Familiares en Venezuela de manifestantes muertos en 2017 exigen que se haga justicia
Alfavic cree que la represión de 2017 contra los manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad fue «un «ataque sistemático». Los familiares que se haga justicia a siete años de dichas protestas antigubernamentales, al igual que advierten que «la ausencia de instituciones reales hace que ninguno de los que hacemos vida en el país estemos seguros»
La Alianza de familiares y Víctimas en Venezuela (Alfavic-Venezuela) emitió un comunicado este viernes 26 de abril en el que exigen justicia por la muerte de manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2017, en las que fallecieron más de 150 personas.
En el texto, Alfavic considera que no hay dudas de que la represión por parte de los cuerpos de seguridad durante los cinco meses y medio que duraron las protestas fueron un «ataque sistematizado» contra la ciudadanía, así como denunció que en ese momento se intentó desprestigiarla con calificativos como «apátridas», «traidores», «guarimberos», entre otros epítetos injutiosos.
Recordaron que, desde entonces, los familiares iniciaron un proceso ante los tribunales nacionales en busca de «Justicia Genuina», que a su juicio ha sido negada «de manera constante y reiterada» porque, en vez de permitir el acceso a la justicia a los familiares por la muerte de sus seres queridos, «se protege a los victimarios».
En ese sentido, acusan al Estado de enviar un doble mensaje: El primero, dirigido a la sociedad civil, en donde se advierte que el que protesta puede ser susceptible a irregularidades desde la desaparición forzosa, tortura e incluso la muerte en centros de reclusión, y el otro a los cuerpos de seguridad que es que pueden seguir cometiendo esas arbitrariedades sin que sean penalizados.
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«Hoy vemos con dolor y preocupación como se siguen cerrando nuestros espacios cívicos. Vemos cómo cada día una violación de los Derechos Humanos supera a la otra o cómo se cometen Crímenes atroces mientras los responsables, tanto materiales como intelectuales, siguen con sus vidas sin que se les exija ningún tipo de responsabilidad. La ausencia de instituciones reales hace que ninguno de los que hacemos vida en el país estemos seguros», dice el texto.
A pesar de ello, Alfavic aseguró que los familiares seguirán buscando justicia por todos aquellos que salieron a protestar y que no regresaron a sus hogares.
El pronunciamiento de los familiares que integran Alfavic se hace días después de que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, inaugurara la oficina de la Fiscalía de esa instancia en Venezuela; tras ratificar el lunes 22 de abril un «plan de trabajo» con la administración de Nicolás Maduro, el cual fue firmado en diciembre del año pasado, en el marco del memorando de entendimiento de 2023 y del cual no se conocieron detalles.
A través de las redes sociales de la CPI, se informó que Khan –aprovechando su visita a Caracas– abrió esa oficina en la que se espera poder apoyar los esfuerzos de mejorar las iniciativas de justicia nacional y aumentar más la presencia sobre el terreno.
La Fiscalía de la CPI investiga presuntos delitos de persecución, torturas, violaciones y abuso sexuales en el marco de detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas presuntamente cometidos en territorio venezolano, al menos desde 2014. Esta instancia ha dicho que no descarta más adelante sumar a su investigación otros crímenes considerados de lesa humanidad.
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