Lazos de empatía ante la arbitrariedad
Detrás de cada detención arbitraria en el contexto postelectoral de Venezuela hay un grupo de ciudadanos, abogados y activistas de derechos humanos dedicados a acompañar, apoyar y ofrecer asesoría a los familiares para afrontar con mayor claridad el tortuoso e incierto proceso. La historia de cómo Antonio emprendió la búsqueda de su esposa, detenida durante una protesta en el centro de Caracas al día siguiente de las elecciones presidenciales, nos permite contar el paso a paso para iluminar el recorrido hacia la defensa y la justicia
EL PITAZO -
Venezuela Vota | La Hora de Venezuela
—Ella salió y no regresó.
“No regresó”, esa es la frase que Antonio (nombre cambiado a petición de la fuente) repite sin parar cuando se le pregunta por su esposa, una de 1.503 personas detenidas por el gobierno de Nicolás Maduro desde el pasado 29 de julio, según datos del Foro Penal, luego de las elecciones presidenciales cuyos resultados han sido cuestionados y que derivaron en una ola de protestas.
Desde ese día Antonio no entiende muy bien “casi nada”. Trata de ir con las circunstancias y hacer lo que le dice “la gente que sabe”, pues se declara confundido y abrumado por una situación que jamás espero vivir y que lo sobrepasa.
Ella, su esposa, salió a ver qué pasaba, a curiosear la protesta en los alrededores de la Plaza O’Leary, en el centro de Caracas, de quienes reclamaban fraude en los comicios presidenciales del 28 de julio en Venezuela, cuando fue detenida.
Desde entonces, la única claridad en una cadena de injusticias tan oscura como la información sobre su paradero y estado, ha sido el apoyo de los abogados y asesores de la ONG Espacio Público que tomó su caso.
La luz
Antonio insistió en pedirle a su esposa que no saliera. Le dijo “la calle está caliente, no salgas”, pero ella igual salió porque quería saber qué pasaba afuera, a unas cuadras de su casa, donde cientos de personas gritaban consignas en contra del gobierno.
La última vez que pudo hablar con ella, hace más de tres semanas, le dijo “quédate tranquilo que ya voy”, unas dos horas después, ya entrada la noche Antonio recibió la llamada de un desconocido que todavía hoy no sabe quién es, y que le dijo “tu mujer está presa”.
Entonces inició la oscuridad, el desespero.
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Antonio no sabía a dónde ir, en dónde buscar, qué hacer y solo siguió rumores e información no confirmada que iba escuchando en los centros de detención de Caracas a los que se acercó para preguntar por su esposa, sin ningún éxito.
Deambuló por al menos cuatro centros de detención preventiva distintos y no fue sino hasta el 30 de julio, dos días después, sentado en una acera frente a “Zona 7” donde se ubican los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuando se encendió una pequeña luz, la que llegó de los labios de una de las abogadas de la ONG Espacio Público que le ofreció hacerse cargo del caso de su esposa.
El paso a paso
Atención telefónica o presencial inicial, recapitulación de los hechos, asesoría o acompañamiento. En estos pasos se resume un camino que no es tan simple ni tan limitado, pero que sirve para enunciar el recorrido de una violación a los derechos humanos.
La información fundamental que la familia debe ofrecer a las organizaciones que prestan ayuda incluye datos básicos, lugar en el que vive, parentesco de quien escribe o llama con la víctima y una pequeña narración de los hechos que permite orientar de forma general a quienes deban hacer las diligencias para conocer la situación de su familiar detenido.
En la ONG Espacio Público, tras el contacto inicial, se avanza a la fase de documentación, en donde la organización conoce el caso más a fondo, se estudia si el entorno tiene posibilidades de costear o no una defensa privada, se indagan las implicaciones del caso y las violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido durante la detención, en caso de que las haya.
En esta organización, la atención va a dirigida a casos en los que la violación sea al derecho a la libertad de expresión. Pero, en general, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos destacan la confidencialidad de las comunicaciones y el respeto por la información que los familiares admiten o no como aceptable para compartir y publicar.
A la esposa de Antonio y a otros cientos de detenidos en el marco de las protestas postelectorales se les impidió tener defensa privada, por lo que los juristas de distintas ONG que trabajan con los casos no pudieron presentarse en las audiencias para defender a estas personas, imputadas por delitos como “instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo”.
Antonio ya ha cumplido con parte del protocolo indicado, acudir a la Defensa Pública, preguntar por el caso de su esposa, ir al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a reclamar que no se ha cumplido el debido proceso y a dejar por sentado las violaciones a garantías básicas y universales.
El apoyo llega tan lejos como se les permite a las organizaciones. Los voluntarios de estas ONG se dedican a repetir una y otra vez a quienes necesitan ayuda los procesos jurídicos que implican la pérdida de la libertad en un proceso arbitrario y sugerir hasta la comida, ropa y utensilios que pueden y que no pueden llevar a los detenidos.
“Lo más complicado es lidiar con la frustración, con la incertidumbre y, en medio de todo eso, ser funcionales porque al final tienen que llevarle comida al familiar, velar por él y además seguir con la vida, el trabajo, la cotidianidad”, destaca una de las juristas de Espacio Público antes de exponer la importancia de “dejarse acompañar”.
