Futuro de exempleados públicos en manos de la cordura de la justicia y la oposición
Las personas que van recibiendo las notificaciones de desvinculación de las dependencias estatales tendrían que ser las primeras en defender la reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei
No es ninguna novedad ni un secreto la simpatía política de la mayor parte de los empleados públicos en Argentina. Durante los últimos veinte años, el kirchnerismo utilizó las estructuras burocráticas como bolsa de trabajo para la militancia, por lo que no llama la atención que allí se respire un furibundo aire opositor a la gestión de Javier Milei.
La necesaria e inevitable reducción del tamaño del Estado, que es la contracara del déficit fiscal, por lo tanto también de la inflación y la deuda, trae consigo el cierre de muchas dependencias y el despido o la no renovación de contratos de miles de funcionarios. Lógicamente, desde la oposición no se apela a la racionalidad del análisis en el problema, sino que se pide que nada cambie, algo completamente inadmisible, tanto para Milei como para el sentido común.
Claro que, hasta que el plan se puso en marcha, los ahora exempleados públicos estaban desde sus lugares de privilegio cuestionando todas las reformas. Incluyendo, lógicamente, la reforma laboral. Pero ahora, como suele decirse, se dio vuelta a la tortilla y esta herramienta es algo que necesitan con urgencia, si quieren volver al mercado laboral en el sector privado.
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Entre las mejoras que puede impulsar el Poder Ejecutivo están la reducción del déficit, la apertura al comercio internacional, el saneamiento de la moneda y algunas otras cuestiones que sin dudas van a contribuir con la estabilización de la economía nacional. Esto se traducirá en algún crecimiento a nivel de empleo, ya que las empresas podrán, al menos, planificar a mediano plazo. Sin embargo, para que el motor del crecimiento del empleo arranque como corresponde, es fundamental que se destrabe la reforma laboral.
Con el potencial dormido que tiene Argentina, si los contratos pasan a ser libres y entre las partes, lo más probable es que no alcance la mano de obra para cubrir todos los espacios que se crearán, que hoy ni siquiera imaginamos. No hay que ser adivino para tener claro que si se libera el mercado laboral, en el marco de las reformas pro mercado del gobierno, personas de la región y el mundo vendrán a trabajar a nuestro país, que hoy sigue con la ignominia del desempleo involuntario.
Si la justicia se acuerda de leer la Constitución, y la oposición sale de la especulación política y la chicana, deberían destrabar la reforma, que puede darle una respuesta inmediata a todas las personas que van quedando cesantes en la administración pública.
De la mano de las reformas de apertura, con un mercado laboral libre, razonable y civilizado, no alcanzarán los argentinos para poder abastecer un mundo de posibilidades que, lamentablemente, por ahora está solamente en la cabeza del presidente y de unos pocos que “la ven” y que comprenden el potencial que tiene nuestro país. Ahora, si los exempleados públicos siguen apelando al conflicto y a “mantener” sus “fuentes de trabajo” que tenían hasta el momento, todo será más complicado. Sobre todo, para ellos.
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