Familiares exigen liberación de menores detenidos en Caracas: ‘No son terroristas’
En un clamor por justicia frente a un cuartel policial en Caracas, familiares de ocho menores detenidos durante las protestas poselectorales han alzado sus voces este viernes, exigiendo la liberación inmediata de sus hijos. Las manifestaciones, desencadenadas por lo que se considera un fraude electoral perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro el 28 de julio, han dejado un trágico saldo de 27 muertos y más de 2.400 detenidos, entre ellos, más de un centenar de menores.
De acuerdo con informes de la ONG Foro Penal, aunque a 85 de estos jóvenes los liberaron, al menos 30 siguen encarcelados, enfrentando acusaciones de terrorismo. “Queremos la libertad de nuestros hijos, porque nuestros hijos no son terroristas”, declaró Tania Urbina, madre de Miguel Alejandro Urbina, de 16 años, uno de los detenidos. Urbina denuncia que su hijo, aunque en buen estado físico, es acusado injustamente de actos terroristas sin evidencia sólida.
Menores detenidos ante un “intento de golpe de Estado”
La situación de Diosmer Mejías, uno de los menores detenidos, es particularmente alarmante. Su hermana, Dionexis García, reveló que el adolescente tiene una bala de goma incrustada en la espalda sin haber recibido atención médica adecuada, reflejando la negligencia en el trato a los detenidos.
La dictadura de Maduro justifica estas detenciones como una respuesta a un supuesto intento de golpe de Estado. Una narrativa que es desmentida por organizaciones de derechos humanos que califican estas acciones como arbitrarias y denuncias de violaciones a los derechos de los menores.
La oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, quien se encuentra en el exilio en España, ha rechazado los resultados electorales, argumentando que fue el verdadero ganador. La falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha exacerbado la desconfianza y fomentado protestas, especialmente entre los jóvenes, quienes claman por un cambio en Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado estas detenciones, destacando la vulneración de la presunción de inocencia y condiciones de detención inadecuadas. La CIDH ha denunciado casos de maltrato, incluyendo a una adolescente embarazada víctima de violencia de género y un menor con autismo sin acceso a atención médica.
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