestiones, reflejadas como las preguntas tres y cinco del referendo, han levantado suspicacias y alertas dentro de la comunidad académica, que lo ven como una «trampa» para salirse de la jurisdicción de la CIJ. Una cuestión que a futuro podría afectar los intereses venezolanos en ese territorio.
¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?
Juan Contreras Arrieche, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, considera que la pregunta número tres es extemporánea e inoportuna, pues «Venezuela ya está participando en la Corte, nombró a las personas que iban a estar manejando el tema venezolano. Preguntar eso a estas alturas no es lo más serio (…) levanta suspicacias de cuál es el sentido para eso».
Por su parte Héctor Faúndez Ledezma, experto en derecho internacional y miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, destaca que esta es una pregunta mal redactada y parte de la falsa premisa de que hay una posición histórica de Venezuela de rechazar la Corte o el arreglo judicial para la controversia del Esequibo.
«Eso no es verdad. Cuando se negoció el acuerdo de Ginebra en diciembre de 1965, Venezuela propuso que se contemplara como mecanismo de solución el arreglo judicial ante la Corte Internacional de Justicia. Fue Inglaterra la que se opuso y prefirió una formulación más flexible que hiciera referencia simplemente a los mecanismos de solución de controversia previstos en el artículo 3 de los principios de la Carta de Naciones Unidas, que es lo que efectivamente recoge el acuerdo», afirma.
Al secretario general se le dio la posibilidad de escoger, como buen oficiante, la figura a emplear para resolver dicho conflicto. Una cuestión asomada por Ban Ki Moon casi al término de su mandato (2007-2016) y que terminó resolviendo su sucesor, Antonio Guterres, al invocar el arreglo judicial el 30 de enero de 2018.
Hubo suficiente tiempo para que Venezuela impidiese que la controversia llegara a la Corte Internacional de Justicia, asegura Contreras Arrieche.
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«Se pasó de una situación donde había un buen oficiante directo a la Corte, y habían otros mecanismos intermedios que podían haberse ido utilizando, pero no se hizo lo que se debía hacer y entramos en la Corte, que siempre fue la pretensión de Guyana», señala el internacionalista.
Faúndez Ledezma también recuerda que, cuando el Acuerdo de Ginebra fue llevado al Congreso venezolano para su ratificación, el entonces canciller Ignacio Iribarren Borges (1964-1969) advirtió expresamente que el asunto podría terminar en la Corte.
Además, menciona que existe la figura del forum prorogatum, que en el derecho internacional público no es más que la «aceptación implícita de la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) mediante la realización de actos procesales de participación en el procedimiento de los que se deduce el consentimiento».
«Venezuela designó agentes, designó agentes alternos, interpuso un recurso y participó del procedimiento. Eso es forum prorogatum, pero ni siquiera era necesario porque ya la Corte había dicho que tenía competencia, lo cual hace que la tercera pregunta sea absolutamente inútil. Este es un asunto que ya fue resuelto por la Corte con votación de 12 contra 4», asevera el experto.
Esto último corresponde al principio de «competencia de la competencia», explica Faúndez Ledezma. Con esta regla, se le otorga a tribunales internacionales la potestad de decidir cuáles son los asuntos de su competencia (artículo 36, parágrafo 6 del Estatuto de la CIJ). «Esto es algo que no tiene por qué discutirse, ya no tiene sentido».
Contramemoria del Esequibo
El 8 de abril de 2024 fue establecido por el tribunal como el plazo máximo para que el Estado venezolano presente su escrito de contramemoria por el Esequibo. Juan Contreras Arrieche explica que, en este paso, Venezuela debe presentar los alegatos que justifican que el Laudo arbitral de París de 1899 es nulo e írrito.
«Tienen que presentar pruebas para que se dé cuenta en la Corte de que ese laudo arbitral fue amañado y manejado por el imperio británico, que en el siglo XIX era la gran potencia del planeta (…) Evidentemente Venezuela tiene argumentos suficientes para poder defender la nulidad de ese acuerdo», afirma.
En lugar de estar haciendo un referendo, resalta el internacionalista, «deberían estar buscando toda la información y llevando a los mejores juristas tanto venezolanos como extranjeros a defender la posición venezolana. Eso preocupa cuando ves que preguntan el tema de la Corte cuando el proceso está avanzado y pone en riesgo la reclamación de Venezuela, porque el país es miembro de la Corte y esas decisiones no son apelables».
