Nuevo diputado brasileño bajo asedio por la dictadura de la toga
¿Por qué el Poder Judicial persigue a ciudadanos y diputados por opinar? Sea de política o de moda, cualquier tema que no les agrade a los magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil, es suficiente para usar la justicia y censurar a quien sea, como sea y cuando sea
El artículo 53 de la Constitución brasileña establece que los diputados y senadores “son inviolables, civil y penalmente, por cualquiera de sus opiniones, palabras y votos.” Sin embargo, el Poder Judicial ha pasado por encima de esta norma desde hace varios años. El caso más emblemático había sido el del diputado federal, Daniel Silveira, que había emitido una opinión negativa sobre uno de los miembros de la rama judicial. Por esa razón, fue enviado a la cárcel. Ahora, por obra del mismo actor judicial, el líder de la bancada de la oposición, el diputado Carlos Jordy, es víctima de una acción autoritaria.
La orden de aprehensión y captura contra Jordy fue solicitada por la Policía Federal (PF) y recibió el consentimiento de la Procuraduría General de la República (PGR), antes de ser autorizada por el Magistrado Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF). En el marco de la fase número 24 de la Operación Lesa Patria, se investiga al diputado bajo una supuesta relación con los actos que ocurrieron el 8 de enero de 2023. Según Moraes, hay supuesta evidencia que inculpa al líder político de 41 años.
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Además de despertar al diputado con un fusil en su casa mientras dormía con su esposa y su hija la mañana del pasado jueves 18 de enero, la Policía Federal estuvo en su gabinete y en otras direcciones relacionadas con él. Se llevaron laptops, documentos y su teléfono.
Todo esto ocurre en medio de la creciente popularidad que tiene Carlos Jordy en el municipio Niteroi, en el estado de Rio de Janeiro, en donde compite como precandidato a la alcaldía para las elecciones locales de este año. Apenas ha ocurrido esta situación, los candidatos de la izquierda han mostrado algunas de sus aspiraciones. ¿Acaso esta operación podría tener un impacto en los comicios locales judicializando a los legisladores más populares de la derecha?
Los diputados federales de Brasil, en especial los de la oposición, no tienen garantizado su derecho constitucional establecido en el artículo 53. Y si estos actores, que son electos por el voto de la gente, no cuentan con sus derechos garantizados, ¿qué se puede esperar para los ciudadanos comunes? ¿Por qué hasta el momento en que se escribe este artículo no se han pronunciado los presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores? ¿De donde sale el ilimitado poder que tienen los magistrados de la rama judicial que pueden imponerse ante los otros dos poderes, incluso por encima de la Constitución Federal?
Hace poco, fue viral en las redes sociales un video sobre moda de Felipe Brandão, quien es hijo del magistrado del STF, Benedito Gonçalves. Cabe destacar que este magistrado fue quien encabezó la judicialización del expresidente Jair Bolsonaro, condenándolo a ocho años de inelegibilidad. En los videos se muestra al sujeto ostentando ropas y accesorios valorados en más de un millón de reales (USD 200.000). Al poco tiempo, el Tribunal de Justicia en Rio de Janeiro ordenó al ciudadano que colocó el video en su red social, que lo eliminara bajo multa de 5000 reales diarios si no lo hace y 1000 reales cada vez que coloque una foto o video del hijo del magistrado. ¿Acaso esto no es censura? El hecho abrió un debate sobre el estilo de vida y los privilegios de la clase política en un país donde más de 60 millones de personas viven en la pobreza.
¿Por qué el Poder Judicial persigue a ciudadanos y diputados por opinar? Sea de política o de moda, cualquier tema que no les agrade a los magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil, es suficiente para usar la justicia y censurar a quien sea, como sea y cuando sea.
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