¡La hora de despertar!, por Lidis Méndez
Las elecciones libres y justas son la piedra angular del traspaso de poder en los Estados contemporáneos, ya que estas permiten a los ciudadanos expresar su voluntad política y elegir a sus representantes. En tal sentido, es fundamental garantizar que se respeten los derechos humanos en los procesos electorales.
Existen varios instrumentos jurídicos internacionales que establecen estándares en esta materia. La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho a elecciones periódicas por sufragio universal. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos profundiza este derecho, agregando que las elecciones deben ser genuinas, realizarse por voto secreto y permitir la libre expresión de la voluntad de los electores.
Otros tratados regionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, también protegen los derechos políticos y el acceso al sufragio. Asimismo, organismos internacionales como la ONU y la OEA han emitido declaraciones y directrices sobre cómo garantizar elecciones libres en el marco del respeto de los derechos humanos.
Estas normas internacionales establecen principios clave, como la no discriminación en la participación política, la independencia de los órganos electorales, el acceso equitativo a los medios de comunicación para todos los candidatos y la transparencia de los comicios y resultados. También prohíben limitar irrazonablemente el derecho al voto y perpetuarse indebidamente en el poder.
Cada vez que se realizan elecciones controversiales, todos los reflectores apuntan a las misiones de observación electoral. Se esperan con ansias sus reportes para conocer si validan o refutan las acusaciones de fraude que suelen circular cuando un resultado es muy reñido o totalmente opuesto a la intención y voto de la mayoría de los electores.
Los Estados tienen la obligación de proteger estos derechos fundamentales en materia de elecciones. La comunidad internacional debe supervisar de manera segura y adecuada que cumplan las normas vigentes y denunciar cualquier violación o retroceso.
No puede negarse que los informes de expertos independientes cumplen un rol vital. Ofrecen una mirada técnica y especializada sobre posibles irregularidades. También confirman si se cumplieron o no los estándares para considerar los comicios como libres y limpios e influyen sobre la percepción internacional acerca de la legitimidad de los procesos electorales en una nación.
Aun así, su capacidad de alterar veredictos o imponer rectificaciones es limitada. Cuando se ha consumado un fraude con complicidades en el árbitro electoral y el sistema de justicia, pocas veces una denuncia de observadores logra modificar los hechos.
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Quizás el mayor efecto concreto de un reporte que evidencia violaciones graves, es que puede activar sanciones diplomáticas y económicas desde otros países o bloques regionales o fortalecer las protestas ciudadanas contra comicios percibidos como ilegítimos. Pero revertir un resultado fraudulento confirmado por las instituciones domésticas sigue siendo una hazaña extraordinariamente compleja.
Los informes de observación electoral importan mucho para mantener viva la conversación democrática en cada país y construir reformas graduales que fortalezcan la integridad de futuros comicios. Pero esperar que por sí solos determinen el destino de unos controvertidos resultados electorales, es asignarles un impacto y poder que no detentan frente a sistemas donde se han corrompido todas las barreras de contención. Son una voz de alerta, más no la voz definitoria como ya lo hemos experimentado en este último mandato presidencial. ¡El tiempo apremia…Venezuela, llegó la hora de despertar!
Lidis Méndez es politóloga.
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