El drama de las provincias en Argentina: gobernadores con fortunas pero sin plata para maestros
Entrevista con el prestigioso jurista argentino Ricardo Manuel Rojas sobre las reformas necesarias para terminar con la corrupción estructural en Argentina.
Marcelo Duclos PANAM POST 
El jurista y escritor Ricardo Manuel Rojas es de hace décadas uno de los más prestigiosos referentes liberales argentinos. Claro que el clima político nacional reducía su influencia al mundo académico, muy alejado de las decisiones desacertadas del kirchnerismo. Sin embargo, su destacado aporte intelectual aterrizó sin escalas en el centro del poder con la llegada del libertario Javier Milei a la Casa Rosada. El actual mandatario recomienda sus libros por televisión y considera su trabajo como influencia, ya no en el abstracto debate de ideas, sino en el diseño de las nuevas estrategias gubernamentales de Argentina.
Con respecto a la corrupción que tuvo lugar en el pasado reciente, Rojas advierte que fue un error de Mauricio Macri no ahondar en donde había que hacerlo. Es por ello, que celebra la actitud de la nueva gestión de “ir al hueso” en muchas cuestiones que se consideraban imposibles.
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En esta entrevista sobre las reformas necesarias para erradicar el drama de la corrupción en el país, Rojas advierte que aunque es un tema que viene de larga data, “nunca se había visto que el gobierno se convierta en una empresa criminal”, como se evidenció de manera exacerbada en la era K.
En estos días, el presidente y varios funcionarios han hablado sobre el descubrimiento de focos de corrupción a través de fondos fiduciarios que existen para financiar distintas actividades. ¿Se está destapando un nuevo escándalo de corrupción en el gobierno anterior?
Sin dudas es indispensable llevar a cabo una investigación a fondo sobre el manejo del dinero por el gobierno anterior. Me parece muy necesario, no sólo para que los ciudadanos tengan claro cuál es la herencia, sino para que se activen los mecanismos legales que permitan que esos exfuncionarios respondan por sus actos, y si es posible, que paguen por los daños y perjuicios que han ocasionado.
Cuando asumió el expresidente Macri, intentó hacer una civilizada vuelta de página, mirar hacia el futuro y no remover el pasado. Fue un grave error, pues no sólo no explicó correctamente cuál era la herencia recibida, sino que garantizó la impunidad a quienes se habían enriquecido con dinero público y a la vez empobrecido a la población.
El presidente Milei enmendó parcialmente ese error, al hacer un crudo diagnóstico del país que recibía, en las escalinatas del Congreso al iniciar su mandato, pero exponer las consecuencias económicas de la anterior gestión es sólo una parte del asunto. A mí me preocupaba que no se avanzara además con las investigaciones y las denuncias penales pertinentes para no seguir legitimando la corrupción. Aparentemente los anuncios del presidente en estos días parecen mostrar que está dispuesto a ordenar que los organismos del gobierno produzcan tales investigaciones.
¿Existe alguna diferencia entre la corrupción que siempre hubo en el país, con lo que se está descubriendo en estos tiempos? ¿La delincuencia reciente tiene otros componentes?
Si, eso se advirtió fundamentalmente con la causa de Vialidad, donde está condenada Cristina Kirchner. Cuando yo era estudiante de derecho hace mucho, existía una serie limitada de delitos contra la administración pública, que en general se vinculaban con un funcionario que realizaba actos para enriquecerse, o aceptaba coimas para realizar conductas indebidas. El cohecho, la malversación de fondos públicos, la administración fraudulenta, el abuso de autoridad, eran las formas básicas en que se manifestaba la corrupción, y por lo general se limitaban al funcionario corrupto.
Lo que vemos hoy, y claramente en Argentina, es el gobierno convertido en una verdadera empresa de criminalidad, es decir, los propios gobernantes organizando los mecanismos para quedarse con los recursos públicos, designando a los distintos partícipes, atentos a todos los detalles.
