Caso Rocío San Miguel: 20 días de arresto sin defensa privada e incomunicada
TCDEl Ministerio Público, a cargo de Tarek William Saab, vinculó a la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, con la operación «Brazalete Blanco», una supuesta conspiración para atentar contra Nicolás Maduro, el gobernador del Táchira y varias instalaciones militares. Desde el 18 de febrero, sus familiares no han tenido contacto
20 días han transcurrido desde la detención de Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, dedicada a la investigación militar. Su equipo de defensa afirma que su estatus es de «indefensión e incomunicación», al no permitirle visitas o la juramentación de los abogados de confianza.
San Miguel fue detenida la madrugada del pasado 9 de febrero, cuando se disponía a salir del país por el aeropuerto internacional de Maiquetía junto a su hija, Miranda Díaz. La abogada quedó bajo arresto por una presunta orden de detención en su contra.
Un día más tarde arrestaron dentro del mismo aeropuerto a Miranda Díaz y a su padre, Víctor Díaz Paruta, cuando fueron a retirar el equipaje. El día 11, funcionarios detuvieron a los hermanos Miguel y Alberto San Miguel.
El grupo fue presentado en tribunales la noche del 12 de febrero, según el fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab. A la presidenta de Control Ciudadano se le dictó una medida privativa de libertad por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
Saab ha dicho que la abogada está presuntamente involucrada en la operación «Brazalete Blanco», una supuesta conspiración para atentar contra el mandatario Nicolás Maduro, el gobernador del Táchira y varias instalaciones militares.
Según el fiscal, la tarea de Rocío San Miguel dentro de la «conspiración» era la de informar cada ataque para darle credibilidad ante los medios de comunicación. Se presentó como evidencia el hecho de que Anyelo Heredia, el cabecilla de la acción, tenía su contacto telefónico, pagos de una trasnacional petrolera, además de 18 mapas incautados en su vivienda, algunos con zonas militares marcadas.
Sobre su salud o estado anímico es poco lo que se sabe. «Si bien es cierto que su hija la pudo ver el 18 de febrero, desde esa fecha nada se sabe de ella», comenta Joel García, abogado de la presidenta de Control Ciudadano. A través del Consulado de España –país del cual es ciudadana– se le ha entregado comida, ropa y artículos de aseo personal.
Otra cuestión que resalta García es que, en al menos tres ocasiones, el equipo defensor se ha quedado esperando por su traslado a tribunales para poder juramentarse debidamente como su defensa privada. El defensor público que la asiste tampoco se ha comunicado con sus familiares.
*Lea también: Retardo en constitución de defensa impide impugnar privación de libertad de San Miguel
Los abogados han denunciado en varias ocasiones las irregularidades que marcaron la detención de Rocío San Miguel, como el hecho de que su audiencia de presentación en tribunales se realizó luego de las 48 horas de haber sido arrestada, lo que viola el debido proceso; así como el irrespeto a su solicitud de defensa privada.
La detención de la defensora de derechos humanos ha levantado las alarmas internacionales. Distintas ONG han pedido su liberación inmediata, al igual que la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, los gobiernos de Estados Unidos y España.
«Queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo a quienes defienden la libertad, la democracia, la dignidad, y la reciente detención de Rocío San Miguel o la muerte de Alexei Navalni nos recuerdan que nuestro apoyo a las voces por la libertad debe ser inquebrantable», afirmó el canciller español José Manuel Albares durante el inicio de la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En el caso de Alejandro González de Canales Plaza, un excoronel del Ejército que pertenece al entorno de San Miguel, sus familiares o allegados no han tenido noticia alguna. Pese a que el Tribunal 2° de Control con competencia en Terrorismo dictó como lugar de reclusión la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, los abogados señalaron que se encuentra en el Internado Judicial El Rodeo I, cerca de Guatire, en el estado Miranda.
A González de Canales Plaza se le acusa de la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
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