Detienen en Maiquetía a Rocío San Miguel y se desconoce su paradero (+ reacciones)
La conocida defensora de los Derechos Humanos fue detenida el 9 de febrero y es actual víctima de lo que se conoce como "desaparición forzada breve"
El 9 de febrero a las 5 am, organismos de fuerza policial del gobierno detuvieron en el aeropuerto de Maiquetía a Rocío San Miguel, defensora de Derechos Humanos y presidente de la ONG Control Ciudadano y, desde entonces, se desconoce su paradero.
A este hecho se le denomina «desaparición forzada breve», según las Naciones Unidas, y constituye una violación al debido proceso, al derecho a la defensa y es una violación a los Derechos Humanos. Sin embargo, es una práctica constante en el actual gobierno.
La fiscalía venezolana que dirige Tarek William Saab aún no se ha pronunciado sobre el caso.
«Sus familiares y su defensa no han sido oficialmente informados de su paradero ni han tenido acceso a ella. Este patrón de crímenes de Estado ha sido usado sistemáticamente y es una de las líneas de investigación actual de la Corte Penal Internacional», manifestó el periodista Luis Carlos Díaz en sus redes sociales.
La importancia de Rocío San Miguel
Rocío San Miguel tiene amplia trayectoria en Derechos Humanos e incluso es una de las pocas abogadas especializadas en la defensa de los Derechos Humanos de los militares. Se encontraba en el aeropuerto con su hija. Desde 2012, ambas tienen medidas cautelares de protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a los constantes ataques y hostigamiento que ha recibido.
«Rocío es una persona muy importante en la sociedad civil venezolana porque dirige desde hace años la ONG Control Ciudadano, encargada de hacer análisis de seguridad y defensa de la Nación. También es conocida por ser una de las personas que le ganó al Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se demostró que se han aplicado medidas de discriminación, persecución y restricción de libertades por razones políticas», detalla Luis Carlos Díaz.
Reacciones y exigencias de liberación
La detención y desaparición de Rocío San Miguel desató, de inmediato, reacciones de la comunidad nacional e internacional.
Amnistía Internacional pidió su «libertad inmediata e incondicional».
«Consecuentes con nuestro mandato exigimos su inmediata libertad y denunciamos que este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos», publicó la ONG especializada Provea.
«Exigimos respuesta y atención inmediata del caso a los organismos internacionales de protección y defensa de los DDHH que se encuentran en Venezuela. ¡Ya basta de silencio! Estos hechos ocurren aún con presencia en el país de la oficina del Alto Comisionado de DDHH. Se requiere acción urgente», denunció la opositora Delsa Solórzano.
«Alertamos al mundo que la arremetida represiva del régimen de Maduro continúa», condenó María Corina Machado, principal figura de la oposición de cara a las presidenciales de 2024, pese a una inhabilitación política en su contra por 15 años.
El también líder opositor, Henrique Capriles, denunció en tanto que «una vez más desde el poder sigue la dinámica del terror, la persecución, criminalización y arbitrariedades para neutralizar a quienes piensan distinto».
«Brazalete blanco»
La retención ocurre en un contexto del anuncio del gobierno venezolano de haber neutralizado cinco «conspiraciones» de magnicidio, en las que la justicia venezolana señala a militares, periodistas y activistas, dice AFP.
Maduro, que debe buscar la reelección este año, denuncia con frecuencia planes para derrocarlo y asesinarlo.
Una de ellas, denominada «Brazalete blanco», en la que supuestamente está involucrada San Miguel, consistía en el ataque de una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, para tomar armas y asesinar a dirigentes del chavismo.
Por estas últimas presuntas conspiraciones van 36 detenidos -12 por «Brazalete blanco»- y 22 personas con órdenes de captura, según dijo el fiscal general Tarek William Saab el 26 de enero.
Cuentas de la ONG Foro Penal aseguran que Venezuela suma 261 «presos políticos», entre ellos 18 mujeres y 146 militares.
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