Si se mira la causa de Vialidad, por ejemplo, no es que Lázaro Báez, que era el cajero de un banco provincial, un día decidió constituir una empresa de construcción de rutas, y fue a ver a Néstor Kirchner para pedirle que le haga ganar las licitaciones a cambio de un soborno. Lo que se vio en esa causa es que los Kirchner (al menos Cristina, porque Néstor murió antes de que pudiera ser juzgado), organizaron una empresa para robarse los fondos del Estado, y entre las distintas actividades de esa empresa convirtieron a Báez en un empresario a quien le dieron todas las licitaciones. El dinero retornó a los Kirchner por distintas vías, y toda esa organización, que incluía empresas privadas, funcionarios de distintas reparticiones del gobierno, bancos, financieras, abogados, escribanos, etc., se constituyeron como parte de un plan inicial para robarse el país.
Nada parecido a eso se había visto en el pasado, el gobierno convertido en una empresa criminal.
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¿Esto se circunscribe a la era de los Kirchner exclusivamente?
En realidad, un esquema similar se puede replicar en cualquier jurisdicción u organismo que maneje fondos públicos de manera discrecional. Probablemente si se hiciera una investigación exhaustiva, se podría descubrir que en muchas provincias, municipios, organismos descentralizados, empresas del Estado, se han desarrollado e incluso se pueden estar desarrollando todavía, esquemas similares.
Por ejemplo, en la causa de Vialidad se ha probado que una de las maniobras por las cuales el dinero entregado a Báez se redirigía hacia los Kirchner, era a través del pago por habitaciones en sus hoteles, que jamás se efectivizaban. Hoteles vacíos en la práctica, pero que en teoría estaban siempre llenos, pero si se investiga un poco más, se advierte que la misma maniobra era realizada por Aerolíneas Argentinas, que supuestamente pagaba habitaciones en esos hoteles para alojar a las tripulaciones de sus aviones, lo que nunca ocurría. ¿Vos pensás que la urgencia por re estatizar Aerolíneas Argentinas se debió a la intención de defender la soberanía nacional?
Me parece que eso es lo que ha estado descubriendo el presidente, a partir de los informes de los nuevos funcionarios que se han hecho cargo de varias reparticiones del gobierno. Será más difícil de rastrear en aquellas provincias donde se sospecha de una gran corrupción. Es muy sugestivo que haya provincias empobrecidas por sus gobernadores corruptos, que reciben fortunas por coparticipación, pero nunca tienen plata ni siquiera para pagarle a sus maestros. El problema es que en esos casos no es el gobierno nacional el que debe actuar, sino las instituciones de esas provincias, que están cooptadas por sus gobernadores.
¿Qué podría hacer Javier Milei a partir de estos descubrimientos?
En estos casos deben actuar las instituciones. El presidente y el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, han hablado mucho sobre la necesidad de implementar rápidamente el nuevo código de procedimientos penal, que tiene un esquema acusatorio donde los fiscales tienen la carga de la investigación. Ello permitiría, con una buena organización del Ministerio Público, no sólo impulsar investigaciones concretas, sino crear grupos de fiscales que puedan enlazar y vincular todas las investigaciones sobre corrupción, para encontrar sus conexiones puntuales. Si bien hoy podrían hacerlo, la modificación de los procedimientos podría colaborar a que se produzcan esas investigaciones de manera más eficiente.
También podría el presidente instruir al Procurador del Tesoro para que los abogados del Estado impulsen automáticamente demandas civiles por daños y perjuicios contra todo funcionario que sea condenado por delitos penales, respecto de los perjuicios que hayan ocasionado con su conducta. Por lo general, las investigaciones por delitos contra la administración pública se limitan a las sanciones penales (prisión, multa, inhabilitación), pero no se suele avanzar en las responsabilidades civiles de los funcionarios corruptos.
La amenaza con prisión puede ser disuasoria, y su ejecución puede ser ejemplificativa, pero a los ciudadanos creo que los dejaría más satisfechos que esas personas tengan que pagar de sus bolsillos los perjuicios que han ocasionado, en lugar de que deban ser pagados por los contribuyentes.
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