Tras la sentencia del TSJ: ¿Puede sostenerse Maduro con el uso exclusivo de la fuerza?
La sociedad contemporánea venezolana debe cuestionar profundamente el concepto de poder legítimo, visto desde la perspectiva de la obligación política, considerando las antiguas y modernas diferenciaciones entre buen y mal gobierno
Escritor Invitado PANAM POST 
Norberto Bobbio, en su obra Estado, Gobierno y Sociedad, señala que el uso exclusivo de la fuerza es una condición necesaria, pero no suficiente, para el ejercicio del poder político. Esta idea intenta explicar la concepción hobbesiana de la legitimación del poder que el individuo otorga al Estado para salir del momento de naturaleza.
No obstante, el propio Bobbio reconoce que, aunque el uso de las armas es necesario para ejercer el poder político, no es suficiente para legitimarlo. Al vincular fuerza y poder, el filósofo italiano subraya el problema de la legitimidad y la efectividad, afirmando: “Un poder basado únicamente en la fuerza puede ser efectivo, pero no puede ser considerado legítimo” (Bobbio, 1999, p. 119).
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En este sentido, la sociedad contemporánea venezolana debe cuestionar profundamente el concepto de poder legítimo, visto desde la perspectiva de la obligación política, considerando las antiguas y modernas diferenciaciones entre buen y mal gobierno. La reflexión sobre la línea divisoria entre la obediencia y la resistencia legítima se proyecta especialmente dentro de los constructos valorativos occidentales como un derecho adquirido no negociable. Esto nos lleva a destacar la referencia de Bobbio a Hobbes (defensor de la obediencia absoluta), quien señala: “El usurpador, es decir, el príncipe ilegítimo, debe ser tratado como un enemigo” (Bobbio, 1999, p. 119).
Asimismo, es importante destacar la relevancia que el positivismo jurídico otorga al reconocimiento internacional como una variable dependiente para el establecimiento de un orden jurídico interno legítimo. Dada la crisis política que atraviesa la dictadura de Nicolás Maduro, el debate no se centra en el carácter exclusivo del uso de la fuerza por parte del poder político, sino en determinar, a través de la sociedad civil nacional e internacional, en qué medida la implementación excesiva de la fuerza afecta los fundamentos de la estructura normativa interna definida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (pacto social de 1999) y cómo esto impacta la legitimidad del poder político. Ante la sentencia emitida el 22 de agosto de 2024 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y la ola de represión desplegada por la élite madurista, el único camino posible es la resistencia pacífica y el inicio de un proceso de negociación con acompañamiento internacional, orientado al respeto de los resultados electorales del pasado 28 de julio.
Un claro ejemplo de la aplicación del legítimo derecho a la resistencia por parte de la oposición venezolana son las protestas que tuvieron lugar durante la Primavera Árabe en Egipto, las cuales pusieron fin a la era totalitaria de Mubarak.
El espíritu de lucha que surgió desde la Plaza Tahrir en 2011, materializado en 18 jornadas de protestas continuas, muestra cómo una sociedad, compleja desde el punto de vista político-religioso, se articula por medios alternativos (redes sociales, comunicación de calle) para demostrar el costo político de la administración desproporcionada del poder coercitivo por parte de un Estado legítimamente constituido pero deslegitimado en el ejercicio de sus funciones.
Víctor Hugo Juárez Chacón Profesor Universitario. Analista Político e Internacional. Magíster en Integración Regional (ULAC).
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