“Dejarse acompañar es aceptar las ayudas que aparecen, que se ofrecen. Hablar con personas de confianza que permitan drenar esa situación límite que se vive mientras intentas sacar a tu familiar de ahí (…) Entonces lo fundamental es tener presente siempre que hay persona que están dispuestas a apoyar, que es importante hablar, que es importante buscar información, asesorarse y siempre tener la disposición de actuar y cuidarse a sí mismos para poder cuidar al otro”, es de los consejos más importantes que ofrece esta defensora.
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Hasta el “abrazo de la libertad”
El abuelo es famoso entre quienes conocen la ONG Foro Penal. Es quien abre la puerta virtual a los que, desesperados, buscan ayuda y asesoría ante una detención en casos que califican como políticos.
Él atiende los teléfonos, indaga datos y los inscribe para que entren en el registro de seguimiento y conteo de esta organización, cuya cuenta ya alcanza los 1.503 detenidos desde el 29 de julio y hasta el 18 de agosto, en el contexto de las protestas postelectorales.
Dentro de la cifra hay 129 adolescentes, 14 personas indígenas, 18 personas con discapacidad, 200 mujeres e, incluso, un abogado voluntario del Foro Penal -Kennedy Tejeda- en Carabobo detenido el 2 de agosto, cuando levantaba información sobre otras detenciones en el marco de las protestas postelectorales
La cifra de detenciones arbitrarias también esconde un trabajo acucioso y genuino en el que para los que documentan casos y los acompañan la mayor alegría es terminarlos con “el abrazo de la libertad”.
“Los inscribimos como familia entre las visitas autorizadas para el preso. Los acompañamos a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a reuniones con instituciones y organismos internacionales cuando estos están en Venezuela para que expongan su caso y ese acompañamiento para nosotros termina el día que se logra la libertad y podemos darle al familiar y al preso lo que nosotros hemos denominado El Abrazo de de libertad”, dice el abuelo.
Explica que quienes hacen los contactos entran entonces a un listado de atención penal que maneja la red de abogados del Foro Penal.
Y aunque cada organización de defensa de los derechos humanos trata los casos que llegan a sus manos de manera distinta, la garantía de un acompañamiento coherente, respetuoso y honesto es la misión de estas organizaciones.
Tras la atención telefónica, el primer acercamiento con el Foro Penal consiste en una cita presencial en la que los familiares son atendidos por alguien que les explica el perfil de los casos de detención que se viven en este momento, el marco político que envuelve estos procesos judiciales y las recomendaciones iniciales para acercarse a la defensa pública que les asignan a los detenidos, considerando que les impiden defensa privada.
Es importante en este punto que la familia sea capaz de obtener la mayor información posible sobre el caso judicial abierto contra el detenido, esto permitirá la actuación de los abogados del Foro Penal.
Un siguiente paso es la formulación de denuncias y peticiones sobre cada caso ante instancias locales como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, a las que acuden los abogados acompañados de los familiares para consignar las diligencias y obtener los sellos de recibido que posteriormente permitirán llevar los casos a instancias internacionales.
Las detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, tratos crueles, inhumanos o degradantes son elevados a organismos internacionales de seguimiento activados sobre lo que sucede en Venezuela en Naciones Unidas y otras instancias.
El “lazo de empatía” que se forja entre los familiares y el Foro Penal es el más importante y el que más cuidan su equipo, pues de este vínculo depende la confianza de ambas partes y el acompañamiento y coordinación en reuniones públicas, denuncias conjuntas y hasta derechos de palabra ante organismos internacionales de defensa de derechos humanos.
El Foro Penal se vuelve un acompañante firme y definitivo en toda la detención de los considerados “presos políticos”. Pero aunque tienen programas para ayudar a las familias fuera, para recoger juguetes para los hijos de los detenidos e incluso para conseguir comida que llevar a los centros de detención, lo que más celebran en la ONG es terminar con este lazo.
“Son las mejores lágrimas que he derramado cuando tengo que esperar a un preso a las puertas de un tribunal o de un centro de reclusión y cuando ese preso sale y me llama por mi apodo y me dice: ‘déjeme abrazarlo porque lo que usted ha hecho no tiene nombre’. Entonces nuestro acompañamiento se acaba”, comenta el abuelo.
Sobreponerse al miedo, alzar la voz
“No es solamente lo que está pasando, sino escuchar el miedo en las voces de las personas. Eso es algo que yo nunca había percibido, un miedo tan latente, tan fuerte”, relata uno de los abogados del equipo de Provea, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, que desde 1988 trabaja en la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de los ciudadanos venezolanos.
En esta organización procuran un acompañamiento humanizado, pese a que cuidan la identidad de las víctimas y sus familiares.
Brindan una atención primaria a través de WhatsApp, escuchan el relato de la persona y le explican con claridad los abusos de los que son víctimas ellos y sus familiares en medio de una situación de “vulnerabilidad extrema”.
Esta organización apunta a que la documentación de los casos sea completa y permita que estos sean elevados a comités, relatorías, comisiones y hasta tribunales que puedan constatar delitos en detrimento de los derechos fundamentales de los venezolanos.
Y claro que los voluntarios, abogados, trabajadores, investigadores y todo el personal de las organizaciones se afecta con cada relato, cada historia, pero se sobreponen con “trabajo y acción” por y para los derechos de todos.
En Venezuela se trabaja en alianza, se comparten los casos, se remiten, se presta un apoyo multifactorial y se visibiliza con respeto. Ese es el objetivo de todos los defensores de derechos humanos: que se logre la libertad de las personas inocentes y que otros no sean dañados para lograrlo.
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