Edmundo González no asiste a segunda citación ante el Ministerio Público
El opositor Edmundo González Urrutia no acudió el martes una segunda citación de la fiscalía para declarar en una investigación penal en su contra tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La cita estaba prevista para las 10H00 (14H00 GMT), pero González no se presentó. No fue sorpresa: el rival del presidente reelecto Nicolás Maduro está en la clandestinidad y no aparece en público desde hace tres semanas.
El diplomático de carrera de 74 años que sustituyó como candidato a la líder opositora María Corina Machado, reivindica su victoria y dice tener las pruebas para demostrarlo. El reclamo choca no obstante con el muro institucional, acusado de servir al presidente reelecto Nicolás Maduro.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro vencedor con 52% de los votos, aunque sin publicar el detalle del resultado, y éste a su vez fue convalidado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La fiscalía lo investiga por la presunta comisión de «usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público». Estos delitos pueden llevar en teoría a la pena máxima de 30 años de cárcel.
La coalición que apoyó su candidatura, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció un «acoso judicial» en contra de González, que el domingo tachó al fiscal general, Tarek William Saab, de «acusador político» por impulsar «una citación sin garantías de independencia y del debido proceso».
La PUD -conformada por 10 partidos opositores- denunció que «la reiterada citación del Ministerio Público busca justificar un mandato de conducción en contra de nuestro candidato ganador, para acentuar su persecución».
El Ministerio Público no se pronunció aún sobre una eventual tercera citación.
Es una convocatoria irregular, dice González
La primera citación fue enviada el sábado y al igual que la segunda no especificaba en calidad de qué fue convocado: imputado, testigo o experto, según la ley venezolana. Habla de «rendir una entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho».
«Esta es una citación totalmente irregular y está diseñada precisamente para tratar de hacer incurrir en un error», explicó a la AFP Zair Mundaray, exfiscal venezolano. «Nos encontramos ante una treta de persecución política evidente que no guarda ninguna formalidad».
González apareció por última vez en público dos días después de los comicios, en una manifestación opositora en Caracas. Desde entonces, se limita a hacer pronunciamientos vía internet.
Maduro le tildó de «cobarde», mientras que Saab lo responsabiliza junto a Machado por hechos de violencia en protestas poselectorales que dejaron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
El mandatario pidió cárcel para ambos.
«Se acabaron los perdones», expresó por su parte el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello. «El que ataque a las instituciones que asuma su responsabilidad».
¡Acta mata sentencia!
Machado -también investigada penalmente- llamó a protestas para este miércoles 28, a un mes de las elecciones. «¡Acta mata sentencia!», escribió en redes sociales en referencia a las copias de más del 80% de las actas de votación que publicó en un sitio web, igualmente blanco de la investigación de Saab. El chavismo también convocó a una marcha ese mismo día.
Machado figura entre los tres finalistas para el premio Václav Havel del Consejo de Europa, que reconoce las acciones en defensa de los derechos humanos, según anunció la organización este martes.
La independencia del CNE y el TSJ es puesta en tela de juicio por una misión de la ONU que evalúa la situación de derechos humanos en Venezuela. Estados Unidos, 10 países de América Latina y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, rechazaron la sentencia de la corte suprema.
En contraste, los países de la alianza ALBA -creada en 2004 por los fallecidos líderes socialistas Hugo Chávez y Fidel Castro- expresaron respaldo a Maduro.
En esfuerzos por una negociación entre Maduro y la oposición, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, insistieron en un comunicado conjunto en que deben publicarse resultados «desglosados y verificables».
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