Parir en situación de vulnerabilidad: Mujeres detenidas sin acceso a controles médicos durante el embarazo (Parte III)
Las mujeres privadas de libertad no tienen acceso a servicios de salud especializado para llevar el control de su embarazo así como una alimentación adecuada. Esto representa una falta grave al derecho recibir atención médica oportuna
Dailys Estrada – 13/06/24
Los Centros de Detención Preventivos en Venezuela están ideados para alojar a personas detenidas durante un periodo, no mayor a 48 horas, hasta que sean trasladados para su presentación ante un tribunal. Allí se decidirá, según las investigaciones de los hechos relacionados, si la persona queda en libertad o es trasladada hasta una cárcel. Esta es una de las razones por las que estos recintos no tienen condiciones para albergar a grandes cantidades de personas detenidas. Tampoco cuentan con espacios acordes para recluir a mujeres.
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las mujeres detenidas. Así lo dice el Código Orgánico Penitenciario, en su artículo 80: “El órgano rector con competencia en materia de servicio penitenciario creará las estructuras modulares necesarias a objeto de recluir a las privadas de libertad”-
Rosa León, una mujer de 27 años detenida desde hace dos años y penada a trece años de prisión por los delitos de hurto calificado y asociación para delinquir, para el inicio de esta investigación se encontraba en el último trimestre de su embarazo, para ese entonces, no había asistido a controles prenatales, es decir no sabía con exactitud el tiempo de gestación que tenía ni el estado de salud de su bebé, al estar detenida pudo confirmar sus sospechas de embarazo cuando comenzó a sentir los movimientos de su bebé en su vientre.
León estuvo compartiendo espacio con otras tres detenidas en un anexo improvisado para mujeres en el Centro de Resguardo y Custodia Judicial Guasina, ubicado al norte del municipio Tucupita. Luego fue trasladada hasta la Comandancia de la Policía del Estado Delta Amacuro, ubicada en pleno centro de la ciudad a unos 4.5 km del centro anterior.
“Supe el sexo de mi bebé cuando me trasladaron a la policía… me faltaban unas semanas para que naciera la bebé y fue cuando tuve mi primer chequeo, tampoco sabía si sería parto natural o cesárea”, contó.
Los controles prenatales son muy importantes para valorar el estado de salud y la nutrición de la madre, detectar tempranamente posibles factores o complicaciones que puedan incidir de manera negativa en el embarazo y en la salud del bebé. A través de estos controles se puede limitar precozmente efectos adversos de este tipo de complicación. En este caso, León no pudo monitorear el crecimiento de su bebé mes a mes, ni recibir las vitaminas y suplementos que requiere una mujer embarazada para el desarrollo y crecimiento de su bebé.
El Código Orgánico Penitenciario, establece: “Las privadas de libertad embarazadas serán ubicadas en espacios habilitados para estos fines dentro de los módulos femeninos, donde recibirán atención médica especializada y disfrutaran del reposo pre y post natal de conformidad con lo establecido en la ley”.
Según el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal, establece la prohibición de decretar privativas de libertad a mujeres durante el último trimestre del embarazo, durante la lactancia de sus hijos o hijas y hasta los seis meses posteriores al nacimiento.
Para Magally Huggins coordinadora de investigación de la Organización No Gubernamental, Una Ventana a la Libertad las privadas de libertad sufren de discriminación “a escalas impensables”. Ella se refiere particularmente a los lugares donde son recluidas: “Al no tener espacios acordes a sus necesidades, no existe trato digno ni consideración alguna para mujeres embarazadas, ni aquellas que están menstruando”.
Respecto a estas consideraciones, la directiva del penal tomó la decisión de trasladar a Rosa unas semanas antes del su parto al comando policial. Dijeron que los centros hospitalarios y de salud están más cerca de esa lugar, y sería más sencillo para ellos atenderla en caso de alguna emergencia. “Agradezco mucho que me hayan traído hasta aquí, pero en Guasina yo estaba más cómoda. Aquí soy la nueva y aunque no he recibido malos tratos estoy acostumbrada a mis compañeras y siento que estaba mejor allá… No pude despedirme del papá de mi bebé y ahora mi corazón está dividido, la mitad con mi barriga y la otra mitad con él”, narra Rosa.
Según la defensa pública no han sido presentadas ante el tribunal pruebas que respalden su estado de embarazo. “Hemos solicitado en reiteradas oportunidades los traslados al médico pero, por diversas razones, no se han materializado. Su familia no cuenta con recursos económicos para costear traslados o gastos médicos”, destacó Javier Romero, coordinador de la Defensoría Pública en Delta Amacuro.
Entre tanto, Huggins cuestiona el hecho de que el Estado venezolano delega a la familia para que cubra las necesidades de los detenidos “Es una clara violación de los derechos humanos de las detenidas que sean los familiares quienes deban encargarse de estas situaciones, cuando sabemos que más del 80% de las familias de este país no tienen ni cómo sostenerse ellos mismos porque los salarios no son suficientes”, sentenció.
