¿Juicio político a la libertad?
Desesperados por el colapso del sistema prebendario, reglamentarista y burocrático del que se benefician, sectores de la “casta” han empezado a deslizar con la sutileza la posibilidad de destituir al presidente
El siempre complejo mundo de la política argentina ha sido sacudido por el triunfo del presidente Javier Milei con propuestas extraordinarias que no habíamos escuchado hace ochenta años, todas en línea con la tradición alberdiana.
La desvalorizada gesta “barrial” les ganó a todos, con el 56,72 % de los votos, el mayor porcentaje de la historia, superado solo por Perón en 1973 con políticas autoritarias que arruinaron a nuestro país en sus tres mandatos.
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A ese shock se suma que desde el 10 de diciembre, el presidente inició un revolucionario proceso de recuperación de las libertades ciudadanas perdidas progresivamente desde hace muchas décadas. Fueron casi un siglo en el que nuestros gobernantes recortaron la maravillosa libertad que nos otorga la Constitución, sin que buena parte de la Justicia estuviera a la altura de las circunstancias.
El presidente Milei revierte ese proceso -como lo prometió en campaña- a fuerza de voluntad, coraje y convicciones de gran valor que confunde a sus opositores, que no entienden cómo logra mantener y aumentar su popularidad, en medio de un proceso de ajuste en el que todos, sin excepción, debemos hacer un enorme esfuerzo para superar la monumental catástrofe que en lo inmediato es herencia del kirchnerismo.
El actual gobierno demuestra gran destreza y conoce la diferencia del óptimo a qué apunta el mundo académico de lo que resulta posible en el terreno político que busca no abrir varios frentes simultáneamente y propone ir paso a paso sin atragantarse y en sintonía con lo que es capaz de absorber la opinión pública y la situación del momento.
Este panorama se ensombrece porque está apareciendo un intento de suicidio pseudo democrático y anti-republicano. Algunos sujetos de lo que Milei llama con acierto “la casta”, desesperados por el colapso del sistema prebendario, reglamentarista y burocrático, han empezado a deslizar con la sutileza de una mezcla infernal de Marx, Gramsci y Goebbels, la posibilidad de destituir al presidente a través de un juicio político.
Sabemos que la Constitución otorga ese poder a la Cámara de Diputados, la única que puede acusar ante el Senado al presidente y a otros gobernantes de máximo nivel, si le inician una causa formal de responsabilidad imputándole mal desempeño o un delito en el ejercicio de sus funciones, o un crimen común.
Si por ese procedimiento, una mayoría de dos tercios de los diputados presentes en la sesión consideran la sandez mayúscula de declararlo culpable al presidente, será acusado ante el Senado, que lo juzgará presidido por el presidente de la Corte Suprema. Para destituirlo, deben votar por esa sanción los dos tercios de los senadores presentes.
¿De qué están hablando los aparentes promotores de este colosal disparate, aprovechando los pocos diputados y senadores que tiene LLA y sus escasos asociados?
Obviamente, a cuatro meses de asumir, el presidente Milei ni siquiera es sospechable de haber cometido mal desempeño y menos aún algún delito.
No olvidemos que los parámetros de nuestra práctica constitucional e institucional demuestran que para configurar mal desempeño, ni siquiera fueron suficientes los inmensos desastres cometidos por algunos presidentes, ministros y jueces en estas décadas, que nos constan a todos.
No fueron acusados, ni destituídos y hasta cobran una millonaria pensión y siguen pontificando sus espantosos desatinos.
¿A quién están juzgado entonces estos promotores de un golpe de palacio?
En realidad, no se trata de Milei sino de lo que él defiende e implica: nuestra libertad.
La Argentina se convirtió, a lo largo del siglo XX y con los excesos agravados de los últimos años, en un país donde solo se puede hacer lo que el gobierno y los burócratas de turno nos permiten a través del doloroso vía crucis burocrático y kafkiano, aceitados por la obligación no escrita de pagar todo tipo de cohechos para defender privilegios bajo disfraces variopintos.
Hasta hoy, están aun pendientes varios juicios por esos temas, el éxito de los corruptos ha sido casi total, porque muchos siguen impunes.
Pero con el presidente Milei ven acercarse el final de esa impunidad y al no tener argumentos legales para defenderse en esos juicios, necesitan provocar un colapso que revierta, súbitamente, este magnífico modelo de libertad que Milei está consolidando día a día.
Para eso hay trasnochados que pretenden removerlo del cargo. Una vergüenza de proporciones astronómicas. Es alarmante, no se destituiría a un presidente por corrupto o criminal, sino que los corruptos y criminales serían los destituyentes.
No lo vamos a permitir. Repetimos: no vienen por Javier Milei sino por nuestra libertad. Cada uno de los partidarios de la sociedad libre y el consiguiente respeto recíproco tienen la obligación moral de apoyar al gobierno que propone devolverle a la gente el poder y limitar el propio, lo cual no implica coincidir en todo puesto que “los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único”. Se trata de apoyar el rumbo y los objetivos propuestos en el contexto de un balance neto extraordinariamente favorable. Los palos en la rueda y las operaciones escandalosas que le han hecho y le hacen a este gobierno son dignos de la mafia con ingredientes estatistas inexorablemente empobrecedores.
Esta columna fue escrita en colaboración con Alejandro Fargosi, abogado constitucionalista y Consejero de la Magistratura de la Nación entre 2010 y 2014.
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