Asedio al Palacio de Justicia pone en la cuerda floja el orden constitucional de Colombia
En un contexto de inestabilidad política en Colombia, la Secretaría General de la OEA exigió a diversos actores políticos abogar por la continuidad de la gobernabilidad constitucional de las autoridades democráticamente electas
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La elección infructuosa de una nueva fiscal general por parte de la Corte Suprema de Justicia desató una protesta frente a la institución judicial que levanta cuestionamientos tanto de parte del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, por lo que distintos actores advierten que Colombia podría estar al borde de una ruptura del orden constitucional.
El conflicto inició en la tarde de este jueves 8 de febrero, mientras se llevaba a cabo una votación para elegir a una nueva fiscal general, puesto que el mandato del actual titular del cargo, Francisco Barbosa, vence este mismo viernes 9 de febrero.
Sin embargo, el voto blanco se impuso en las dos rondas de votos, por lo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, informó que ninguna de las candidatas cumplió con el mínimo de 16 votos para concretar el cambio. Por lo tanto, se llevará a cabo una nueva elección en 15 días.
«Sesionamos en condiciones de normalidad. Adelantamos la ronda de votación para la elección de la nueva fiscal general de la nación, hicimos dos rondas de votaciones y el resultado final es que ninguna de las candidatas, por el momento, sacó los votos requeridos para ser elegida la nueva Fiscal Genral de la Nación, que conforme a nuestro reglamento, se requiere una mayoría de 16 votos», dijo Chaverra en declaraciones reseñadas por Blu Radio.
Mientras corre el reloj del vencimiento del mandato de Barbosa al frente de la Fiscalía General de la Nación, el presidente Gustavo Petro ha denunciado que desde la Corte Suprema de Justicia se dilata el proceso y atenta con no renovar la institución con una nueva fiscal, más favorable al gobierno de Petro.
Como parte de estas críticas, en las últimas semanas Petro ha instado a sus partidarios a manifestar en contra de los magistrados que supuestamente dilatan la elección, incluso denunciando que desde el Poder Judicial se intenta promover un «golpe blando» contra su gobierno.
Sin embargo, la protesta de este jueves en el Palacio de Justicia, donde se llevaba a cabo la votación, se salió de control. Una vez que no se produjo una decisión final sobre la nueva fiscal, la manifestación se convirtió en asedio.
*Lea también: EEUU y Colombia acuerdan trabajar por hoja de ruta electoral en Venezuela
Ante la escalada de las tensiones y un peligro genuino para la seguridad de los magistrados, el propio Petro ordenó un despliegue policial para garantizar la salida de los miembros de la Corte Suprema, mientras instó a una «tranquila» organización popular en todo el país.
«La orden de la policía es despejar las puertas con respeto, pero con contundencia (…) Me corresponde apagar a quienes quieren prender incendios. Los mismos magistrados han querido que no se use violencia y no hay ataque contra los magistrados. el tiempo que corresponde ahora es a la tranquila organización popular en todo el territorio del país», indicó en un par de publicaciones en la red social X.
Durante el transcurso de la tarde, Petro se mantuvo activo en redes sociales, defendiéndose contra señalamientos de que había ordenado el asedio intencionalmente y aclarando que se resguardó la seguridad de los magistrados.
En este contexto, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó un comunicado en el que se instaba a la protección del orden constitucional en Colombia y a la continuidad del mandato de Gustavo Petro como presidente del país, después de que actores como el expresidente César Gaviria cuestionara su «capacidad mental para gobernar a Colombia».
En el comunicado, la secretaría de la OEA exigió «que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia» y asegurar la «gobernabilidad constitucional a las autoridades electas». Además, recoró la importancia de la elección de un nuevo Fiscal General, en línea con las demandas de Petro.
En un contexto de inestabilidad política en Colombia, la Secretaría General de la OEA exigió a diversos actores políticos abogar por la continuidad de la gobernabilidad constitucional de las autoridades democráticamente electas
La elección infructuosa de una nueva fiscal general por parte de la Corte Suprema de Justicia desató una protesta frente a la institución judicial que levanta cuestionamientos tanto de parte del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, por lo que distintos actores advierten que Colombia podría estar al borde de una ruptura del orden constitucional.
El conflicto inició en la tarde de este jueves 8 de febrero, mientras se llevaba a cabo una votación para elegir a una nueva fiscal general, puesto que el mandato del actual titular del cargo, Francisco Barbosa, vence este mismo viernes 9 de febrero.
Sin embargo, el voto blanco se impuso en las dos rondas de votos, por lo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, informó que ninguna de las candidatas cumplió con el mínimo de 16 votos para concretar el cambio. Por lo tanto, se llevará a cabo una nueva elección en 15 días.
«Sesionamos en condiciones de normalidad. Adelantamos la ronda de votación para la elección de la nueva fiscal general de la nación, hicimos dos rondas de votaciones y el resultado final es que ninguna de las candidatas, por el momento, sacó los votos requeridos para ser elegida la nueva Fiscal Genral de la Nación, que conforme a nuestro reglamento, se requiere una mayoría de 16 votos», dijo Chaverra en declaraciones reseñadas por Blu Radio.
Mientras corre el reloj del vencimiento del mandato de Barbosa al frente de la Fiscalía General de la Nación, el presidente Gustavo Petro ha denunciado que desde la Corte Suprema de Justicia se dilata el proceso y atenta con no renovar la institución con una nueva fiscal, más favorable al gobierno de Petro.
Como parte de estas críticas, en las últimas semanas Petro ha instado a sus partidarios a manifestar en contra de los magistrados que supuestamente dilatan la elección, incluso denunciando que desde el Poder Judicial se intenta promover un «golpe blando» contra su gobierno.
Sin embargo, la protesta de este jueves en el Palacio de Justicia, donde se llevaba a cabo la votación, se salió de control. Una vez que no se produjo una decisión final sobre la nueva fiscal, la manifestación se convirtió en asedio.
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Ante la escalada de las tensiones y un peligro genuino para la seguridad de los magistrados, el propio Petro ordenó un despliegue policial para garantizar la salida de los miembros de la Corte Suprema, mientras instó a una «tranquila» organización popular en todo el país.
«La orden de la policía es despejar las puertas con respeto, pero con contundencia (…) Me corresponde apagar a quienes quieren prender incendios. Los mismos magistrados han querido que no se use violencia y no hay ataque contra los magistrados. el tiempo que corresponde ahora es a la tranquila organización popular en todo el territorio del país», indicó en un par de publicaciones en la red social X.
Durante el transcurso de la tarde, Petro se mantuvo activo en redes sociales, defendiéndose contra señalamientos de que había ordenado el asedio intencionalmente y aclarando que se resguardó la seguridad de los magistrados.
En este contexto, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó un comunicado en el que se instaba a la protección del orden constitucional en Colombia y a la continuidad del mandato de Gustavo Petro como presidente del país, después de que actores como el expresidente César Gaviria cuestionara su «capacidad mental para gobernar a Colombia».
En el comunicado, la secretaría de la OEA exigió «que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia» y asegurar la «gobernabilidad constitucional a las autoridades electas». Además, recoró la importancia de la elección de un nuevo Fiscal General, en línea con las demandas de Petro.
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