En el caso de Rosa, solo cuenta con el apoyo de su madre, quien tiene 57 años, tiene diabetes, hipertensión y posee una discapacidad intelectual. “Yo tengo que pedir a los vecinos y conocidos un poquito de comida para poder llevarle a mi hija, es un poquito para ella y un poquito para mi, yo no trabajo y no cuento con nadie que me ayude», contó Soledad, el nombre con el que pidió ser identificada para proteger a su hija.
La población femenina detenida triplica el nivel de hacinamiento en relación a los hombres a pesar que solo representa alrededor del 10% de la población penal en todos los Centros de Detención Preventivos venezolanos, esto según el último informe publicado por Una Ventana a la Libertad. De acuerdo al Informe Final 2022, el año culminó con un total de 16.837 personas detenidas en los CDP, de los cuales el 90.7% eran hombres (15.280) y el 9.3% mujeres (1.557), y el índice de hacinamiento era de 176.2%. Entre el año 2022 y el primer semestre del 2023 el número de detenidos aumentó de manera importante (20.886), pero para el segundo semestre disminuyó de nuevo (17.481). Pero, lo más relevante es que el segundo semestre del 2023 concluye con un índice de hacinamiento de 189.31% muy por encima del 176.2% con el cual cerró el año 2022. Puede leer informe completo aquí.
Rosa, a punto de convertirse en madre por segunda vez, confesó que se siente preocupada. “Aquí duermo en una colchoneta en el piso. Estoy esperando que me traigan una litera que está gestionando el director, lo que tengo para comer son dos harinas y una lata de sardinas que me trajo mi mamá y allá –en Guasina- todas compartimos de lo poco que nos daban. Igual mi pareja conmigo”, dice.
Antes de ser detenida, cuenta que se dedicaba a realizar manualidades, artesanías e intercambiaba abono o frutas de temporada por artículos de comida de esta forma podía sacar adelante a su hija mayor, asegura que su detención es injusta, en primer lugar porque de las cuatro personas implicadas en el hurto solo ella está detenida y considera que su defensa la perjudicó al presionarla a que asumiera los cargos. Rosa no sabe leer ni escribir y cuenta que firmó esos documentos sin saber que representaban 13 años de prisión para ella.
La mamá de Rosa solo puede asistir una vez por semana a verla de las dos que tiene permitida las visitas, la señora padece de diabetes e hipertensión lo que provoca que se descompense con facilidad en el trayecto desde su casa hasta el centro de detención donde está recluida su hija. Rosa, dejó bajo el cuidado de su madre a su hija mayor de 10 años, la niña presuntamente fue víctima de violencia sexual, gracias a este incidente quedó bajo la protección del Consejo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. La niña no ha recibido visitas de su familia desde hace un año que se encuentra recluida.
Sobre la forma en cómo quedó embarazada en prisión contó que su pareja visitaba su celda durante la visita conyugal, pero se siente juzgada por haber quedado embarazada, dijo que: “Todos me dicen que salí embarazada a propósito para salir de aquí, pero la verdad es que yo tengo un DIU (dispositivo intrauterino) desde que caí presa más nunca me revisé con el doctor y me confié y ahora estoy embarazada”.
La falta de educación sexual, y el poco acceso a métodos de planificación familiar y servicios de salud que brinden opciones de calidad para evitar embarazos no deseados, trae serias consecuencias. Las afectadas no son solo las mujeres, jóvenes y sus hijos; finalmente se impacta negativamente a la sociedad en general, al vincular esta situación con el aumento de la pobreza, la violencia basada en género, las enfermedades e infecciones de transmisión sexual y el maltrato infantil.
Asimismo se conoció a través de una fuente policial que una detenida compañera de celda de Rosa, fue trasladada recientemente a un centro de salud por un sangrado y otros síntomas que despertaron las alertas. El diagnóstico apunta a que se trata de cáncer de cuello uterino en un estado aparentemente avanzado, para determinarlo con precisión debe estudiarse la muestra y lamentablemente su familia no cuenta con recursos para costear los elevados precios del análisis.
“Una patología como esa puede evitarse con los chequeos ginecológicos frecuentes, con la vacuna para el Virus del Papiloma Humano (VPH), y sobre todo un diagnóstico a tiempo con un tratamiento adecuado”, afirmó una especialista en el área ginecológica que prefirió resguardar su identidad.
Aunque lo expuesto por la especialista sería lo ideal para cuidar la salud femenina, las mujeres detenidas no tienen posibilidades de asistir a chequeos y despistajes a tiempo para prevenir estas enfermedades o llevar el control de un embarazo sano, una alimentación adecuada o recibir los tratamientos según sus necesidades.
Para esta investigación se cambiaron algunos nombres para proteger las identidades de las fuentes involucradas. Entretanto, se pudo conocer que para el momento de la publicación de esta nota Rosa dió a luz a través de una cesárea a una niña de 3,800 kg en el Materno Infantil Oswaldo Ismael Brito de la ciudad de Tucupita una vez dada de alta fue llevada nuevamente a la Comandancia de la Policía del Estado Delta Amacuro mientras se adelantan los trámites ante los tribunales para que pudiera estar su casa durante el periodo de lactancia de su bebé.
Al consultar con ella sobre si conocía cuál sería el destino de su bebe una vez le correspondiera volver al centro de detención confesó que no tiene familiares que puedan cuidar de su hija y que lo más seguro es que deba entregarla al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
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