¿Qué se necesita para condenar a los corruptos a cadena perpetua en Perú?
Según el congresista peruano Alejandro Muñante, en entrevista con el PanAm Post, se requieren al menos 72000 firmas para que la petición sea considerada por el Congreso. Ahora, también es importante recalcar que para su aprobación final, se necesitarían más de 1.5 millones de rúbricas.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha presentado una iniciativa que busca imponer cadena perpetua a políticos corruptos en Perú. Esto ha representado una movida sin precedentes en el país. Sin embargo, la propuesta ha generado un intenso debate en el país sudamericano.
En primer lugar, la petición inicialmente fue rechazada por el Congreso, lo que llevó al empresario y político a instar a la ciudadanía a apoyar la medida desde la sociedad civil. A pesar de este revés inicial, los alcaldes cuentan con facultades legislativas, y con suficientes firmas, ésta podría abrirse paso en el Congreso.
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Según el congresista peruano Alejandro Muñante, en entrevista con el PanAm Post, se requieren al menos 72000 firmas para que la petición sea considerada por el Congreso. Ahora, también es importante recalcar que para su aprobación final, se necesitarían más de 1.5 millones de rúbricas.
“El enemigo del pueblo es la corrupción”, proclamó en su momento el alcalde de Lima, subrayando la urgencia de combatir este flagelo en un país con una población de más de 33 millones de habitantes. Si la propuesta llegara a aprobarse, sentaría un precedente significativo en la lucha contra la corrupción gubernamental a nivel nacional, regional e internacional.
A pesar del rechazo inicial del Congreso, Muñante argumenta que muchos legisladores consideraron la pena propuesta como desproporcionada. Asimismo, señaló que los funcionarios públicos serían los más afectados y atribuyó gran parte del problema a la excesiva regulación estatal, que facilita la corrupción mediante sobornos y coimas para agilizar trámites.
Por otro lado, Muñante presentó una iniciativa para proteger a aquellos que objeten conscientemente contra prácticas como el aborto y la eutanasia, en línea con la defensa constitucional peruana de la vida y la familia.
Además, se anunció que el Congreso peruano está en proceso de volver a ser bicameral, lo que se espera que descentralice el poder legislativo y fortalezca la institucionalidad, lo que podría facilitar la aprobación de medidas como la cadena perpetua para los políticos corruptos en Perú.
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