Militares agreden a comunidad pemona Ayu Toy en Bolívar, denuncia Provea
Provea, por medio de su investigador Inti Amarú, advirtió que comunidades indígenas en Bolívar están siendo agredidas por militares. Indicó que una comunidad pemona se ha visto arrastrada a trabajar en la minería por la falta de atención del Ejecutivo
El investigador de Provea Inti Amarú denunció el domingo 17 de diciembre que habitantes de la comunidad pemona Ayu Toy, en el estado Bolívar, fueron agredidos por aproximadamente 80 militares que llegaron a la zona en cuatro helicópteros.
Amarú relató en Radio Fe y Alegría que los uniformados también hostigaron y amenazaron a unos 600 residentes de la comunidad pemona, que se ven obligados a trabajar en la minería debido a la falta de atención por parte de las autoridades y ante el incremento de las prácticas extractivas en Bolívar.
De igual forma, el investigador de Provea indicó que al igual que Ayu Toy, otras comunidades de la región alertaron vivir una situación similar.
“Esto forma parte de una situación descrita por la Misión de Determinación de los Hechos y por organizaciones defensoras de derechos humanos, en la que la extracción minera empuja a las poblaciones indígenas a situaciones de riesgos, desatención y vulnerabilidad de la garantía de sus derechos”, apuntó.
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También expresó su preocupación por la posibilidad de que haya un aumento de los operativos de seguridad en Bolívar y se profundice la militarización por la disputa de la zona minera. El investigador alerta sobre el aumento de los riesgos para las comunidades más vulnerables.
La ONG Fundaredes denunció a principios de noviembre que entre los años 2019 y 2023 han documentado los casos de 44 personas asesinadas en el contexto de la minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas.
De acuerdo con el nuevo boletín de la organización, titulado «Grupos armados y Estado venezolano vulneran el derecho a la vida de los pueblos indígenas», 20 de las víctimas pertenecían a pueblos indígenas de Amazonas (11) y Bolívar (9).
Para la ONG, además del riesgo en que se encuentran los pueblos indígenas debido a las diversas actividades delictivas asociadas a la extracción minera ilegal, sus derechos a la seguridad personal, a la salud, al igual que el uso, goce y aprovechamiento de su hábitat y tierras no son garantizados por el Estado venezolano.
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