Celos presidenciales
Lo cierto es que se produjo un choque, un enfrentamiento entre la primera autoridad del distrito, la alcaldesa, y, del otro lado, la Directora del ICBF y, por supuesto el más responsable, el presidente Petro
Los colombianos se han preguntado, ¿por qué si con el paso del tiempo la percepción sobre la gestión de Petro cada día es más negativa, si sus reformas no son aprobadas por el pueblo, de tal forma que ha tenido que recurrir a trasladar a Bogotá diferentes grupos para que las apoyen, las manifestaciones de protesta que en su contra se han realizado han sido pacíficas, incluido el “fuera Petro” que hoy se escucha en los estadios? La respuesta queda a ojo vista, razón por la cual Petro en X expresa “Los jóvenes de primera línea y de segunda y de tercera, y más allá no son victimarios, son las víctimas (…)”.
Y siguiendo esa línea esta semana fuimos sorprendidos por una noticia increíble, para Ripley. Se trata del Centro de Justicia Restaurativa para jóvenes que se construyó en Campo Verde, Bosa. Ya lleva un año terminado y tiene capacidad para 200 jóvenes con problemas judiciales. Su costo fue de 27 mil millones de pesos, pero todo el complejo demandó una inversión de 70.000 millones, los que según la alcaldesa López, provinieron en su mayoría de los impuestos que pagan quienes viven en Bogotá.
Noticias Relacionadas
- Lea también: Corte Constitucional impide a Petro liberar a delincuentes de la “Primera Línea”
- Lea también: El decrecimiento colombiano y la propuesta suicida de Petro
Pues bien, el gobierno Petro, a través de la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, informó, por fin, al distrito, que no recibiría ese Centro porque no es política de su gobierno que los jóvenes sean privados de la libertad, desconociendo la ley – Código Penal y Código de la Infancia y la Adolescencia – que establecen el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia, establecido para investigar y juzgar delitos cometidos por personas entre 14 y 18 años, que no por niños, quienes no pueden ser procesados, situación que, al parecer, ignora el presidente y de ahí su Twitter (hoy X): “En mi opinión los niños no deberían estar presos”.
Por su parte la Directora del ICBF dijo lo siguiente: “El debate no es por un centro, es porque todos los centros de privación de libertad adolescente puedan cerrarse y dar paso a modelos distintos. En eso Bogotá tiene avances y ahí es donde nos llaman los adolescentes a cambiar la mirada y la acción. Ese es el acuerdo”.
Resulta, entonces, imperativo preguntarse ¿de qué acuerdo y entre quiénes, habla la señora directora?
Lo cierto es que se produjo un choque, un enfrentamiento entre la primera autoridad del distrito, la alcaldesa, y, del otro lado, la Directora del ICBF y, por supuesto el más responsable, el presidente Petro. Y esta clase de incidentes sólo significa un retroceso en el avance de garantizar los derechos de los jóvenes y permitir que respondan por las acciones delictivas que han realizado, generándose, además, un grave detrimento económico.
El Centro de Justicia Restaurativa para menores era una necesidad muy sentida de la ciudad capital y del país, máxime cuando los medios de comunicaciones han dado cuenta del aumento de infracciones penales cometidas por adolescentes, a quienes instrumentan las bandas criminales y cuya utilización viene creciendo. Impedir que se hagan responsables y que tengan un lugar adecuado para su rehabilitación sólo es prueba del desgreño y desconexión del gobierno Petro, lo que nos lleva a recordar su nefasta alcaldía y su gestión de las basuras, para citar solo un ejemplo.
La alcaldesa, claramente disgustada, y con razón, agradeció a la directora la claridad en el tema y dijo que no estaba de acuerdo pero que lo asumía y analizaría qué uso podría darse a la edificación.
Los indicadores de violencia tanto en Bogotá como en el resto del país nos están señalando que los jóvenes son cada vez más protagonistas de toda clase de delitos. Y no cualquier delito menor, cometen graves ilícitos como el asesinato, violaciones, acoso, violencia de género y tráfico de estupefacientes. En Colombia se capturan cada día en promedio 248 jóvenes.
Es tan arbitrario el presidente que no le comunicó oficialmente y por escrito a la alcaldesa su absurda decisión. Se limitó a dar cuenta de ella en un consejo de seguridad en Bosa. Tamaña decisión no puede obedecer a celos de poder o cualquier parecido sentimiento, pues, no solo involucra intereses superiores, como los de los adolescentes, sino que conlleva, por omisión, a un nefasto acto de dilapidación que puede traducir un notorio y manifiesto acto de corrupción.
Los delincuentes juveniles de comprobada peligrosidad solo pueden ser tratados en establecimientos especializados, como el que se negó a recibir el gobierno central.
¿Qué podemos interpretar? ¿Populismo e irresponsabilidad por parte de Petro? sería lo primero. Lo segundo, ¿retaliación con la alcaldesa por la construcción del metro en Bogotá o rivalidad?. Y después habría que discutir el tema de la ligereza, por decir lo menos, con que trata el patrimonio de la ciudad capital.
Finalmente, no les hace ningún favor a los adolescentes penalmente procesados el privarlos de un lugar en que estarían en unas muy buenas condiciones, como lo es el centro de atención especializada que ahora se niega a emplear con la finalidad para la cual fue construido. No se sabe qué usos tendrá, pero, seguramente, tendrá un buen destino.
En fin, la política “de lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta” no puede ser de recibo en esta oportunidad y los organismos de control deben intervenir ante este tremendo despropósito. Dilapidar no es solo despilfarrar el dinero. También se malversa cuando caprichosamente se desaprovechan los bienes públicos.
Recomendable leer la obra del jurista español Carlos Cubillo Rodríguez, letrado del Tribunal de Cuentas, titulada “El tratamiento jurídico del despilfarro en la gestión de los fondos públicos” en la que se analizan las diferentes formas con las que se «evaporan» los caudales que son de toda la ciudadanía. En ella se cita al romano Marco Aurelio, que fue un gran filósofo y a la vez gestor de fondos públicos, quien decía así: «No es necesario para vivir en la corte tener vestidos caros, candelabros, estatuas y otros lujos parecidos. Es posible ceñirse al modo de vida de la gente normal sin por ello perder la dignidad o abandonar los deberes que corresponden al cargo». Qué bien le haría al presidente Petro y a su vicepresidente Francia Márquez aplicar tan elemental filosofía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario