Irací Hassler sacrificó a un aliado para asegurar su reelección
El exdirector de Planificación Luis Mayorga indicó que la alcaldesa Irací Hassler realizó una oferta inicial de seis millones de dólares, que posteriormente aumentó a siete y finalmente llegó a los diez, cifra que supuestamente se basaba en las tasaciones realizadas por su despacho. Sin embargo, después de que la Contraloría suspendiera la adquisición debido al escándalo, le solicitó la renuncia a Mayorga.
Gabriela Moreno PANAM POST
La alcaldesa de Santiago de Chile, Irací Hassler, se encuentra enfrentando crecientes desafíos para desvincularse del enredo legal surgido a raíz de la controvertida adquisición, con sobreprecio, de la ex clínica Sierra Bella, en enero. Su narrativa, centrada en presentar al municipio como víctima, se desmorona ante las declaraciones de su exdirector de Planificación, Luis Mayorga. Este último le atribuye un papel fundamental en las negociaciones que constituían la compra por diez millones de dólares de esta infraestructura, a pesar de que su valor real era un cuarto de la cifra propuesta.
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Según el exfuncionario, primero Hassler realizó una oferta inicial de seis millones de dólares, que posteriormente aumentó a siete y finalmente llegó a los diez, cifra que supuestamente se basaba en las tasaciones realizadas por su despacho. Sin embargo, después de que la Contraloría suspendiera la adquisición debido al escándalo, le solicitó la renuncia a Mayorga. Este movimiento parecía destinado a distanciarse de figuras polémicas y buscar la continuidad en el sillón municipal en las elecciones de octubre de 2024.
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“Cuando fui a presentar la renuncia le dije que me parecía impresentable el daño hecho, a lo cual me pidió disculpas, pero me dijo que era más importante la reelección”, relató a la Fiscalía.
Otra versión que coincide
Las declaraciones de Mayorga encuentran eco en la versión de Felipe Sánchez, representante legal de la inmobiliaria San Valentino, propietaria de la clínica. Sánchez afirma que Hassler lideró personalmente las negociaciones, ajustando los precios en varias instancias. La inmobiliaria, a través de una carta pública, reprocha a Hassler una serie de incumplimientos y falta de claridad, anunciando acciones judiciales para proteger sus intereses como vendedores.
“Ella llevó personalmente la negociación. Ella nos ofreció un primer precio al que no accedimos y ella hizo cálculos con su equipo para ofrecer en segunda y tercera instancia el precio final”, aseguró.
En una misiva pública reprochó “una serie de incumplimientos, irresponsabilidades y falta de claridad mínima de la máxima autoridad municipal y sus equipos”, a quien culpó de “desconocer sus obligaciones contraídas en un contrato válidamente suscrito”.
En esa línea, la inmobiliaria exhortó a la alcaldesa Irací Hassler a “hacer propios los errores si los hubo y no escudarse en señalar con el dedo a quienes estaban en su equipo”. El lío es grande. De hecho, la inmobiliaria anunció acciones judiciales para “perseguir el cumplimiento forzado de la compraventa”, argumentando que protegerán “sus intereses como vendedores”.
Con sospechas de fraude
La Fiscalía indaga esos detalles. Ya calificó como imputada a la edil en la investigación de posible fraude al fisco, la cual se mantiene abierta, tas la fallida compra del inmueble. La instancia no solo revisa los términos y condiciones establecidos en la compra de la edificación donde funcionaría la clínica, sino también el proceso de negociación.
El resultado de las primeras pesquisas complica a Hassler, luego de que se indicara que existió un “plan delictual” para concretar el negocio. Así lo señalan los diputados republicanos Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, querellantes en el caso.
Ambos parlamentarios revelan que un estudio de tasación privado ordenado por el fiscal Patricio Cooper a la empresa Transsa Consultores Inmobiliarios comprobó que “el valor de la propiedad asciende a menos del 50 % del valor de compra. Es decir, el precio del contrato y la tasación fue equivalente, al menos, al doble del valor comercial o al cuádruple de la tasación fiscal y precio de compra del vendedor”.
Una carta de lamentos
Hassler está en una encrucijada legal por la compra de la clínica que podría dejarla fuera del cargo, si la Fiscalía decide formalizarla. Frente a esta posibilidad, la mandataria endosa a los medios de comunicación la pérdida de credibilidad.
A través de una carta distribuida en las distintas instancias, donde laboran al menos 8000 funcionarios públicos, recalca que “los medios de comunicación han amplificado calificaciones en contra de la municipalidad, a un extremo que se ha dañado la imagen del conjunto de funcionarios que desempeñamos la labor municipal de manera honrada, leal y esforzada”.
En el documento divulgado por La Tercera, Hassler insiste en que “la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella se produjo debido a que, siguiendo los dictámenes de la Contraloría, se contrataron tres tasadores -curricularmente aptos- para la determinación del precio de dicho inmueble. Dichos tasadores realizaron un trabajo claramente deficiente, y que fue observado por el órgano contralor”.
En ese sentido, destaca que presentó una querella en contra de ellos por los delitos de estafa y falsificación. Además reitera que ordenó un sumario administrativo en contra de altos directivos alegando “el engaño producido a través de las tasaciones en la determinación del precio de adquisición en un proceso de buena fe”. La medida no convence a la Fiscalía. La instancia ordenó revisar todas sus compras hechas por su administración.
Ahora está obligada mediante un oficio del fiscal, Patricio Cooper, a “informar y remitir las adquisiciones efectuadas durante los años 2021 y 2022″, así como también “las tasaciones que sirvieron de sustento” para elegir las propuestas más convenientes.
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