¿Está preparada la oposición con apoyo militar para impedir un fraude?
"Yo pienso que apuntar a que ellos (militares) voluntariamente van a bajar sus fusiles para revertirlos en contra de Maduro es ser bastante ingenuo", advierte el militar retirado y presidente de VEPPEX, José Antonio Colina, en entrevista con PanAm Post
José Gregorio Martínez PANAM POST 
“Ecuador es un convento, Colombia una universidad y Venezuela un cuartel”. Esta frase atribuida al libertador Simón Bolívar en tiempos de la Gran Colombia sigue teniendo vigencia, al menos en el caso venezolano. Que el periodo de cuarenta años de democracia del puntofijismo en el que se garantizó la alternabilidad del poder haya estado precedido por la dictadura militar de Marco Pérez Jiménez y proseguido por el gobierno del militar golpista Hugo Chávez Frías, que derivó en otra dictadura, es prueba de ello. Además, el chavismo no solo otorgó derecho a voto a los militares con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 sino que también puso efectivos castrenses en innumerables cargos de la administración pública. Así, el poder que ya tenía la Fuerza Armada se extendió hasta quedar en sus manos la insólita responsabilidad de avalar o no el resultado de una elección popular.
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Esto último por supuesto no está contemplado en las leyes, pero es de conocimiento público el protagonismo de los militares previo al anuncio de un resultado electoral. Mientras en cualquier país democrático se hace público el escrutinio apenas se cierran las mesas de votación y la población tiene acceso a la totalización en tiempo real a través del portal oficial del organismo electoral o una aplicación habilitada por la respectiva institución, en Venezuela dicho proceso se realiza bajo el más alto secretismo, debiendo esperar a la divulgación de un primer boletín una vez haya una tendencia irreversible. En las horas previas el país entra en una tensa calma mientras la cúpula militar decide si acepta o no dicho resultado. En poca palabras, armas matan votos.
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La incoherencia de la democracia militar
La jornada electoral de este domingo 28 de julio no escapará de este macabro ritual. Es por ello que la oposición no solo necesita conseguir la mayoría de los votos para ganar la elección sino además debe contar con el respaldo de la institución castrense para que el resultado sea aceptado y divulgado. Bajo estas desventajosas condiciones el fantasma del fraude no deja de estar presente, más aún cuando se trata de un régimen sin talante democrático al que solo le interesa aferrarse al poder, pues la promesa de pasar a la oposición si pierden no deja de ser parte de una retórica oficialista para intentar mostrarse como institucional y democrático. Ahora, esto plantea dos preguntas válidas: ¿Está la oposición preparada para impedir un posible fraude? y ¿contará con el respaldo de los militares para hacer que se respete la voluntad popular?
“Yo pienso que apuntar a que ellos (militares) voluntariamente van a bajar sus fusiles para revertirlos en contra de Maduro es ser bastante ingenuo”, advierte el militar retirado y presidente de la organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, José Antonio Colina, en entrevista con PanAm Post. “Muchos están apelando a la conciencia de los militares, diciendo que una buena cantidad de ellos están sufriendo las mismas consecuencias que sufre el pueblo, que muchos de ellos tienen los mismos problemas que tiene la mayoría de los venezolanos, pero lo que no están viendo es que las Fuerzas Armadas ya no son monolíticas. Las Fuerzas Armadas han sido estructuradas ahora como un clan de delincuencia donde cada general, o cada gendarme o comisario político de la Fuerza Armada tiene su grupo que va armando su propia plataforma de criminalidad, la cual va a defender”.
Los tres escenarios de la oposición para enfrentar un fraude
De esta manera Colina prácticamente descarta uno de los tres escenarios que evalúa como probables para la noche del 28 de julio. Los otros dos incluyen un llamado a los electores a manifestarse en las calles ante un eventual desconocimiento del resultado que anuncie el Consejo Nacional Electoral (CNE) si este no coincide con el que reflejan las actas que tendrá en su poder la oposición. Sin embargo, en uno de estos escenario podría haber una respuesta masiva que sería reprimida por la dictadura, mientras que en el escenario de una escasa convocatoria las manifestaciones podrían diluirse rápidamente y sin presión en la calle los líderes opositores se verían empujados al exilio o terminarían siendo encarcelados.
Para que la oposición pueda ganar y cobrar es necesario que haya una participación masiva con una ventaja amplía y que esos electores estén dispuestos a salir a defender sus votos. Pero además José Antonio Colina agrega que para la oposición poder estar en condiciones de tomar el poder “debe contar con una estructura de fuerza que neutralice la estructura de fuerza que sostiene a Maduro en el poder”.
Estructura de fuerza para neutralizar la represión
Al respecto explica que esa estructura de fuerza viene de dos vías: “Pueden ser militares que estén en descontento y que se hayan organizado para ello y tengan una buena comunicación con el liderazgo político de turno (…) o en su defecto, tener un nivel de coordinación con la sociedad venezolana en pleno para que pueda neutralizar al estamento militar y doblegar el brazo de los militares. Pero eso requiere una estructura y un mensaje muy contundente con un nivel de organización muy contundente, que yo particularmente no lo veo”.
El exmilitar advierte que quienes hoy están al frente de la Fuerza Armada, como el ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, “son personas que van a defender la revolución y no les va a temblar el pulso para atentar en contra del pueblo”. Y en caso de registrarse saldos lamentables en manifestaciones en las calles como consecuencia de la represión, sentencia que el único responsable será el régimen, ya que el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución, y con esto solo se sumarían más casos a la investigación contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.
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