ONG critican pacto migratorio aprobado por el Parlamento Europeo
ESTRASBURGO, Francia – Las organizaciones humanitarias Médicos Sin Fronteras (MSF), activa en el rescate y atención de migrantes en el Mediterráneo y el Atlántico, y Amnistía Internacional (AI), denunciaron como nefasto el Pacto sobre Migración y Asilo aprobado este miércoles 10 por el Parlamento Europeo.
Raquel González, coordinadora de MSF en España, dijo que “podemos anticipar las inevitables repercusiones médicas y humanitarias de un mayor número de personas atrapadas, obstaculizadas, detenidas y privadas de seguridad y protección en toda. Europa, tanto en el mar como en países no pertenecientes a la Unión Europea (UE)”.
AI dijo en un comunicado que “tras años de negociaciones, las instituciones de la UE están firmando de manera vergonzosa un acuerdo que saben que conducirá a un mayor sufrimiento humano”.
“Para las personas que huyen de conflictos, persecución o inseguridad económica, estas reformas significarán menos protección y un mayor riesgo de enfrentarse a violaciones de derechos humanos en toda Europa, incluidas las expulsiones ilegales y violentas, la detención arbitraria y la actuación policial discriminatoria”, según AI.
El nuevo pacto adoptado por el parlamento comunitario, con 300 votos a favor y 270 en contra, prevé normas colectivas para gestionar la acogida y reubicación de los solicitantes de asilo, y deberá ser ratificado por los 27 Estados miembros de la UE, lo que se prevé que ocurra dentro un mes aproximadamente.
Ha sido un tema de permanente debate en Europa desde la crisis migratoria de los años 2015 y 2016, cuando más de un millón de personas, provenientes sobre todo de Asia y África, cruzaron en oleadas las fronteras de la UE.
El año pasado, la UE recibió 1,14 millones de solicitudes de protección internacional, la cifra más alta en siete años, y registró 380 000 cruces irregulares de fronteras, la mitad de ellos por la ruta del Mediterráneo central.
Las nuevas normas entre los socios de la UE acuerdan, en primer lugar, un procedimiento previo a la entrada, para examinar rápidamente el perfil del solicitante de asilo y recoger información básica como nacionalidad, edad, huellas dactilares e imagen facial, además de controles sanitarios y de seguridad.
Se establece una base de datos a gran escala, Eurodac, que almacenará las pruebas biométricas recogidas durante el proceso de selección. Entre otras cosas, evitará que una misma persona presente varias solicitudes, y rebaja la edad mínima para recoger huellas dactilares de 14 a seis años.
También se establece un sistema de “solidaridad obligatoria”, que ofrecerá a los Estados miembros tres opciones para gestionar los flujos migratorios: reubicar a un determinado número de solicitantes de asilo, pagar 20 000 euros (21 490 dólares) por cada demandante que se nieguen a reubicar, o financiar el apoyo operativo.
MSF critica que el pacto incluye un procedimiento de cribado que se traduce en privar de libertad a los solicitantes de protección que lleguen a las fronteras, durante siete días, para llevar a cabo controles de identidad y seguridad, y después ser dirigidos hacia un procedimiento de asilo o un procedimiento de retorno.
El procedimiento “supondrá la detención masiva de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, y aumentará el riesgo de perfilación étnica y discriminación racial”, observó MSF.
Se creará una “ficción de no entrada”, según la organización humanitaria, pues aunque las personas estén físicamente dentro de la UE, serán consideradas como si no hubieran entrado en el territorio.
Además, es muy probable que los Estados miembros no respeten el límite de tiempo de siete días, prolongando el período de detención, como ya ocurre actualmente.
Durante años, MSF ha denunciado las consecuencias de la devolución de personas a Libia, una vez que son interceptadas por guardacostas europeos en el Mediterráneo. En el país norafricano son víctimas de detenciones y confinamientos arbitrarios, extorsiones, malos tratos y violencia.
La organización denuncia que el nuevo pacto europeo “promueve la misma lógica”, al impulsar la firma de cooperación con terceros países considerados seguros, “lo que en la práctica significa enviar a las personas de vuelta a otros países donde corren el riesgo de sufrir violencia, tortura y encarcelamiento arbitrario”.
La presidenta de la ejecutiva Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que el nuevo pacto sobre migración y asilo ofrece “fronteras más seguras, trámites más rápidos y eficientes, y más solidaridad con los Estados miembros en las fronteras exteriores” de la UE.
Según las estadísticas comunitarias de 2022, en la UE viven 446,7 millones de personas, 38 millones (8,5 %) habían nacido fuera de la Unión, y hay 23,8 millones de ciudadanos de países no pertenecientes a la UE, de los cuales 9,9 millones constituían cinco por ciento de quienes estaban activos en el mercado laboral.
A-E/HM
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