Cómo los grupos activistas de izquierda radical han capturado al gobierno británico
El gobierno británico está financiando organizaciones activistas de izquierda que ejercen presión contra su propias políticas
Catorce años en el gobierno y ¿qué ha conseguido el Partido Conservador británico? La mayor presión fiscal desde la Segunda Guerra Mundial, políticas ecologistas radicales contrarias a la libertad y la aplicación de la teoría crítica de raza y género en todas las instituciones.
Algunos simplemente culpan de todo esto a la incompetencia del gobierno. Otros dudan de que los políticos crean realmente en lo que defienden y sospechan que sólo lo hacen para apaciguar a grupos con intereses especiales. Aunque estos factores pueden influir, otro que se pasa por alto es que el propio gobierno británico financia el activismo de izquierdas.
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No lo llaman así, por supuesto, pero eso es lo que está ocurriendo. La forma en que funciona es que las organizaciones de izquierda se identifican como organizaciones benéficas, que en realidad son un caballo de Troya para el lobby de la izquierda radical. La idea de una organización benéfica crea la imagen de una amable anciana que vende galletas para recaudar fondos para la investigación del cáncer, por lo que el gobierno les da dinero público para sus esfuerzos. Sin embargo, la realidad es que estas organizaciones están presionando para restringir la libertad y ampliar el Estado, y están sacando millones de libras del bolsillo de los contribuyentes para financiar sus campañas.
Hay más de 100.000 organizaciones de este tipo, y el sector ha crecido un 27% en la última década. El activismo ha pasado de ser un voluntariado altruista poco o nada remunerado a convertirse en una profesión de alto nivel con un abultado sueldo.
Además de las cuantiosas subvenciones públicas, estas organizaciones se apoyan financieramente en otras organizaciones similares que también reciben cuantiosas subvenciones públicas, lo que hace que la financiación de estas organizaciones parezca una tela de araña en la que todos los hilos acaban llegando al gobierno. Es como el meme de la teoría de la conspiración, excepto que esto está sucediendo realmente.
Gracias a esta financiación, estas organizaciones pueden presionar al gobierno, influir en los medios de comunicación y promover su punto de vista entre los trabajadores y las instituciones educativas.
Un ejemplo de esto es la Alianza de Salud del Reino Unido sobre el Cambio Climático, una colaboración de varias docenas de organizaciones de salud que ha recibido 110 millones de libras del gobierno británico desde 2017. A costa de los contribuyentes, la alianza ha pedido reparaciones climáticas y ha colaborado con el grupo climático extremista Extinction Rebellion. También han participado en disturbios públicos como el bloqueo de carreteras para exigir el fin del uso de combustibles fósiles.
Otro ejemplo de grupo activista financiado por el Estado es Stonewall, la mayor organización benéfica LGBT del Reino Unido, que ha hecho declaraciones como que “algunas lesbianas tienen pene” y que “niños de tan sólo 2 años reconocen su identidad trans”. Stonewall está profundamente arraigada en el Estado británico: desde los millones de libras que reciben en subvenciones del gobierno hasta los cientos de organizaciones del sector público que cuentan con el asesoramiento de Stonewall.
Las miles de organizaciones como éstas han hecho muy difícil cambiar la política en una dirección diferente. Independientemente de quien esté en el gobierno, el gigante de las políticas izquierdistas es imparable a menos que se produzca un verdadero cambio institucional que impida que estas organizaciones activistas reciban dinero del gobierno.
Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para la Educación Económica.
Jess Gill es la gerente social y de comunicaciones de Ladies of Liberty Alliance (LOLA).
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