Acceso a la Justicia: Gobierno emplea una persecución más selectiva en época electoral
TCDAcceso a la Justicia detalló en su informe anual 2023 que el gobierno «ha utilizado técnicas más selectivas de persecución, pero también se ha extendido a otros segmentos de la sociedad». Laura Louza subrayó que la justicia venezolana no rinde cuentas y cada vez demuestra una mayor politización. Alí Daniels destacó que el espacio cívico venezolano pasó de considerarse restringido a cerrado
La oenegé Acceso a la Justicia presentó este jueves 11 de julio su informe anual 2023 sobre la situación del espacio cívico, el estado de los tribunales y el sistema penal, así como el uso de una persecución más selectiva contra la sociedad civil para garantizar un escenario electoral a la medida del partido gobernante.
La persecución política, señaló Acceso a la Justicia en el informe «En 2023 se profundizó el cerco al espacio cívico venezolano», no ha cesado pese a la disminución de protestas de carácter político. El Gobierno ha utilizado técnicas más selectivas de persecución, pero también se ha extendido a otros segmentos de la sociedad, como las organizaciones sindicales y campesinas».
Dicha «represión selectiva» ha tenido, en los últimos años según la ONG, «una función aleccionadora contra determinados segmentos de la sociedad cuando estos de alguna manera manifiestan su descontento contra las políticas del Gobierno».
En este punto mencionan la criminalización de la dirigencia sindical. El grupo conformado por Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fue sentenciado a 16 años de prisión por una supuesta denuncia de un «patriota cooperante» que nunca participó en el juicio.
Mientras que el caso de John Álvarez, afirmó la ONG, representa la «banalización de la tortura» en el país, pues no se conoce de una investigación o sanción de las torturas a las que fue sometido por funcionarios policiales durante su detención.
Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, destacó que el espacio cívico venezolano pasó de considerarse restringido a cerrado, debido a las políticas de control implementadas dentro de la administración de Nicolás Maduro.
Señaló que en 2023 se prepararon unas «elecciones a la medida», pasando desde la constitución altamente politizada del comité de postulaciones para escoger a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, la anulación de las primarias vía judicial -con una sentencia que no ha sido publicada-, hasta la inhabilitación política de dirigentes opositores y la intervención de partidos políticos.
Persecución contra la sociedad civil
Además de la persecución contra la sociedad civil, se usó la lucha contra la corrupción con miras a conseguir réditos electorales a futuro, pero tampoco en estos casos se dieron garantías del debido proceso.
Alí Daniels destacó que hasta la fecha el gobierno de Maduro no ha informado sobre el monto de los bienes recuperados. Tampoco se ha dado respuesta a cómo se están manejando esos bienes incautados por el Estado. En las detenciones, al menos 60, en el marco de la lucha contra la corrupción también se han vulnerado garantías del debido proceso y tutela judicial efectiva.
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En la etapa preelectoral también se registraron campañas de estigmatización y hostigamiento, especialmente contra personas Lgbti, para ganar mayores simpatías dentro de grupos conservadores cercanos al chavismo.
El codirector de Acceso a la Justicia dijo que ha habido un «tímido avance» en la prohibición para discriminar por motivos de orientación sexual, pero estas representan más una medida publicitaria que verdaderas políticas de inclusión en esta materia.
Recordó el llamado «caso de los 33», un grupo de hombres detenidos en un local en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Aunque la mayoría fue liberado, dos de ellos fueron pasados a juicio bajo acusaciones por contaminación sónica y se desecharon los supuestos delitos contra la moral.
Daniels señaló que este tipo de sucesos «pueden perpetuar esquemas de persecución» debido a la homofobia estatal, y replicar esquemas de corrupción y chantaje en cuerpos policiales alegando supuestos actos contra la moral pública.
Intervención del TSJ
Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, subrayó que la justicia venezolana no rinde cuentas y cada vez demuestra una mayor politización, como ocurrió en la presentación de la memoria y cuenta del Tribunal Supremo de Justicia a principios de año.
Recordó que desde 2012 no se publica el informe anual sobre las actuaciones del TSJ; «la información en cada vez menor y las declaraciones son más politizadas, el discurso de orden fue muy politizado», en algunos puntos con «apología al odio» y «consignas políticas»
La abogada señaló además que el TSJ omite publicar el texto de sus sentencias, sobre todo las que refieren sucesos políticos como la inhabilitación de opositores. «Hay mucha opacidad. Este patrón pasó en 2017 cuando también se inhabilitó a una cantidad de diputados. Vemos que esta opacidad se repite en situaciones de gran represión».
Otro punto que destacó Acceso a la Justicia es el supuesto aumento del número de jueces titulares y provisorios, aunque la cifra no ha sido divulgada, así como el uso del máximo tribunal como interventor de asociaciones y gremios.
En dos años (agosto de 2021 hasta septiembre de 2023) registraron 50 sentencias sobre gremios y cualquier tipo de asociación, política o no. En la mitad de las decisiones se ordenó la intervención de sindicatos y partidos políticos.
«La intervención del Tribunal Supremo a la libertad de asociación no tiene límites. Es alarmante y hemos visto que han intervenido hasta juntas de condominio», dijo Alí Daniels sobre este punto.
Comentó que una intervención en sí misma no es un problema. «Lo que genera problemática es la intervención a dedo y se les da carta libre para hacer las elecciones cuando ellos decidan», puesto que el proceso se extienden por años sin ningún control por parte del Poder Judicial.
Ley contra las ONG
Acceso a la Justicia alertó durante la presentación de su informe anual sobre los cambios al proyecto de «Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines».
Este segundo proyecto de ley se ha querido vender como un «proyecto potable, pero es todo lo contrario», afirmó el abogado Alí Daniels. «No solamente es peor (…) sino que lo que en el primer proyecto era desorden, era caos, era desconocimiento de algunos conceptos, con este nuevo proyecto vemos refinación y reestructuración de lo que era caos para su último fin que es la represión».
En la evaluación hecha por Acceso a la Justicia se encontró que en este proyecto de ley hay un abuso de la invocación de los derechos humanos, debido proceso y derecho a la defensa «con un lenguaje recargado, donde se pretende hacer ver que el proyecto sirve a los derechos humanos cuando es todo lo contrario».
Un ejemplo de ello, explicó Daniels, es que cuando un particular quiere ejercer su derecho de asociación puede hacerlo por vías ordinarias, pero para la imposición de sanciones se emplean procedimientos breves. El documento impone seguimiento y control a las organizaciones, pero en ningún artículo de la ley se habla de defensa de las mismas.
También se contempla la suspensión de las organizaciones por 30 días vía administrativa, sin procedimiento previo y se le da a la administración pública 15 días para notificar a un tribunal; mientras que a las oenegés y particulares se les establecen lapsos que si no cumplen, son sancionados.
Otro de los puntos resaltantes del documento es la prohibición del uso de ciertas palabras como «derechos humanos» o «personas vulnerables» para los documentos de constitución y la imposición de fines, al tener que estar dirigidas a la contraloría social.
«El tema es que si una organización se quiere dedicar a la observación de aves, no tiene por qué hacer contraloría social. Las organizaciones deben ser libres para sus fines», argumentó el codirector de Acceso a la Justicia.
Además, aunque uno de los objetos principales de la ley es la regulación del financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, 34% de los artículos son sancionatorios y se limita a dos el número de artículos sobre regulación de financiamiento.
Las sanciones también son contradictorias, hay multas confiscatorias y sin lapsos de prescripción. «Esto es una excusa para la sanción y represión (…) Este es el camino que tiene esta ley, el camino de Nicaragua», sentenció Daniels.
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