El especialista pone como ejemplo el caso Colombia vs Nicaragua, donde se adjudicó territorio marítimo que perjudicó al vecino país. «Colombia no ha dicho que no reconoce el fallo, sino que busca mecanismos para hacer viable esa solución. También está el caso Chile vs Bolivia, pero ninguno se ha atrevido a decir que no reconoce una sentencia o no reconoce a la CIJ».
Para Héctor Faúndez Ledezma, las autoridades no saben cómo preparar el escrito de contramemoria y tampoco tienen con quién hacerlo. «No han encontrado nada más fácil que retirarse de la Corte. Es una excusa, un pretexto para salirse del procedimiento pero eso no nos va a ayudar en absoluto. Corresponde a llamar a todos los expertos, que se encarguen de hacer este escrito en cinco meses, que no es poca cosa, y presentarlo en el lapso suficiente».
Ambos expertos señalan que con o sin la participación de Venezuela, el proceso dentro de la CIJ continuará. Lo grave del asunto es que el país no contará con representación judicial.
«Esto es realmente preocupante que se esté pensando en desconocer a la Corte. El juicio va a seguir y habrá una decisión que afectará o no los intereses de Venezuela, pero es mucho más conveniente estar y alegar que no estar y dejar que el otro arguya solo», afirma Juan Contreras Arrieche.
Faúndez Ledezma ratifica este punto. «Dentro de tres o cuatro años habrá una sentencia obligatoria. Hay que dejarse de tonterías y defender los derechos de Venezuela en la Corte».
La famosa pregunta 5
¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?
Esta es la última pregunta por la cual la administración Maduro llama a votar sí. Pero ambos expertos alegan que también traerá problemas debido a las violaciones del derecho internacional que se plantean.
Héctor Faúndez Ledezma señala que la creación de ese nuevo estado no es posible y es contrario a lo que plantea el propio Acuerdo de Ginebra.
«Eso es un acto aventurero y cercano a lo que sería la anexión de un territorio en disputa (…) Piensen en que Argentina incorpora a sus mapas oficiales Las Malvinas. ¿Cuál es el efecto práctico de esa decisión de incorporar un territorio en disputa y que está en poder de la contraparte? En este caso, quien tiene el territorio es Guyana, pretenden engañar con eso y es una manipulación de la opinión pública», resalta.
El presidente del Colegio de Internacionalistas destaca que la anexión de territorio trae connotaciones graves a la controversia territorial, al tiempo que recuerda que Venezuela pudo ejercer soberanía con presencia directa y atención a la población de esa zona.
«Todos estamos conscientes que la Guayana Esequiba es venezolana, el tema es cómo vamos a hacer para recuperar eso y por qué no se adelantó desde hace mucho tiempo cedulación, ayudas económicas y sanitarias a guyaneses en la frontera. Esta ha sido gente muy maltratada por el gobierno guyanés, que no tiene la capacidad de darle educación, seguridad ni salud a la población del Esequibo», dice Contreras Arrieche.
Resalta, al igual que Faúndez Ledezma, que debido al petróleo en la zona la situación es distinta para Guyana, que ya adelanta convenios de exploración y explotación en la zona marítima, que ocasionaron los últimos reclamos venezolanos.
«Hay que tener una estrategia para recuperar el territorio Esequibo, se debe trabajar en cómo enfrentar la situación para no salir perjudicados en la reclamación del Esequibo», reitera el internacionalista.
Contreras Arrieche comenta que el Colegio de Internacionalistas no ha sido consultado hasta ahora sobre ese tema. Sí conoce de algunos acercamientos de la administración Maduro hacia la Academia Nacional de Historia y de Ciencias Políticas, pero las continuas recomendaciones de estas instancias no han sido tomadas en cuenta por el Ejecutivo para la reclamación.
Veremos ahora cómo es la actitud, dice el experto. «Hemos planteado siempre que esta situación del Esequibo debe ser manejada como un asunto de Estado donde se involucren a todas las instituciones, pero una cosa es la que se dice y otra la que se hace».
Para lo que está sirviendo el referendo, afirma Faúndez Ledezma, «es para terminar de sepultar definitivamente la reclamación venezolana, para ponerle fin a una justa reclamación venezolana y dejar sentado que el único responsable de esta calamidad es el régimen de Maduro. Es durante este mandato que eso se está perdiendo».
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